El Gobierno abona casi 100.000 euros por el desguace de 147 pateras en Baleares
La cifra desembolsada implica que la destrucción de cada embarcación cuesta 650 euros al erario público
Una patera embarrancada en una playa de Magaluf (Mallorca) tras dejar a los inmigrantes irregulares. | EFE
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, ha aprobado en las últimas semanas dos contratos que suman un total de 95.284,92 euros (IVA incluido) por el desguace completo de 147 pateras incautadas o abandonadas en las playas de Baleares en el último año: 80 en Mallorca, 19 en Ibiza y 48 en Formentera. La cifra supone que la destrucción de cada embarcación cuesta casi 650 euros al erario público.
La primera de las licitaciones resuelta data del pasado 8 de julio. Ese día, el departamento de Torres transfirió 55.123,75 euros a la Delegación del Gobierno en dicho archipiélago para que la empresa dedicada a la conservación del medio ambiente Adalmo -la única que presentó oferta- procediese a la destrucción de las 80 embarcaciones almacenadas en la isla de Mallorca a lo largo de ocho meses, desde mediados de junio hasta el próximo 14 de febrero.
El Ejecutivo valoró inicialmente en 2,1 euros cada kilo retirado y destruido (una embarcación tiene unos 350 kilos). Y se planteó a la adjudicataria una dación en pago para la parte referida al motor, que suele pesar unos 80 kilos en función de cada modelo de patera. El fin último era lograr «una minoración en el importe final a abonar» y para ello se presupuestaron 63.976 euros, incluyendo el 10% del IVA correspondiente. Finalmente, la oferta de Adalmo fue inferior y se adjudicó por los citados 55.123,75 euros.
El segundo de los contratos se adjudicó el pasado 27 de diciembre por 40.161,17 euros (IVA incluido). La empresa Herbusa fue la elegida de entre dos ofertas en una licitación para la que se había previsto un desembolso de 65.617,75 euros. En el puerto de Ibiza había 19 pateras en el momento de la tramitación del expediente, mientras que en la zona de tratamientos de residuos de Formentera se acumulaban para su desguace un total de 48 embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular.
El propio Gobierno admite en la memoria justificativa del contrato la «insuficiencia de medios propios» para realizar este trabajo; de ahí que recurra a empresas del sector, «ya que no se dispone de personal especializado en el transporte y tratamiento de dichos residuos, ni de las adecuadas instalaciones necesitarías para el fin que se pretende». Curiosamente, la estimación del coste por kilo retirado varía con respecto a Mallorca: mientras que en Ibiza se baja a 1,49 euros, en Formentera asciende a 2,97 euros.
Baleares registró en 2024 máximos históricos en la llegada de inmigrantes en situación irregular. En el último año fueron interceptadas en aguas de esta comunidad autónoma un total de 347 pateras, en las que iban a bordo casi 6.000 personas, según los datos facilitados por fuentes oficiales. Unas cifras que suponen un récord tanto en embarcaciones como en el número de ciudadanos que han llegado desde Argelia, principalmente a las islas Pitiusas, Ibiza y Formentera, las que sufren mayor presión migratoria.
Hasta ahora, el pico histórico se había registrado en 2022, con 2.637 personas y 176 embarcaciones. Respecto a 2023, en cualquier caso, los cruces irregulares hacia Baleares a través del mar se han casi triplicado, sobre todo con macrolanchas. Las mafias, en muchas ocasiones, dejan a los ocupantes en tierra y se vuelven a Argelia para hacer otro viaje si el tiempo lo permite.
El principal problema al que se enfrenta este archipiélago es que ninguna de sus islas está preparada para asistir a los miles de personas que han llegado en los últimos meses. El aumento de los flujos migratorios, por un lado, ha dejado al borde del colapso los centros de menores, encargados de tutelar a los jóvenes que llegan hasta las costas en las pateras. Actualmente, la ocupación está por encima del 600%. «Los centros están totalmente colapsados», advierten fuentes regionales. La situación es especialmente preocupante en las ínsulas más pequeñas como Ibiza, que, por ejemplo, solo cuenta con un centro de este tipo. La falta de espacio y de personal comienzan a hacer insostenibles estos espacios, por lo que la mayoría de menores se derivan a los de Palma, que también están al límite.
