La Ertzaintza asumirá la seguridad en los puertos en febrero sin tener agentes suficientes
Los sindicatos dudan de la capacidad operativa por la falta de personal. Actualmente, la unidad acuática tiene 36 agentes
Dos ertzainas, en una imagen de archivo. | EP
El despliegue de la Ertzaintza en los puertos y aeropuertos tras el acuerdo entre el gobierno del País Vasco y el Ministerio del Interior no será simultáneo. Seis meses después del pacto entre ambos ejecutivos, los agentes vascos asumirán por ahora solo la competencia de seguridad interior y de policía judicial en los recintos portuarios el próximo 3 de febrero, aseguran a THE OBJECTIVE fuentes policiales. Por contra, la fecha para el desembarco de la policía autonómica en los aeropuertos todavía no está cerrada y, según apuntan las mismas fuentes, no será próxima. El principal problema al que se enfrenta el cuerpo es la falta de efectivos para hacerse cargo de las citadas funciones, que hasta ahora ostentaba exclusivamente la Guardia Civil.
Una situación que, en cualquier caso, no ha variado mucho en los recintos portuarios de Santurce (Bilbao) y Pasajes (San Sebastián), denuncian los sindicatos de la Ertzaintza. El número de agentes de la unidad acuática, advierten, sigue siendo el mismo que antes de sellarse el acuerdo, por lo que existen más que dudas entre los ertzainas a la hora de asumir las nuevas competencias. La idea es que este grupo, formado por 42 agentes y dividido en tres grupos, esté presente de forma permanente en los muelles. Por lo que, advierten las organizaciones sindicales, será necesario ampliar el catálogo de puestos, teniendo en cuenta además que seis de ellos no están cubiertos y que las seis comisiones de servicio que se han solicitado no han llegado todavía
La Guardia Civil «seguirá haciendo lo mismo»
Fuentes sindicales critican, además, que la Ertzaintza no creará una nueva unidad que se haga cargo de la custodia en los puertos, sino que contará con los agentes que se integran ahora en la de vigilancia y rescate, afectada también por la falta de personal. «A menos de dos semanas de que entremos en el recinto, no sabemos dónde estarán atracadas las embarcaciones, ni tenemos un lugar físico dónde estar. Y no hay efectivos suficientes para cubrir todos los servicios, no podemos estar al mismo tiempo controlando el puerto y en la unidad de rescate. Pretenden cambiarnos ahora el calendario laboral, y les da igual que perjudique a los agentes», critican.
A este déficit, por otro lado, se suman otras incógnitas como la ubicación de las embarcaciones que se encargarán de patrullar las aguas interiores o las instalaciones en las que podrán estar los agentes, por lo que todo indica que la asunción de la seguridad interior en los puertos será paulatina y, al menos, durante un tiempo, compartida con la Guardia Civil hasta que completen todos los medios necesarios. Así lo contemplan en el Instituto Armado, aunque, eso sí, sin el matiz temporal. «La Guardia Civil va a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora porque los acuerdos de la Junta de Seguridad no tienen valor normativo para modificar las competencias», afirman a este periódico fuentes de la Benemérita.
Según el acuerdo sellado entre los dos gobiernos, la Policía autonómica pasará a ejercer competencias no solo en la zona pública de los puertos y aeropuertos —donde los ertzainas ya estaban, de hecho, desplegados al tratarse de su demarcación territorial y tener ya la función transferida de seguridad ciudadana— sino también en la zona de acceso restringido, donde desarrollarán, además de la citada función, también la de policía judicial: patrullar la zona e investigar posibles hechos delictivos (accidentes laborales, incendios, controles preventivos de seguridad, tramitación denuncias, patrullas preventivas…). Hasta ahora esas atribuciones las tenía la Guardia Civil, además del resguardo fiscal (contrabando, fraude…), que seguirá ostentando este cuerpo al tratarse de una competencia exclusiva del Estado.
Custodia o vigilancia policial
La cuestión, advierte la Guardia Civil, es que el pacto entre Interior y el Ejecutivo vasco no tiene validez porque colisiona con las competencias que le atribuye al Instituto Armado la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco. En la primera, reza en su artículo 12.1 que «serán ejercidas por la Guardia Civil la custodia de puertos y aeropuertos». En el segundo se señala que «quedan reservados en todo caso a las FCSE los servicios policiales de carácter extra o supracomunitario, como la vigilancia de puertos y aeropuertos».
Y es más: el punto 3 del acuerdo de la Junta de Seguridad del País Vasco dice «que la Ertzaintza como policía integral extenderá las funciones policiales comunes a la zona de servicio de puertos y aeropuertos, sin perjuicio de las funciones de custodia policial reservada a la Guardia Civil». Por lo que, para el cumplimiento del «acuerdo 3 respecto a la custodia policial o vigilancia de puertos, los miembros de la Guardia Civil desempeñarán en todo el recinto portuario las potestades generales de policía de seguridad que la ley les atribuye». En resumen, que podrán seguir realizando «controles de seguridad» en la zona donde ahora se desplegará la policía vasca.
De este modo, los guardias civiles seguirán realizando esas funciones «salvo que en virtud de ese acuerdo se modificase la normativa, como la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el estatuto de autonomía». «En definitiva, tras el acuerdo, las dos policías van a realizar el mismo trabajo, por lo que me temo que las incidencias entre ambos cuerpos comenzarán a producirse en poco tiempo», advierten. Por ahora, para la coordinación policial con la Ertzaintza, los jefes de las unidades fiscales y fronteras de los puertos de Bilbao y Pasajes serán los designados como enlaces para participar en los puntos permanentes de coordinación operativa e intercambio de información acordados por la Junta de Seguridad.
Esta situación ha despertado desde hace meses incertidumbre en muchos agentes del instituto armado por su futuro profesional tras la cesión de competencias. Según fuentes policiales, por ahora los agentes que se dedicaban a labores de seguridad ciudadana pasarán a las unidades de resguardo fiscal y fronteras, donde «seguirán haciéndose cargo de labores de protección».