La mitad de la plantilla de las cárceles vascas se plantea dejarlas si Urkullu no equipara salarios

Los problemas con la plantilla de funcionarios continúan en las prisiones vascas dos años después de que el Gobierno vasco asumiese la gestión penitenciaria. Un tiempo en el que ha aumentado la población reclusa, se han sucedido polémicas por tratos de favor y permisos a presos de la extinta ETA en las cárceles y la nómina de trabajadores se ha visto reducida a mínimos históricos, en gran parte por las jubilaciones. Entre tanto, los funcionarios se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo: la definición de sus condiciones laborales y salarios. Una cuestión que han comenzado a negociar esta semana los sindicatos y el departamento de Justicia autonómico, del que depende Prisiones. 

Pese a que estos funcionarios dependen de la Comunidad Autónoma Vasca desde el 1 de octubre de 2021, el Departamento de Prisiones no ha establecido todavía las condiciones específicas y definitivas de trabajo del personal de los tres centros penitenciarios. De modo que los sindicatos pactaron con el Gobierno vasco prorrogar las que ya tenían, cuando aún estaban bajo la tutela de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este pacto, sin embargo, no se aplicó del mismo modo para todos los funcionarios, tal como desveló THE OBJECTIVE.  

Mientras mantuvieron esas condiciones para los funcionarios que trabajaban en las cárceles vascas antes de la firma de la transferencia, no hicieron lo mismo con los que llegaron más tarde, procedentes de centros penitenciarios dependientes del Estado en un concurso de traslados, ni con los interinos que se contrataron después para suplir el déficit de plantilla. Estos últimos tienen un salario menor que los funcionarios, y los anteriores, frente a los primeros, siguen sin cobrar la paga extra completa ni el complemento específico. «Tienen tres niveles de funcionarios haciendo el mismo trabajo pero con distinto sueldo», critican los afectados. 

«O nos pagan más o nos vamos»

La dirección de la Administración de Justicia vasca ha enviado esta semana a los sindicatos una primera propuesta de las condiciones de trabajo para el personal funcionario. Un primer borrador que ha enfadado a las organizaciones porque, aunque todavía no plantea cifras, «da a entender que la retribución económica para los profesionales sería menor a la que ostentan», denuncian. Estas fuentes basan sus sospechas en el apartado en que Prisiones asegura que tras el ajuste de las retribuciones abonadas «no se exigirá devolución de cantidad alguna». 

«Dan a entender que tal vez les tendríamos que devolver dinero, cuando lo que pedimos es que nos paguen más, que nos igualen las condiciones que teníamos antes, si no, nos iremos», advierten. Por ahora, según ha podido saber este periódico, el Gobierno vasco ha decidido prorrogar el acuerdo con los sindicatos para extender sus condiciones laborales hasta diciembre de 2024, antes de que el último caducase el próximo 31 de diciembre. Todo, dice el área de Prisiones, mientras un grupo de trabajo, «que se reunirá con periodicidad, agiliza lo máximo la negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

Concurso de traslados

El escenario «es incierto», advierten distintos funcionarios a este periódico. Más aún cuando el Gobierno vasco tiene previsto abrir un nuevo centro penitenciario en Guipúzcoa en mayo del próximo año. «No hay funcionarios suficientes para las tres prisiones ahora, y pretenden abrir otro centro, mucho más grande, y completar el catálogo de puestos con interinos, que apenas tienen experiencia. Eso es prácticamente imposible, se necesita tiempo para probar la prisión y personal que sepa hacerlo y enseñe al resto, al final es como una pequeña ciudad», advierten. 

«Abrir una nueva prisión sin personal suficiente sería un verdadero caos», vaticinan. Ante esto, la mitad de la plantilla de las prisiones vascas se esta planteando pedir un cambio de destino en el próximo concurso de traslados que ha convocado Instituciones Penitenciarias el año que viene. En total, se ofertan 1.800 plazas. «La convocatoria es antes de la apertura de la nueva prisión. Y aquí la mayoría está dispuesto a irse, ya hemos superado los dos años de permanencia los que vinimos más tarde, y al final, el personal de las cárceles viene de otras comunidades autónomas a trabajar aquí: Asturias, Palencia, León…». 

«El Gobierno vasco está centrado en que se necesita personal, pero tendría que preocuparse también de retener el que tiene. Pedimos que se mantengan los turnos dobles porque, además ser más factible para la vida en la prisión, nos permite conciliar familiarmente. Venimos de fuera y esto nos permite librar medio mes y trabajar el otro medio. Ellos plantean los turnos 4-4, para adaptarlos a la realidad que, ellos creen, hay en El País Vasco, pero las prisiones no funcionan así». A esta demanda, también se suma que los funcionarios que han llegado más tarde puedan pernoctar en pabellones de viviendas públicos, una petición que les ha sido denegada. «Aquí el alquiler es de los más caros de Europa. La situación es insostenible», apuntan.  

Tensionamiento

Un informe reciente, publicado por el Gobierno vasco, con motivo de los dos años del traslado de competencias, admitía que el grado de ocupación había supuesto un «tensionamiento» en las cárceles, lo que ha provocado la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios al País Vasco de internos en centros de otras partes del Estado. Prueba de ello es que, en septiembre de 2023, la población penitenciaria en la región era de 1.577 personas, cuando hace dos años era 1.387 reclusos.

Un «tensionamiento» que, según denuncian fuentes penitenciarias, se ha debido en parte a que la mayoría de los presos de la extinta ETA cumplen condena en una prisión vasca. En concreto, 142 reclusos: 80 en Álava, 39 en Guipúzcoa y 23 en Vizcaya. Después de que el Ministerio del Interior finalizase a finales de 2022 la política de dispersión, todos los reclusos de la banda terrorista están en cárceles de el País Vasco o Navarra.