Una empresa afín a Ábalos barrió a 19 rivales en la evaluación subjetiva de un contrato de ADIF
Torrescamara se hizo con un pliego de 104 millones, que fue investigado, para construir un tramo de AVE en Palencia
Ilustración de Alejandra Svriz.
La constructora valenciana Torrescamara, que logró un macrocontrato en La Rioja en 2021 que está en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el supuesto pago de comisiones a Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos, se hizo un año después con otro pliego con pautas muy similares. La empresa, en esta ocasión aliada con San José y Obras Públicas y Regadíos (OPR), consiguió -tras dejar en el camino a 19 compañías, entre ellas numerosas multinacionales- el encargo de ADIF para construir un tramo de la plataforma de la línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.
El análisis de la adjudicación -valorada en 104,4 millones con impuestos- realizado por THE OBJECTIVE muestra que nuevamente la UTE de Torrescamara arrasó en la evaluación subjetiva, dejando atrás, entre otras, a la conformada por OHL y Levantina y a la de Rover y Sando. La concesión fue denunciada en 2022 por supuestas irregularidades en las valoraciones e investigada internamente durante meses por ADIF.
El administrador de infraestructuras ferroviarias aseguró tras sus pesquisas que no detectó irregularidades y dio carpetazo al asunto en marzo de 2023. Quedaban meses para que las investigaciones de la UCO y las declaraciones de Aldama revelasen una trama corrupta en torno a grandes contratos de infraestructuras. El informe desvela que algunas constructoras conseguía a cambio de pagos a cargos del Gobierno y a comisionistas.
El cese de Ábalos
En los meses previos a la adjudicación de Palencia, que tuvo lugar en abril de 2021, Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, se citó hasta en varias ocasiones con los máximos responsables de Torrescamara. Posteriormente a la concesión, Koldo García agendó dos citas con OHL. Esta constructora, según un informe externo elaborado por ingenieros de la empresa pública Ineco, hubiera desplazado a Torrescamara del primer puesto en los criterios subjetivos con una baremación correcta. OHL acudió en una UTE con Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa que presuntamente pagó las comisiones por el contrato en La Rioja.
La adjudicación tuvo lugar solo tres meses antes de que José Luis Ábalos y Koldo García abandonasen el Ministerio de Transportes. La formalización se hizo pública el 11 de julio de 2021, justo un día después del cese del ministro y su asesor. Durante la tramitación del contrato hubo cuatro rectificaciones del pliego, cinco del anuncio de licitación y una de la formalización. Finalmente, la obra fue financiada con fondos europeos a través de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El detalle de las valoraciones muestra que la UTE de Torrescamara consiguió 38,28 puntos de los 40 posibles en los cinco criterios subjetivos. Mientras, otra empresa valenciana, Rover Infraestructuras, que acudió con Sando, logró la segunda mejor valoración con 38,4 puntos. La tercera plaza la logró OHL y LIC y fueron calificadas con 37,34 puntos.
Torrescamara-San José y OPR lograron la máxima calificación en los criterios tecnológicos y casi la máxima en actuaciones medioambientales y en la memoria de trabajo, que puntuaba la mitad de la nota final. En este aspecto, OHL consiguió superar a Torrescamara. Esta, que participaba en la UTE con un 30% igual que OPR, mientras San José lo hacía con el 40%, presentó una oferta económica con una baja del 24,1%. Las tres empresas que superaron ese porcentaje fueron eliminadas por adjuntar propuestas temerarias.
La investigación de ADIF
Adif no vio irregularidades en esta contratación, y otras dos más, tras seis meses de investigación interna. La denuncia que dio inicio a las pesquisas llegó a través de su Canal Ético. En ella se apuntaba directamente a OPR, uno de los socios de Torrescamara. Sin embargo, OPR no se hizo con dos de los pliegos investigados, aunque sí con el que contemplaba en encargo para hacer un tramo de una plataforma de AVE en Palencia.
«Se da la circunstancia que los dos primeros expedientes a los que hace referencia la notificación no fueron adjudicados a la empresa OPR. Asimismo, en la única obra adjudicada a la UTE San José, Torrescamara y OPR -el subtramo Amusco-Osorno- todos los análisis técnicos realizados, interna y externamente, confirman que las empresas que resultaron adjudicatarias hubieran mantenido siempre la primera posición en la licitación», señalaba ADIF. Pese a todo, los informes externos de los ingenieros de Ineco sí constataron que la evaluación subjetiva no fue adecuada. OHL hubiera superado a la UTE Torrescamara, San José y OPR en estos criterios.
Torrescamara y Levantina
Como ha informado THE OBJECTIVE, Torrescamara y LIC lograron en 2019 un contrato previo pago de supuestas comisiones, como consta en un informe de la UCO. Estas dos empresas valencianas han sido protagonistas en las gestiones de Koldo García, exasesor de Ábalos. García programó hasta 15 encuentros en menos de un año con los responsables de estas firmas. Los encuentros habrían tenido lugar entre julio de 2020 y junio de 2021 y algunos sucedieron con intervalos de pocos días. Estas dos compañías, junto a Grupo Ortiz, se hicieron con un controvertido contrato para construir un tramo de la A-12 entre La Rioja y Burgos.
Como adelantó este diario el pasado septiembre, la UTE arrasó en los criterios subjetivos y logró hacerse con un contrato valorado en 97 millones de euros. Quedaron fuera 19 empresas, algunas multinacionales, pese a que la oferta económica ganadora no fue ni mucho menos la mejor.
Según la investigación de la UCO, el constructor José Ruz, propietario de Levantina, recibió la adjudicación del pliego en UTE tras conocer a Koldo García, asesor de Ábalos, y justo después de pagar comisiones a Aldama. El informe de la UCO recoge transferencias de 77.500 euros realizadas por el presidente de LIC a la empresa mercantil Deluxe Fortune, sociedad del comisionista de la trama de mascarillas. «Se trató del pago de una comisión a don Víctor Aldama por la gestión de las adjudicaciones obtenidas del Ministerio de Transportes», señala el documento.
