Nacho Cano ofrecerá un especial de 'Malinche' para la Policía y la Guardia Civil
El productor, que denunció un montaje policial en su contra, organiza este recital gratuito el 12 de octubre
El productor musical Nacho Cano ofrece declaraciones a los medios
El 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional y con el desfile de las Fuerzas Armadas, el conocido productor Nacho Cano ofrecerá una función especial del musical Malinche para los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Este evento, de asistencia gratuita, se llevará a cabo en el recinto ferial IFEMA a las 20.30 horas, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
El cartel promocional resalta: «Nacho Cano invita a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a disfrutar de Malinche en el día de la Hispanidad. De Moctezuma al duque de Ahumada: historia y linaje». Con ello se alude al hecho de que el fundador de la Guardia Civil, Francisco Javier Girón y Ezpeleta de las Casas y Enrile, duque de Ahumada (1803-1869), era descendiente del emperador Moctezuma.
El compositor siempre se ha mostrado defensor de las fuerzas del orden, a excepción de críticas dirigidas a ciertos agentes que, según él, iniciaron una investigación en su contra tras manifestar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El productor ha señalado que esta situación fue un «montaje policial», insistiendo en que «son ellos a quienes hay que investigar». En sus declaraciones, mencionó específicamente a Alberto Carba, comisario jefe de la comisaría de Leganitos, a quien acusó de estar bajo la influencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Carba formó parte del «equipo» del controvertido comisario José Manuel Villarejo. La doctora Elisa Pinto acusó al primero de acosarla y amenazarla, y al segundo de apuñalarla por encargo del empresario Javier López Madrid.
Las imputaciones contra Cano surgieron cuando algunos agentes le acusaron de utilizar a inmigrantes en situación irregular, señalando que había facilitado la entrada de 20 bailarines mexicanos para emplearlos en su espectáculo. Sin embargo, el equipo legal de Nacho Cano, liderado por el bufete Cremades y Calvo Sotelo, aclaró que los bailarines llegaron a España bajo un programa de becas y no como trabajadores, y que su inclusión no afectó el empleo de los aproximadamente 125 profesionales que componen el elenco oficial de Malinche. Esta decisión de incorporar a los becarios responde al deseo del artista de replicar el espectáculo en México.
De los 20 becarios, tres tuvieron que regresar a México por no cumplir con los requisitos necesarios. Lesly Ochoa, que tuvo que volver, decidió denunciar a Cano por presuntos delitos relacionados con el artículo 311 y 313 del Código Penal que abordan el favorecimiento de la inmigración irregular y los delitos contra los derechos laborales. La producción de Malinche ofrece a los becarios una asignación de 500 euros, alojamiento y 150 euros para gastos personales.
Tras estas acusaciones, Cano fue detenido por presuntos delitos contra la población inmigrante y en relación con los derechos laborales. El productor ha mantenido su inocencia a lo largo del proceso. Además, varios de los becarios denunciaron que fueron retenidos durante horas en la comisaría, separados entre ellos y sometidos a un trato degradante, siendo presionados para declarar en contra de Cano. Este grupo ha llevado el caso contra los investigadores ante los tribunales por coacciones, amenazas, falsificación de documentos y detención ilegal.
La inspección de trabajo
Recientemente, una inspección de trabajo validó que los 17 becarios mexicanos que participan en el musical Malinche, dirigido por Nacho Cano, cumplían con todas las regulaciones y no debían estar inscritos en el sistema de Seguridad Social, dado que su formación era «no reglada». Este hallazgo fue detallado en un informe enviado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que investiga las acusaciones contra Cano por la supuesta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y laborales.
El informe establece que «no existen pruebas que indiquen que las prácticas realizadas por los becarios en la mencionada empresa impliquen una relación laboral encubierta», en referencia al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, se reitera que estos alumnos estaban llevando a cabo una formación no reglada, lo que implica que «no están incluidos en el sistema educativo, y por ende, no es necesaria su inclusión en el sistema de Seguridad Social».
La inspección se realizó «sin previo aviso» a la empresa y fue solicitada por la Policía Nacional. Agentes y una funcionaria de trabajo ingresaron en la parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, en la que varias personas estaban recibiendo clases de canto, actuación, flamenco y entrenamiento personal. Durante un extenso periodo de tiempo, la inspectora recopiló documentación sobre las condiciones laborales de los becarios y mantuvo entrevistas con ellos.
