Recusan a una magistrada del Supremo por su «vinculación con el Gobierno»
Manos Limpias ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno por su vinculación con la ‘trama Koldo’
Alejandra Svriz
La magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha sido designada ponente para decidir sobre la admisión o no a trámite de una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta vinculación con el caso Koldo, en el que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia y donde está imputado el exministro José Luis Ábalos.
El sindicato presentó una querella en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal contra Sánchez tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que le identificaban como «el número 1». Así era, al menos, como se referían a él los miembros de la trama. En los mensajes enviados por el comisionista Víctor de Aldama al entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, el primero le informaba de los pasos que estaba dando el Gobierno para conseguir el rescate de la compañía aérea. «Siguen hablando mañana a las 10:15 me paso por el ministerio […] mañana a primera hora está ‘el 1’, ella ‘la de hacienda’ y él y está tomada la decisión de que se da, pero mañana cuando esté con él te digo», es uno de los mensajes que Aldama envía a Hidalgo.
A medida que avanzaba el proceso, Aldama se coordinaba estrechamente con Ábalos y otros actores clave, como Pedro Saura, para asegurar el rescate. El 4 de agosto, Aldama organizó una llamada conjunta entre Ábalos, Sánchez y Javier Hidalgo, de Globalia, para anunciar el cierre del rescate. La intervención de Sánchez en este proceso fue crucial para acelerar la aprobación de la ayuda, que se concretó de manera excepcionalmente rápida.
Sánchez, «el número 1»
Esto implica al presidente del Gobierno en reuniones y llamadas informales relacionadas con el rescate de Air Europa. Según los informes de la UCO, la Guardia Civil proporciona evidencia que demuestra cómo la trama utilizó a Sánchez y a Moncloa para intentar hacer negocios en la República Dominicana, además de confirmar su papel activo en el rescate de la aerolínea.
En una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama, fechada el 17 de abril de 2021, Aldama menciona que el presidente de la República Dominicana se reuniría con «el 1», refiriéndose a Pedro Sánchez, lo cual coincide con una nota de prensa del Palacio de la Moncloa que detalla una reunión entre Sánchez y Luis Abinader. Esta cita se enmarca dentro de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. La trama no solo operaba en España, sino que también mantenía relaciones con la República Dominicana, lo que se evidencia en conversaciones entre Aldama y Koldo sobre la conexión con este país.
Con estos informes de la UCO, el abogado Pedro Francisco Muñoz Lorite, en representación de Manos Limpias, ha solicitado que se investigue a Sánchez por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Ana Ferrer, ponente
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Tribunal Supremo ha designado a la magistrada Ana Ferrer ponente para que decida sobre la admisión o no a trámite de la querella. Pero los querellantes han pedido la abstención voluntaria de la magistrada o, en su defecto, la recusación.
En otro escrito, el sindicato apoyan esta petición por varios aspectos. Es la juez que emitió votos particulares contra la opinión mayoritaria de sus colegas del Supremo respecto a la aplicación de la amnistía (discrepa que existiera malversación en el procés) y en el caso ERE, lo que la ha llevado a ganar enteros entre los socialistas. Ferrer se mostró hace un mes favorable a aplicar la amnistía, a diferencia del resto de magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo que rechazaron perdonar los delitos de malversación a los condenados por la consulta ilegal del 1-O. La magistrada emitió un duro voto particular contra sus colegas en el que advertía «del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en 2014 y 2017».
Además, la magistrada Ana Ferrer formuló un voto particular en la sentencia del caso ERE, al que se adhirió la magistrada Susana Polo, por el que defendieron la absolución para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y los condenados Carmen Martínez, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez y Francisco Vallejo. Ambas consideraron que las condenas «no se ajustaban a derecho».
A todo ello se suma que, tal y como adelantó este periódico, el PSOE quiere que Ferrer, considerada «la magistrada más afín» en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reemplace a Manuel Marchena, cuyo mandato como presidente de la Sala de lo Penal terminó en octubre. Sin embargo, aunque una parte del bloque progresista apoye a Ferrer, el magistrado Andrés Martínez Arrieta es el candidato que posiblemente logre más apoyos.
