El exdirector de la Guardia Civil basa en «una venganza» las denuncias por el chivatazo
Leonardo Marcos asegura que las asociaciones le han denunciado por abrirles en el pasado expedientes disciplinarios
El exdirector de la Guardia Civil. | EP
El exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, resta importancia a las distintas denuncias que han interpuesto contra él asociaciones profesionales del instituto armado por haber informado supuestamente a la trama Koldo, a través del asesor del exministro Ábalos, de que estaba siendo objeto de una investigación policial y judicial. Tanto es así que ex alto cargo de Interior basa estas denuncias en una «maniobra de intento de venganza» por parte de «algunas organizaciones» de guardias civiles después de que Marcos abriese expedientes disciplinarios «a algunos de sus dirigentes» durante su mandato.
Fue lo que manifestó el exjefe de la Benemérita este lunes, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo. Marcos, a quien Koldo situó en una llamada telefónica intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) como artífice del chivatazo a la organización criminal un mes antes de que se produjesen las detenciones, negó conocer al asesor de Ábalos. Nunca habló, ni se escribió, ni estuvo en ninguna reunión con él, dijo durante su declaración. «Lo niego total, absoluta y radicalmente», insistió una y otra vez ante las preguntas de los senadores de la sesión.
El compareciente se defendió de las acusaciones que se le imputan porque «no se puede demostrar la existencia de la conversación» entre Koldo García y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado también en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Villalba, según consta en una llamada, sostenía que Koldo le llamó «en más de una ocasión para que intentara confirmarle que era la UCO quien estaba tras sus pasos», a lo que habría hecho «caso omiso» hasta que en una llamada el propio Koldo, «sin venir a cuento», le confirmó que ya lo sabía todo por el exdirector de la Benemérita.
Dos denuncias
Las revelaciones de la UCO, la dimisión de Leonardo Marcos por «motivos personales» un mes antes y su posterior nombramiento como consejero de Información en la Embajada de España en Washington (EEUU) fueron, sin embargo, argumentos suficientes para las asociaciones profesionales para a llevar su presunto papel en la trama ante los tribunales. Primero fue la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización decana del cuerpo, la que denunció al exdirector por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos. Días después lo hizo también Jucil ante el mismo juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a la trama.
Al ex alto cargo de Interior, sin embargo, no le consta ninguna de estas denuncias, según señaló en su declaración en el Senado. «Ignoro si han denunciado estas asociaciones u otras a otros guardias civiles que sí parece que están directamente implicados en la trama», deslizó Marcos, haciendo una crítica a las organizaciones. Poco después, pese a que no sabía de las denuncias de las asociaciones que las habían interpuesto, el exdirector apuntó a que las mismas obedecían a una «venganza» contra él cuando ostentaba el cargo.
«En el caso de alguna de ellas es inevitable preguntarme si no estamos ante una maniobra de intento de venganza por los expedientes disciplinarios que abrí cuando era director de la Guardia Civil a algunos dirigentes por determinadas actuaciones que suponían grandes quebrantamientos de las obligaciones de guardia civil, como es el de mantener la neutralidad política. Deberían preguntárselo ustedes también», concluía Marcos, mencionando a los senadores de la comisión.
Expedientes en la Guardia Civil
Marcos se refiere al expediente que abrió al portavoz de Justicia para la Guardia Civil (Jucil), Agustín Leal, por su pronunciamiento en redes sociales contra la ley de amnistía. Al igual que a otros dos agentes de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), lo hizo por difundir un comunicado en el que se cargaba también contra las negociaciones entre el PSOE y Junts para la medida de gracia y el posterior acuerdo para investir a Sánchez. Posteriormente, sin embargo, la asesoría jurídica del instituto armado decidió archivar el expediente que ordenó Marcos para estos dos guardias civiles.
En el caso de Leal, de igual forma Interior tuvo que readmitirlo en su puesto tras haberle suspendido de empleo y sueldo, una vez que el Tribunal Militar Central dictó que el área del Grande-Marlaska vulneró el artículo 42 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que garantiza el derecho a la presunción de inocencia cuando se inicia un procedimiento sancionador, según publicó El Español. Cabe destacar, por tanto, que ninguno de estos expedientes prosperó y, que en el caso de las organizaciones que han iniciado acciones legales contra Marcos, ninguna tiene actualmente ningún proceso abierto.
Tras la presunta implicación de distintos miembros del instituto armado en la organización criminal, Jucil ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil «para abordar las preocupaciones crecientes sobre el funcionamiento interno de la institución». Una petición que ha presentado «en base a las alarmantes circunstancias reveladas en el caso Koldo, que implican, presuntamente, una trama de corrupción que afecta a agentes del cuerpo y cuestiona la eficacia de los mecanismos internos de control».
