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España solo investiga cuatro de cada diez denuncias de fraude en contratos públicos

Las actividades corruptas vinculadas al tráfico de influencias y al conflicto de intereses suponen el 20% de las delaciones

España solo investiga cuatro de cada diez denuncias de fraude en contratos públicos

Ilustración de Alejandra Svriz.

El supervisor de las licitaciones públicas, OIReScon, ha analizado la contratación del Estado, comunidades y corporaciones locales en 2023 en un exhaustivo informe al que ha accedido THE OBJECTIVE. En el trabajo, el supervisor pone en el punto de mira la falta de transparencia y de concurrencia y el fraude en una parte de las licitaciones. El organismo no se limita, a partir de su análisis, a dejar patente lo complicado que resulta controlar la contratación y apunta propuestas como la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para detectar amaños en pliegos y adjudicaciones.

El informe muestra que en el ejercicio analizado solo se presentaron 221 denuncias de corrupción en la contratación en las oficinas y agencias antifraude. Estas suponen apenas un 7,24% del total de las delaciones de fraude recibidas, todo en un contexto en que numerosas tramas corruptas tienen su eje en contratos públicos. Irregularidades, amaños, troceo de contratos menores, concesiones a dedo, criterios subjetivos y arbitrarios y falta de concurrencia protagonizan en los últimos años las adjudicaciones de servicios, suministros y obras de las administraciones públicas.

Contratos públicos bajo la lupa

De las 221 denuncias presentadas, solo 90 fueron investigadas por los organismos antifraude. Ninguna de estas licitaciones bajo la lupa fue remitida a la Fiscalía para su investigación en ámbito judicial. La mayoría de las delaciones investigadas se encontraban en tramitación en la fecha de publicación del informe –enero de 2025– debido a la lentitud de las pesquisas. Esta situación contribuye a que cuando concluye la investigación, muchos de los contratos ya estén adjudicados e incluso resueltos. Esto complica actuaciones como la resolución de los acuerdos.

OIReSCon apunta que el buzón de denuncias se ha convertido en el medio preferente para destapar irregularidades. Muchas de las denuncias se hacen de forma anónima. El contrato de servicios fue en 2023, por sexto año consecutivo, el que más riesgo presenta en materia de fraude y corrupción desde la perspectiva de las denuncias efectuadas.

Fraude, amaño y prácticas corruptas

Las supuestas irregularidades en la licitación y expediente de adjudicación del pliego son el origen de un tercio de las denuncias en materia de contratación. Mientras, la existencia de prácticas corruptas –un epígrafe que aglutina el conflicto de intereses, el tráfico de influencias y el trato de favor a una empresa– representa un 19,5% de las denuncias. De todas las delaciones formalizadas en 2023, 16, el 7,2% del total, afectaba, directa o indirectamente, a la ejecución de los Fondos Next Generation.

Entre las recomendaciones del organismo supervisor se encuentra el refuerzo en la justificación y argumentación en la que se basa la adjudicación del contrato. Además, apuesta por medidas centradas en la tramitación del expediente de licitación y la especial atención a las prácticas corruptas. También alerta sobre la necesidad de adoptar medidas para evitar que el plazo de duración del procedimiento de investigación se dilate de manera desproporcionada o indebida. Sugiere además que se realice el análisis y se adopten las iniciativas oportunas, con carácter prioritario, para la adecuación de los medios materiales y personales de los que disponen estos equipos para evitar que su precariedad sea motivo de demoras injustificadas.

Licitaciones e inteligencia artificial

El organismo supervisor, adscrito al Ministerio de Hacienda, aboga por el desarrollo e implantación generalizada del uso de herramientas de inteligencia artificial como instrumento de ayuda en la detección de prácticas anticompetitivas y colusorias en la contratación pública.

OIReScon destaca la herramienta de inteligencia artificial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Brava (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust). Se trata de un instrumento de detección de fraude y cárteles en los contratos basado en técnicas de IA, que se encuentra actualmente en producción. La CNMC busca una empresa que desarrolle esta herramienta. Par ello, el supervisor está dispuesto a pagar más de dos millones de euros.

Durante 2023, en España se licitaron 196.763 contratos –un 7% más que en 2022– por un importe, sin impuestos, de 107.557,67 millones de euros, un 8,6%. La enorme cantidad de licitaciones hace complicado su control total, como ha quedado claro en las numerosas tramas de corrupción destapadas durante los últimos meses y vinculadas a los contratos públicos.

Suspenso para España

Como ha informado THE OBJECTIVE, España suspende en ocho de los 12 criterios con los que la Comisión Europea evalúa la transparencia y el trato igualitario en la contratación pública. Adjudicaciones a dedo, sin publicidad, amaños, excesivo peso de criterios subjetivos, falta de concurrencia, abuso de la contratación menor y mínima presencia de las pymes protagonizan el día a día de los contratos públicos en España.

La evaluación recogida en un informe de la Comisión Europea, que tiene en cuenta las contrataciones de todo 2022 (último dato disponible), muestra un panorama negativo en la contratación pública en España. El informe de la Comisión Europea ha ido incorporando incidencias y más información desde esa fecha.

Las irregularidades y anomalías llevan años produciéndose y ya están enquistadas en el sistema. El detalle de los datos analizados por THE OBJECTIVE indica que en algunos aspectos como la velocidad de los procesos o la proporción de contratos que no incluyen el número de registro del proveedor, España obtiene las peores notas. El informe destaca que el 28% de los contratos ejecutados en España tuvieron un solo postor, una situación que encarece la adjudicación y cierra la puerta, fundamentalmente, a las pymes.

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