El nuevo director de las prisiones vascas fue destituido en 2003 por beneficiar a un etarra
Interior lo cesó como subdirector de tratamiento después emitir un informe favorable para excarcelar a Gil Ostoaga
Tres años y medio después de asumir la gestión de las cárceles, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco ha designado como primer director de servicios penitenciarios al funcionario de prisiones Pablo Martínez Larburu. Con amplia experiencia en este servicio público tras ostentar distintos cargos de responsabilidad en los centros de la comunidad autónoma, Larburu asume el cargo en un momento crítico: en plena negociación sobre las condiciones de la plantilla, de las que deberá tomar parte, y en un contexto de malestar generalizado entre los trabajadores por todas las carencias que acumula el sistema penitenciario: sobreocupación de presos, falta de personal, turnos abusivos…
Desde que en octubre de 2021 se transfiriese la competencia, los sindicatos han denunciado sistemáticamente la falta de capacidad del Ejecutivo vasco para gestionar las prisiones. Martínez Larburu centrará ahora su trabajo en administrar los recursos materiales y sobre todo, según explicó la consejera socialista María Jesús San José, «en la especialización» del sistema, que denominan «modelo vasco», para «mejorar las condiciones de los trabajadores y de la población reclusa». El nombramiento del director, que comenzó en el puesto el 1 de enero, no ha sido bien acogido entre el funcionariado. Distintas fuentes advierten de decisiones pasadas de Larburu relacionadas con presos de ETA que derivaron incluso en su destitución.
Fue en enero de 2003. Pablo Martínez era subdirector de Tratamiento del centro penitenciario de Álava y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias decidió destituirlo después de que emitiese informes favorables para la excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, que había sido condenado a 298 años de prisión por seis asesinatos. La polémica surgió, según señalan fuentes de CSIF Euskadi, porque en un primer momento la junta de tratamiento del centro consideró que el preso seguía vinculado a ETA y descartó concederle el tercer grado en abril de 20o2. El recluso, sin embargo, recurrió la decisión y, en octubre, la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, apoyándose en los citados informes de Larburu, lo puso en libertad condicional.
Revuelo en el Gobierno de Aznar
La decisión de la magistrada provocó una tormenta política, después de que, durante esa época, la titular concediese también el tercer grado a otros presos de la banda terrorista que, en algunos casos, fueron revocados por la Audiencia Nacional. A raíz del caso de Gil Ostoaga, que se suicidó a las semanas de quedar en libertad, el Gobierno, entonces dirigido por Jose María Aznar, creó un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria encargado de unificar criterios judiciales y dictar la concesión de beneficios a los reclusos. Y, en paralelo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó a la Inspección investigar lo sucedido, según publicó El País. Una información que cerró posteriormente al estimar que el dictamen se había ajustado a la ley.
Tras su paso por la citada cárcel, donde también trabajó como jurista penitenciario, el recién nombrado director fue el responsable del centro de menores Ibaiondo, en Zumarraga (Guipúzcoa), entre 2005 y 2021. Hasta ahora, ejercía de jurista en la prisión de Martutene y era el responsable de Gestión Penitenciaria, por lo que conoce de primera mano los conflictos que han estallado recientemente en las prisiones de Zaballa y Basauri. Según publicó THE OBJECTIVE este lunes, este último centro se sume en el caos desde que la directora, la psicóloga Vicenta Alonso, denunciase el robo de 4.000 euros de una caja fuerte a la que solo tenían acceso supuestamente otros tres responsables.
Caos en la cárcel de Basauri
Desde octubre, la directora de Basauri está de baja y hace una semana, el número dos, el subdirector de Seguridad, ha presentado su dimisión ante dichas circunstancias. A este contexto se suma el incremento de internos y la falta de personal, que ha llevado a la prisión a exigir al personal de oficinas y del área mixta a hacer turnos en los módulos de interior, es decir, de convivencia de los presos. «Esto es un caos total, estamos cada vez peor», advierten fuentes de la cárcel de Vizcaya. Por si la situación no fuese preocupante, en Nochevieja los funcionarios tuvieron que intervenir en una «pelea con pinchos» entre distintos presos de origen magrebí. Días después, el 4 de enero, se produjo la muerte por suicidio de un interno.
Amenazas de sanción en Zaballa
En la prisión de Álava la situación es todavía más insólita. La Consejería de Justicia remitió a finales de diciembre un oficio a la dirección del citado centro para solicitar la identidad de todos los trabajadores que habían presentado la «incapacidad laboral transitoria» para iniciar los trámites de expediente disciplinario contra todos ellos e investigar las razones que han llevado a más de cien funcionarios a coger la baja de manera consecutiva durante el mes de diciembre. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria incluso ha abierto diligencias penales contra los trabajadores. Los sindicatos aseguran que todos los trabajadores «tienen reconocida su incapacidad laboral por médicos distintos e incluso de distintas provincias» y ven en el escrito de Prisiones «un ataque» contra los derechos de los funcionarios. La falta de personal llevó al director a clausurar departamentos de la prisión antes de la Navidad.
Concurso de traslados
También deberá hacer frente el director de servicios penitenciarios a la inminente salida de decenas de funcionarios en el próximo concurso de traslados, cuyas puntuaciones se harán públicas esta semana. 230 trabajadores han registrado su solicitud para optar a plazas en otras prisiones españolas. De hacerse efectiva esta petición, esto supondría la salida de la mitad de los trabajadores de la prisión de Martutene (60) y de un tercio de la de Zaballa (120) y Basauri (49). Hace tres años, antes de la cesión de la competencia de prisiones del Gobierno central, unos 600 funcionarios fueron transferidos a los centros vascos.
La mayoría de ellos lleva denunciando desde entonces la sobrecarga de trabajo que padecen y la falta de recursos, que se agravará aún más de hacerse efectivos todos los traslados. Entre tanto, distintas fuentes penitenciarias también denuncian la discriminación que han sufrido y siguen padeciendo los funcionarios que llegaron en 2021, incluso por parte del nuevo responsable de las prisiones vascas. «Ha llegado a afirmar que los funcionarios que no tuviesen pedigrí vasco nunca serían iguales que los autóctonos. La sorpresa vendrá cuando se vayan todos», critican estas fuentes.