Vox juega «partida a partida» en las regiones del PP: bien en Valencia, mal en Castilla y León
La formación que preside Abascal se acerca a Mazón y Guardiola, mientras que mantiene la tensión con Miras y Mañueco
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, conversa con periodistas en la sede nacional. | EFE
«Partida a partida». No es el eslogan de El Cholo Simeone, sino la consigna con la que Vox afronta la negociación de los Presupuestos autonómicos en las seis regiones en las que el Partido Popular busca su apoyo: caso a caso, comunidad por comunidad, con independencia una de otra. Así las cosas, fuentes de la dirección nacional admiten estar cerca de un acuerdo en la Comunidad Valenciana y Baleares, pero lejos, muy lejos, en otros lugares como Castilla y León. THE OBJECTIVE desgrana el estado de la cuestión región por región.
La formación que preside Santiago Abascal se ciñe en las negociaciones a los acuerdos de gobierno que se alcanzaron tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, y que en Bambú 12 -sede nacional de Vox- se dieron por rotos el pasado mes de julio, a raíz del choque con el PP por el reparto de menores extranjeros no acompañados por el territorio nacional. Ese papel seguirá siendo la hoja de ruta para cerrar pactos en las próximas semanas.
Por orden de probabilidades, la región en la que las negociaciones están más encaminadas es Baleares. Las islas tienen una peculiaridad: Vox jamás entró al Gobierno, sino que lo apoyó desde fuera. La condición principal ahora es la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística que fomente la protección del castellano, así como medidas contra la inmigración ilegal y la okupación. La buena disposición se evidencia en que Vox se ha abstenido en el techo de gasto, que es el paso previo para los presupuestos.
Valencia y Extremadura
Otra comunidad en la que hay «grandes posibilidades» de llegar a un acuerdo es la Comunidad Valenciana. Así lo admiten desde Bambú, aunque también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado este lunes que las cuentas «avanzan» y que estas aliviarán la presión fiscal sobre las familias.
Por otro lado, Vicente Barrera, que siempre ha mantenido buena sintonía con el barón popular, da prioridad a la cuestión migratoria. El PP ha aceptado la proposición no de ley de Vox que pide realizar pruebas periciales a los inmigrantes ilegales para determinar su edad. El acuerdo podría cerrarse esta semana.
En Extremadura, por otro lado, se han producido avances significativos. Según confirman a este medio fuentes de la dirección nacional, el pasado viernes se remitió un documento al PP extremeño con su propuesta para un acuerdo. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha confirmado este lunes que las están estudiando, y que la Junta dará una respuesta «lo antes posible» para que «2025 siga siendo el año del cambio». En Vox piden a María Guardiola «que se centre».
Tres regiones difíciles
Hasta aquí las buenas noticias para los populares. Las negociaciones siguen estancadas en Aragón y en Murcia. En la primera región, el Gobierno de Jorge Azcón está a la espera de que el Ejecutivo Central incluya en los PGE un fondo de 87 millones contra la despoblación para empezar a negociar las cuentas con Vox, que de momento ha puesto como requisito que no se acojan a más menas para aprobar el techo de gasto. Cuando se den ambas condiciones, habrá negociación.
Tensión también en Murcia, en donde José Ángel Antelo ha hecho especial hincapié en la cuestión migratoria, criticando al presidente regional Fernando López Miras por no cumplir sus compromisos, como el cierre de un centro de menas, y arremetiendo contra PP y PSOE por «fomentar» el efecto llamada. Por su parte, el Gobierno autonómico se ha mostrado «abierto a dialogar» con todos los grupos.
Por último, en Castilla y León «está clarísimo que no» habrá pacto. El anteproyecto de Presupuestos para 2025 puede quedarse en el aire, después de que Vox anunciara su negativa a apoyar el techo de gasto no financiero (13.490 millones de euros) previsto por el Ejecutivo autonómico. Esta decisión implica, en la práctica, que las cuentas públicas presentadas la pasada semana por Alfonso Fernández Mañueco podrían quedarse sin el respaldo suficiente en unas Cortes en las que carece de mayoría absoluta. Juan García-Gallardo no quiere participar en la «deriva progre» de la Junta, a su juicio evidente en las cuentas. Ruptura total ahí.
