El Gobierno acoge a otros 500 nicaragüenses en Valladolid tras un acuerdo con EEUU
Estos ciudadanos recibirán una formación para trabajar en el sector de la plantas fotovoltaicas y asentarse en la zona
La ministra de Migraciones, Elma Saiz. | Europa Press
El Gobierno acogerá a otros 500 refugiados centroamericanos en el marco de los acuerdos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez selló el año pasado con Canada y Estados Unidos para aliviar la presión migratoria sobre Washington y, al mismo tiempo, establecer un sistema de acogida seguro para estos ciudadanos, todos ellos de origen nicaragüense, que tras unos meses en España podrán acceder a distintos puestos de trabajo, según las fuentes consultadas por este periódico. Las familias comenzaron a llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas desde la tarde de este miércoles y después fueron trasladadas en distintos autobuses hasta Valladolid. Por ahora, residirán en el centro de acogida San Viator, de la oenegé Accem, encargada de dar asistencia a este grupo de personas en la provincia vallisoletana.
Al igual que el otro grupo de 80 nicaragüenses que llegó a nuestro país en diciembre del año pasado, está previsto que estos ciudadanos reciban formación para trabajar en distintas plantas fotovoltaicas de la zona con una empresa del sector. Hasta que empiecen a trabajar, no obstante, el Ministerio de Migraciones se ha comprometido a dotarles de distintas ayudas, explican las mismas fuentes: sufragar el primer mes de vivienda y la fianza de la misma, así como los gastos de comida durante ese periodo. Distintos beneficiados de este programa, sin embargo, critican, en conversación con THE OBJECTIVE, que estas subvenciones no se otorgaron a muchos de los nicaragüenses que llegaron en 2023.
Y es que un año después de que España acogiese a este primer grupo de refugiados, la vida de estos ciudadanos, todos ellos de origen nicaragüense y afincados en distintas localidades de Valladolid, dista mucho de lo que tiempo atrás le prometió el departamento dirigido por Elma Saiz, según denuncian algunos de ellos a este diario. Advierten de que las condiciones laborales a las que se comprometió el Gobierno «no se han cumplido» y revelan que son víctimas de «capítulos continuados de hostigamiento laboral y de racismo». «Nosotros solo queremos que todas las personas que lleguen ahora no pasen por lo mismo que estamos pasando otros. A mí no me llegó ninguna ayuda del Ministerio, se han olvidado de nosotros», señalan.
Critican al Gobierno: «No han cumplido»
«No han cumplido con nosotros. Nos dicen que usemos más condones; nos llaman exiliados… y nos tienen para hacer cualquier trabajo», insisten, haciendo mención a la empresa que les contrató. En un principio, según cuentan, la oenegé Accem y Migraciones les garantizaron que trabajarían como instaladores en un parque fotovoltaico de Villalba de los Alcores (Valladolid). De hecho, explican, la mayoría de los trabajadores recibió formación previa para ello. Tres meses después de llegar al país, este periódico desveló que la planta en el citado municipio, en realidad, era solo un proyecto y no estaba previsto que los refugiados fuesen contratados. Finalmente, tiempo después comenzaron a trabajar en otras instalaciones, pero, advierten: «Nadie hace ese trabajo, somos todos peones de construcción, y cobramos menos de los que se nos dijo».
Estos trabajadores cuentan que el Gobierno les aseguró «que cobrarían 19.000 euros anuales», cuando «la realidad es que están percibiendo 17.000» por «un trabajo que no se corresponde con el convenio firmado». «Nos tienen aquí para hacer de todo. A mí esta semana me han obligado a hacer unos trabajos de electricidad, otros tienen que utilizar maquinaria pesada… Pero nada de instalar las placas solares, que es para lo que vinimos», denuncian. A esta situación, entre tanto, se suman distintos capítulos de acoso laboral que algunos de estos nicaragüenses han padecido en los últimos meses.
«Hace unas semanas, nos mandaron a trabajar a Handario, al norte de Valladolid, después de que un hombre falleciese en un accidente laboral. Los compañeros nos dijeron que allí llovía y hacía mucho frío. Así que pedimos si la empresa podía prestarnos unas botas de agua y un forro térmico. La respuesta fue que ‘nosotros pedíamos y exigíamos mucho’, y que ‘utilizáramos más condones’», cuenta uno de los afectados. «También estamos acostumbrados a que nos llamen ‘exiliados’. Yo sé que lo soy, pero es una falta de respeto que se nos califiqué así», denuncian.
¿Cómo funciona el proyecto?
Este proyecto de acogida entre EEUU, Canadá y España se sustenta en la creación de cuatro Oficinas de Movilidad Segura en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Guatemala. Un organismo ideado por la Casa Blanca y que gestiona la unidad de Naciones Unidas que se ocupa de los Refugiados (Acnur), y la que se encarga de las migraciones (OIM). De este modo, los solicitantes de asilo que se encuentran en estas entidades pueden pedir su reubicación en los citados países, y cada uno recibe de acuerdo con los cupos negociados entre los implicados.
Las oenegés encargadas de las oficinas establecen filtros para incluir a las personas más vulnerables dentro de este proyecto y también verifican que los solicitantes no estén registrados en ningún fichero policial, aseguran fuentes del departamento de Elma Saiz. El trabajo más arduo, sin embargo, es dar con un empleo para los refugiados o al menos para alguien de la unidad familiar, una tarea en la que colaboran ministerios, embajadas y organizaciones sin ánimo de lucro, al igual que para el traslado de todos ellos al país de destino.
