Interior oculta el paradero de los vehículos que incautó a una empresa acusada sin pruebas

Once años después de que el Ministerio del Interior se quedase con siete vehículos blindados de una empresa que incautó la Policía en una operación judicial contra el blanqueo y el fraude fiscal en la compraventa de metales precisos, esta firma, Oro Direct, todavía no ha podido recuperarlos pese a que la Audiencia Nacional ha archivado todas las actuaciones contra la misma por falta de pruebas y, además, solicitó elevar el embargo hace cinco años de todos los bienes que le fueron requisados. Nadie sabe donde están. Y en el área dirigida por Fernando Grande-Marlaska tampoco. Las fuentes consultadas no dan detalles sobre el paradero de los coches e insisten en que en la Policía «no existe un requerimiento específico sobre los vehículos». 

Sin embargo, en el auto judicial, fechado en 2020 y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE el juez Ismael Moreno así lo señala. «Se acuerda levantar y dejar sin efecto el bloqueo, embargo preventivo de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos acciones, deuda pública, contenido de las cajas de seguridad, joyas y otros bienes pignorados, y otros activos financieros existentes a favor de la mercantil Oro Direct SLU (…)», reza el escrito. Desde que se iniciase la operación policial, en febrero de 2014, Oro Direct ha ido recuperando todos los efectos que le fueron embargados, todos menos estos siete vehículos, blindados, de lujo y valorados en 216.000 euros. ¿Dónde están? 

En un principio, según diversa documentación consultada por este periódico, en febrero de 2014, menos de una semana después de las incautaciones, el jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia solicitó al Juzgado de Instrucción número 12 autorización para el uso de 18 vehículos incautados a empresas investigadas, entre las que se encontraban 11 coches de Oro Direct, con el objetivo de que fuesen utilizados por distintos grupos operativos del cuerpo. El juez accedió y finalmente, tras desechar cuatro de los citados coches, la Policía se quedó con siete: cuatro blindados, un VW Passat, un VW Golf y una motocicleta BMW. 

Para cargos de Interior

Una autorización que, según transmiten desde la defensa jurídica de esta empresa, se produjo mientras el caso judicial, en el que llegaron a estar investigadas 180 empresas y 165 personas por supuesto blanqueo y un fraude millonario en el impuesto de sociedades, estaba bajo secreto de sumario. Por lo que ni la empresa ni su titular tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. La cuestión, sin embargo, es que, según publicaron diversos medios de comunicación, la Policía de Valencia, a la que el juzgado cedió el uso policial, no fue finalmente la que mantuvo la custodia de todos los vehículos.

Algunos coches fueron, de acuerdo con estas informaciones, para altos cargos del Ministerio del Interior, en aquella época dirigido por Jorge Fernández Díaz. Así consta en un reportaje de La Sexta el 23 de julio de 2014, en el que la cúpula del departamento confirma que al menos dos de los vehículos incautados tuvieron como destino la Dirección General de la Policía y el departamento liderado por Fernández Díaz, desde el que entonces «elogiaron la labor policial despojando a grupos criminales de vehículos con el consiguiente ahorro para el Ministerio de más de 400.000 euros». 

La Audiencia Nacional cierra seis piezas

Dos años después, en 2016, el Tribunal Supremo decidió que el caso, conocido como la trama del oro, que hasta ese momento se había instruido en un juzgado de Valencia, pasara al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, habida cuenta de las ramificaciones que tenía por todo el país y por el extranjero. A medida que fue avanzando la investigación, el juez decidió archivar, entre 2020 y 2022, seis de las siete piezas en las que Oro Direct estaba investigada. De hecho, sobre el presunto fraude fiscal que pesaba sobre la firma de compraventa de oro, el magistrado Ismael Moreno decidió rechazar la imputación de la empresa por falta de pruebas de Hacienda, según señala el auto judicial.

En definitiva, todas las causas que se abrieron contra Oro Direct ya están archivadas, excepto una que sigue en pie, contra el ex consejero delegado de la empresa por presunta responsabilidad civil. Lo que demuestra, según fuentes de la defensa, que «la acusación pública de la Policía fue imprudente y prematura porque no se apoyaba en ninguna prueba ni indicio». Pese a quedar en nada, la investigación de la Policía y de la Agencia Tributaria supuso un perjuicio enorme para la firma, que se declaró en concurso de acreedores ese mismo año. Diez años después, ni siquiera ha recuperado sus vehículos. En Interior todo son incógnitas. De hecho, no aclaran ni siquiera cuál es su uso actual porque, explican, «no se dan detalles sobre vehículos a disposición de las fuerzas de seguridad».