El Gobierno inicia los actos sobre Franco mientras incumple su propia ley de memoria
Debía realizar antes de octubre de 2023 una auditoría de bienes incautados y un estudio para reparar a las víctimas
Pedro Sánchez y el dictador Francisco Franco sobre el Valle de los Caídos. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Gobierno da el pistoletazo de salida a los actos con los que conmemorará el aniversario de la muerte de Francisco Franco. El presidente Pedro Sánchez presenta este miércoles el calendario de España: 50 años en libertad junto a Carmina Gustrán, recién nombrada comisionada del centenar de actividades previstas. La iniciativa se pone en marcha mientras se incumple la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. La norma otorgaba un año de plazo para elaborar una auditoría de los bienes expoliados durante la dictadura y un estudio sobre las medidas con las que reparar a las víctimas.
La Ley de Memoria Democrática fue propuesta en la pasada legislatura por el Gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos. El Congreso aprobó el texto en julio de 2022 y tras el recorrido parlamentario entró en vigor el 21 de octubre de ese año, el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció entonces que cuando se convirtiera en presidente, la derogaría.
La norma sustituyó a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, bajo mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Tiene como finalidad dar a conocer los hechos y defender los valores democráticos, pero también incluye por primera vez la reparación de las víctimas. El artículo 31 reconoce «el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas» durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
Reparar a las víctimas de Franco
El texto establece la realización de una auditoría de los bienes expoliados cuyas conclusiones debían haberse presentado en octubre de 2023, fecha en la que se cumplía el año de plazo. El mismo periodo que se otorgó para que un grupo de expertos elaborara y presentara un estudio con medidas para reparar a las víctimas de Franco que recoge la disposición adicional decimoquinta. La composición de ambas comisiones técnicas fue aprobada por el Consejo de Ministros en abril del año pasado.
Las auditorías acumulan ya 27 meses de retraso sin que el Gobierno explique los motivos concretos, aunque las elecciones generales celebradas en julio de 2023 pudieron dilatar los plazos. Este diario ha preguntado sin éxito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las causas de la demora. Otras fuentes gubernamentales consultadas aseguran que los informes se encuentran en su fase final. De hecho, el Ejecutivo ha expedido los primeros reconocimientos de reparación personal por el denominado dinero rojo.
El bando sublevado requisó a los republicanos millones de pesetas tras la Guerra Civil. Franco prometió devolverlos, pero nunca sucedió. El régimen entregó a sus propietarios unos cupones que aún conservan sus descendientes, aunque hasta ahora era simple papel mojado. La historia dio un giro a finales de octubre, dos años después de que entrara en vigor la Ley de Memoria Democrática.
Esos días, Vosseler Abogados comenzó a recibir las primeras declaraciones de reconocimiento de las más de 400 solicitudes que presentó el despacho. No han parado de llegar desde entonces, aunque aún se desconoce el valor actual de las antiguas pesetas. Las víctimas deben esperar a que se presenten las citadas auditorías para saber el montante con el que serán indemnizadas.
Miembros de la comisión técnica
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de abril la composición de la comisión técnica que debe elaborar el estudio que describa las medidas de reparación. La conforman miembros del Gobierno como el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa; y altos cargos de varios ministerios.
THE OBJECTIVE también ha accedido a través del Portal de Transparencia a la identidad de las personas que conforman la comisión técnica que debe elaborar un estudio sobre la vulneración de derechos humanos a personas que lucharon contra el franquismo y a favor de los valores democráticos.
Entre sus miembros destacan Nicolás Sartorius, histórico militante antifranquista que llegó a ser diputado por el PCE; Francisca Sauquillo, abogada y exparlamentaria del PSOE; historiadores como José Álvarez Junco, Antonio Rivera, Encarnación Lemus y Sophie Baby y varios catedráticos de Derecho Penal. El recientemente desaparecido Federico Mayor Zaragoza también formaba parte de ese grupo de expertos.
A pesar de que la auditoría que debe dar lugar a las reparaciones no se ha presentado, ya se han llevado a cabo las primeras restituciones. El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Cultura realizó la primera devolución de bienes incautados por el franquismo: un retrato de Francisco Giner de los Ríos de niño realizado por Manuel Ojeda y Siles en 1852. El cuadro, que se conservaba en la Biblioteca Nacional, vuelve a la fundación del pedagogo, que solicitó el lienzo.
Devolución al PNV
El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros del año pasado la devolución al PNV de un edificio en París que sirvió como sede del Gobierno vasco en el exilio. Tras siete décadas confiscado, el palacete situado en el número 11 de la avenida Marceau vuelve a ser propiedad de los jeltzales, que adquirieron el inmueble en 1936 gracias a donaciones de vascos que residían en Estados Unidos. Las víctimas del franquismo claman por el doble rasero de Sánchez en la restitución de las incautaciones.
Los descendientes de los republicanos también se han quejado de los incumplimientos de la Ley de Memoria Democrática. Lamentan que los retrasos en presentar las auditorías que incluye la norma contrasta con la prisa que se ha dado el Gobierno en organizar los fastos para conmemorar este medio siglo de libertad, el tiempo que dista de la muerte de Franco.
El Ejecutivo licitó el pasado 30 de diciembre dos contratos menores por vía de urgencia por valor de 17.000 euros para el primer acto, que se celebra este miércoles a mediodía en el auditorio del Museo Reina Sofía. Sánchez, acompañado de varios ministros y la comisionada para la efeméride, anunciará las actividades programadas durante 2025. Feijóo ha anunciado que se ausentará de los actos, aunque el Gobierno le ha instado a rectificar. Tampoco estará el rey Felipe VI al coincidirle con otro acto ya agendado.
