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Mil españoles están presos en el extranjero, la mayoría en Francia, Alemania y Marruecos

Según la Fundación +34, muchos de ellos se encuentran en condiciones inmundas y sus vida podrían estar en peligro

Mil españoles están presos en el extranjero, la mayoría en Francia, Alemania y Marruecos

Imagen de una cárcel. | Archivo

Cerca de un millar de españoles están presos actualmente en alguna cárcel del extranjero. Según los últimos datos que obran en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que datan del pasado 1 de octubre, hay 992 reclusos de nacionalidad española fuera de nuestras fronteras. De ellos, 875 son hombres y 117 son mujeres. Según la Fundación +34, muchos de ellos se encuentran en condiciones inmundas, e incluso su vida podría estar en peligro.

Los datos actualizados los ha obtenido THE OBJECTIVE en exclusiva gracias a una resolución de Transparencia que disgrega a los presos por países. Actualmente, Francia (190), Alemania (131) y Marruecos (113) son los países en los que hay un mayor número de reclusos españoles, seguidos de Bélgica (66), Portugal (57) Reino Unido (46), Italia (39), Estados Unidos (33) y Suiza (27), pero son las prisiones de buena parte de Latinoamérica, Asia y África subsahariana donde se registran los mayores problemas de vulneración de los derechos humanos en los centros penitenciarios.

La cifra de internos en cárceles extranjeras ha seguido una línea descendente desde 2018, especialmente acentuada durante la pandemia; no obstante, al finalizar la restricción de movilidad se ha producido un lógico repunte. Aun así, se mantiene una clara diferencia con años anteriores cuando, hace una década, se superaba la cifra de 2.500 españoles presos en el exterior.

72 países

El perfil de los encarcelados suele ser similar, en cuanto a las conductas delictivas cometidas, pero las experiencias en prisión y las sanciones impuestas varían en función del territorio donde se investigue el delito y se cumpla la pena, ya que muchas de las decisiones adoptadas en este ámbito dependen de la situación económica del país y de su compromiso con los derechos humanos, entre otras cosas.

Entre el 70 y el 80% de los casos están presos por delitos contra la salud pública, fundamentalmente por hacer de mulas: transportar droga dentro del cuerpo o en el falso fondo de una maleta. Y en la gran mayoría de los casos se trata de personas que carecían de antecedentes penales. Tan sólo el 13% de quienes se encuentran ahora en una prisión extranjera están acusados de haber cometido delitos de sangre o agresiones sexuales, según Fundación +34.

Son cerca de 72 los Estados en los que, en la actualidad, hay españoles cumpliendo condena privativa de libertad. Esta debe ser respetuosa con los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, debiendo garantizarse durante el ingreso derechos fundamentales como el respeto a la vida y a la integridad física, el derecho a un juicio justo y a la asistencia consular, a la salud y a las condiciones de detención adecuadas.

Petición de traslado a España

Las personas con residencia o nacionalidad española que hayan sido condenadas en el extranjero pueden pedir el traslado a prisiones de nuestro país y la adaptación a la legislación (pudiendo obtener una reducción de la condena), una vez que la sentencia sea firme, de acuerdo con la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE y con el Convenio de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas y los convenios bilaterales firmados por España.

Distintas organizaciones no gubernamentales ayudan a los presos españoles encarcelados fuera de nuestras fronteras, denunciando los problemas fundamentales existentes y solicitando cambios más estructurales (como Amnistía Internacional) o facilitando ayuda directa a los internos o sus familias (como la Fundación +34). Esta realidad pone de relieve aspectos del sistema penitenciario internacional que necesitan atención y reforma, y es necesario afrontar estos retos en aras de un sistema más respetuoso con los derechos humanos.

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