Aldama quiso regalar a Ábalos el piso alquilado hasta 2032 al exjefe de Aerolíneas Argentinas
Víctor Ábalos gestionó el acuerdo entre el comisionista y su padre, pero, finalmente, no se materializó
Ilustración de Alejandra Svriz.
Víctor de Aldama pretendía regalar al exministro José Luis Ábalos un piso de 282 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana de Madrid. El acuerdo, basado en un alquiler -que supuestamente no se pagaría- con derecho a compra, tuvo lugar en 2019. La contraprestación del ex número 3 del PSOE sería facilitar contratos a constructoras de la trama. Según los documentos a los que ha accedido THE OBJECTIVE, Víctor Ábalos, el hijo del exministro, gestionó la operación con el comisionista en diversas tramas.
Según la versión del cabecilla de la trama, que se enriqueció con los contratos de mascarillas en la pandemia y está investigado en la causa de los hidrocarburos, el primogénito del exministro cruzó varios whatsapps con él, requiriéndole «varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble sito en el Paseo de la Castellana, número 164». Un inmueble sobre el que se hizo un contrato de fiducia, como seguro ante la posibilidad de que no se efectuara el pago de comisiones pactadas con algunas constructoras a cambio de 128 contratos de adjudicación de obra pública.
El inmueble de lujo, con un valor de mercado superior a dos millones de euros, estaba alquilado en el momento del acuerdo con José Luis Ábalos y hasta 2032 a una empresa de Antonio Mata Ramayo, expresidente de Aerolíneas Argentinas. Mata fue condenado en 2013, junto a Gerardo Díaz Ferrán, a multas de 99 millones de euros. Ambos empresarios fueron acusados de un delito contra Hacienda, por no pagar el impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal del año 2001 en la compra de Aerolíneas Argentinas.
El piso de lujo de Aldama
El piso en cuestión está situado en el número 164 del Paseo de la Castellana y el pasado octubre, con Aldama en prisión por la trama de hidrocarburos, fue embargado por el juez Santiago Pedraz. Sobre el inmueble, de acuerdo con la hoja registral a la que ha accedido THE OBJECTIVE, pesan dos cargas. La primera es una hipoteca de 700.000 euros suscrita en 2022 y otra, el acuerdo de arrendamiento que firmó Royal Premier Hoteles en abril de 2012 para 20 años. En esta compañía figura como administrador Antonio Mata a través de la firma Segetur.
La propiedad de Aldama embargada se encuentra muy cerca del estadio Santiago Bernabéu, en un sitio privilegiado en el que, según diversas fuentes, el comisionista estuvo viviendo desde el pasado febrero y hasta su entrada en prisión en octubre. Según el Registro de la Propiedad, el inmueble está ubicado en la planta 19 del Edificio Feygon y tiene terrazas que dan al Paseo de la Castellana y la Avenida de Alberto Alcocer. El piso tiene 282 metros cuadrados totales.
Aldama utilizó una sociedad pantalla para adquirir el inmueble y desviar indicios sobre el propietario real. El titular del piso es Batarse y Asociados, según el Registro. Esta sociedad fue constituida en septiembre de 2015 y su socio administrador único fue Víctor de Aldama hasta noviembre de ese año.
Entre esa fecha y diciembre de 2021, el comisionista y el empresario Alfredo Rahona pasan a ser administradores mancomunados de la sociedad. A partir de diciembre de 2021, el administrador único pasa a ser Luis Pablo de Castro, que es reemplazado en marzo de 2023 por Luis Alberto Escolano. La hipoteca sobre el inmueble se constituyó en 2022, tras el pelotazo con los contratos de mascarillas.
De Castro fue socio de Aldama en Telefarmacia App, un servicio de entrega a domicilio de medicamentos. Luis Alberto Escolano es uno de los cuatro mosqueteros de Aldama y ha participado con el comisionista en sus negocios. El último domicilio de Batarse, creada con 3.000 euros con el objeto de comprar y vender inmuebles, es Antonio Maura, 7. Esta es la sede de algunas de las empresas de Aldama y fue registrada por la Unidad Central Operativa (UCO) el día que el comisionista entró en prisión.
Operación Aerolíneas Argentinas
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió en octubre de 2001 sus acciones en la sociedad que controlaba Aerolíneas Argentinas a Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán, por el precio simbólico de un dólar. Además, para reflotar la aerolínea quebrada, la entidad pública aportó 273 millones a esta sociedad. El único fin de cubrir los pasivos de Aerolíneas, pero Air Comet los utilizó para convertirse en acreedora y manipularlos a su favor, según la sentencia de la Audiencia Nacional.
Los 273 millones concedidos habrían supuesto pagar unos impuestos en el ejercicio fiscal de 2001 por valor de 99 millones, que es el monto que la sentencia impone a ambos como multa y como indemnización para la Hacienda Pública. El expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y el empresario turístico entraron en prisión.