Los sindicatos policiales denuncian desde hace tiempo las malas condiciones en las que trabajan y en las que se recepciona a los inmigrantes, especialmente en Ibiza. Por este motivo, la Confederación Española de Policías (CEP) insiste en la necesidad de reforzar las plantillas, dotar de medios adecuados a los agentes y crear un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Una infraestructura que ya existe en otras regiones como Canarias y que resulta clave para agilizar la atención inicial a los ciudadanos que llegan y aliviar las dependencias policiales. Fuentes sindicales denuncian que la solución actual, una carpa instalada en el puerto de Ibiza, no cuenta con ninguna medida de seguridad.
Una patera con 101 personas a bordo
Cabe destacar, además, que al igual que ocurre en Canarias, las embarcaciones cada vez son más grandes y, por tanto, traen a más personas. A principios de septiembre, cuando llegaron a la costa balear 226 inmigrantes a bordo de ocho pateras en cuestión de varias horas, se interceptó una con 101 personas, la de mayor tamaño registrada. Hasta entonces, la mayor había sido un cayuco localizado en Formentera con 58, la que más inmigrantes había traído al archipiélago. Todo se debe, explican fuentes policiales, a la profesionalización de las mafias dedicadas al tráfico ilegal de personas, que cuentan con barcos mucho más potentes, capaces de hacer el trayecto desde Argelia en apenas seis horas. Para después regresar y poder hacer otro viaje de vuelta, si se dan las condiciones propicias en el mar.
Hasta hace pocos años, el peligroso trayecto implicaba unas 20 horas de travesía en una barca común. Ahora, las fuerzas de seguridad han detectado lanchas impulsadas por motores de hasta 300 caballos de velocidad que hacen el trabajo en menos de la mitad de tiempo. Un negocio ilegal que mueve millones de euros y por el que las mafias tienen tarifas fijas: los inmigrantes pagan entre 800 y 1.000 euros por el trayecto más largo. Si desean llegar más rápido, en las que ya se conocen como pateras-taxi, deben abonar 3.000 euros más. El objetivo de los inmigrantes, la mayoría argelinos, no es el archipiélago. Al estar suspendidos los acuerdos de devolución entre España y Argelia, una vez son puestos en libertad, incluso con una orden de expulsión, los inmigrantes cogen un ferry a la península para después dirigirse a Francia, donde suelen tener familia.
La tercera ruta más transitada
Los datos de 2024 consolidan esta ruta irregular, que conecta Argelia principalmente con las islas de Formentera, Ibiza y el sur de Mallorca, como la tercera más transitada de España tras la canaria y la del Estrecho. También es la que más ha crecido después de que en 2017 las mafias comenzasen a fletar embarcaciones desde el norte del país vecino. Hasta entonces, habían llegado 40 pateras con 375 inmigrantes. Las cifran han ido creciendo año a año, principalmente desde 2019, cuando llegaron 500 personas. Ahora, esa cifra se ha multiplicado casi por 12.
Pese al incremento de los flujos migratorios hacia Baleares, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no concreta los datos de inmigración irregular en sus informes quincenales; los aúna con los del resto del país. Según este dosier, las llegadas a la Península y Baleares se sitúan en 14.431 personas, un 6,5% menos respecto a 2023, cuando arribaron 15.435. La realidad, sin embargo, es bien distinta si se separan ambos registros. En el archipiélago balear se han disparado casi un 170%. Para el Ministerio del Interior, según las palabras recientes de su titular en el Senado, la ruta argelina «no es una vía migratoria consolidada» y las plantillas policiales ya se han reforzado lo suficiente en los últimos años para hacer frente a este desafío.
