Los presos de las cárceles vascas denuncian trato de favor y privilegios a los etarras

La lista de privilegios que se vienen dando a los presos de la extinta ETA en las cárceles vascas ha disparado las quejas de la población reclusa, según denuncian fuentes penitenciarias. Las quejas se han multiplicado en los últimos meses, revelan estas mismas fuentes, después de que los internos hayan sido testigos de distintos tratos de favor hacia los reos de la banda terrorista. Entre ellos figuran la posibilidad de tener una celda individual frente al resto, que la comparte con varios reclusos; la concesión de permisos de salida exprés o tener un trabajo en la prisión remunerado. 

Una serie de concesiones que si se resuelven sin incidentes suponen argumentos a favor de los presos etarras de cara a acceder al tercer grado penitenciario, es decir, a la semilibertad. En los últimos dos años, el tiempo que ha transcurrido desde que el Gobierno de Iñigo Urkullu asumió la competencia de prisiones, la administración vasca ha concedido el tercer grado a 58 reclusos de ETA, según el último informe publicado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Si bien la Audiencia Nacional ha tumbado muchos de ellos, después de que la Fiscalía los recurriese, hasta en diez casos las autoridades vascas han vuelto a concedérselos poco después.  

En la actualidad, hay 127 presos de ETA en las cárceles vascas. En el centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, están 40 de ellos. Según relatan fuentes de esta prisión, la mayoría de ellos cuenta con un empleo dentro de las instalaciones: ordenanza, mantenimiento, limpieza, cocina… En algunos casos, revelan, están con remunerados con hasta 600 y 700 euros. Este, sin embargo, no es el mayor agravio respecto al resto de presos. Lo son las celdas que, a causa del tensionamiento que sufre la cárcel, tienen que ser compartidas por varios presos, excepto en el caso de los etarras, tal como ya publicó THE OBJECTIVE.  

Prácticamente todos los módulos del centro padecen el mismo problema menos el número cinco donde permanecen, entre otros reclusos de la extinta banda, los exjefes de ETA Jordan Martitegui o Josepa Arregui, alías ‘Fiti’, a quien, hace una semana la Audiencia Nacional revocó por segunda vez la semilibertad. El juez de Vigilancia Penitenciaria concluyó que el terrorista, de 77 años, aún debe avanzar en el «reconocimiento» del daño causado a las víctimas. En la citada galería, explican fuentes penitenciarias, los reclusos etarras «viven prácticamente solos». «Sería algo normal si en otras celdas no estuviesen hacinadas. Las quejas de los otros internos, siempre verbales, son cada vez mayores», advierten.  

Permisos de salida a presos

A estos privilegios se suman también permisos de salida de dos días que el Gobierno vasco está autorizando a los reclusos para salir de prisión, todo ello sin que deban ser ratificados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el principal obstáculo al que se enfrentan los reos de la banda para conseguir beneficios. Tal como adelantó El Confidencial y ha podido confirmar este periódico, hasta 48 presos repartidos en las tres prisiones vascas (Basauri, Zaballa y Martutene) se han beneficiado de estas concesiones. 

Esta fórmula consiste en que las salidas no sean superiores a 48 horas de duración. De este modo, no es necesario informar a las autorices judiciales, es la junta de tratamiento de la prisión, competencia del departamento de Justicia vasco, quién se encarga de otorgarlas. No obstante, solo pueden solicitarlos presos en segundo grado y con un cuarto de la cena cumplida. El artículo 161.2 del Reglamento Penitenciario es la avala esta vía, que permite que el recluso pueda pedir 36 días al año. Pueden ser de un máximo de siete días seguidos. Sin embargo, la ‘trampa’ se esconde en los periodos cortos. De este modo, por ejemplo, los reclusos pueden disfrutar de 18 findes de semana sin que esa salida sea revisada por la autoridad judicial. 

Problemas en la plantilla

Para el colectivo que no ha habido demasiados beneficios, según denuncian, desde que el Gobierno asumió la gestión penitenciaria, ha sido los funcionarios de prisiones. Los sindicatos vienen denunciando desde hace dos años que el sistema se ha visto colapsado en ciertos momentos por el gran número de presos y la falta de plantilla, que se ha visto mermada a causa de numerosas jubilaciones. Ahora, estos trabajadores se enfrentan a un nuevo obstáculo, la definición de sus condiciones laborales y salarios. Una cuestión que han comenzado a negociar esta semana con el departamento de Justicia autonómico, del que depende Prisiones. 

La dirección de la Administración de Justicia vasca les ha enviado esta semana una primera propuesta de las condiciones de trabajo para el personal funcionario. Un primer borrador que ha enfadado a las organizaciones sindicales porque, aunque todavía no plantea cifras, «da a entender que la retribución económica para los profesionales sería menor a la que ostentan», denuncian. Estas fuentes basan sus sospechas en el apartado en que Prisiones asegura que tras el ajuste de las retribuciones abonadas «no se exigirá devolución de cantidad alguna». 

«Dan a entender que tal vez les tendríamos que devolver dinero, cuando lo que pedimos es que nos paguen más, que igualen las condiciones que teníamos antes, si no, nos iremos», advierten. Por ahora, según ha podido saber este periódico, el Gobierno vasco ha decidido prorrogar el acuerdo con los sindicatos para prorrogar sus condiciones laborales hasta diciembre de 2024, antes de que el último caducase el próximo 31 de diciembre. Todo, dice el área de Prisiones, mientras un grupo de trabajo, «que se reunirá con periodicidad, agiliza lo máximo la negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).