THE OBJECTIVE
España

El Gobierno frena la dimisión del fiscal general, proclive a abandonar antes de ser procesado

El Gobierno ya ha pensado en dos posibles sustitutas de García Ortiz: las fiscales Teresa Peramato y Teresa Gisbert

El Gobierno frena la dimisión del fiscal general, proclive a abandonar antes de ser procesado

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

El fiscal general del Estado quiere irse, pero el Gobierno no le deja. La investigación judicial que se cierne sobre Álvaro García Ortiz por las presuntas filtraciones de la Fiscalía de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha hecho mella en el ánimo del responsable del Ministerio Público, quien, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, lleva meses manifestando al Gobierno su intención de abandonar el puesto. Las mismas fuentes gubernamentales y judiciales coinciden en señalar a la cúpula del Gobierno como responsable de «bloquear» o «frenar» esta renuncia. 

Fuentes judiciales señalan que es cierto que el Ejecutivo no puede frenar la dimisión del fiscal general si este así lo considera, pues el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal recoge en su apartado primero: «El mandato del Fiscal General del Estado tendrá una duración de cuatro años. Antes de que concluya dicho mandato únicamente podrá cesar por los siguientes motivos: a petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto». Las mismas fuentes explican que existe un «forcejeo» desde hace meses entre el Ejecutivo y la Fiscalía para evitar la dimisión de García Ortiz, a quien habría pasado factura la presión mediática sobre su papel en las filtraciones de la Fiscalía, en supuesta connivencia con el Palacio de la Moncloa.

El Gobierno quiere que el fiscal general haga de «cortafuegos» para evitar que la causa salpique al Ejecutivo. Según el auto del instructor, «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición». Según fuentes judiciales, la presión mediática ha terminado afectando a García Ortiz, lo que explica su intención de dimitir. Además, el jefe del Ministerio Público busca, con esta decisión, «mitigar las consecuencias naturales de su situación. Al renunciar al cargo, cree que experimentará menos presión tanto en el Supremo como en los medios, lo que, a su juicio, reducirá las repercusiones», aseguran a este periódico.

Las mismas fuentes señalan que el último auto del instructor ha sido percibido en los ambientes judiciales como «un auto de procedimiento abreviado», es decir, la resolución judicial por la cual el juez pone fin a la instrucción y comienza la fase intermedia en la que las partes deberán presentar sus escritos de acusaciones de cara al juicio oral.

Salpica al Gobierno

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, señaló a «Presidencia» como receptor de la filtración de la Fiscalía, lo cual fue criticado desde el Gobierno por considerar que no existen pruebas fundadas para hacer esa afirmación, sosteniendo que se limitan a meras especulaciones. Pese a ello, en Moncloa descuentan que habrá imputaciones de antiguos altos cargos de Moncloa como la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, cuyos mensajes al exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato fueron llevados ante notario por él mismo antes de dimitir tras señalar al Gobierno. Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustró el nombramiento de la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González como vicesecretaria general del PSOE de Madrid, Óscar López, para evitar visibilizar la imagen de que «la número dos del partido estuviera investigando a la número tres», ya que Sánchez Acera será nombrada este fin de semana secretaria de Organización del PSOE en el Congreso regional. 

Con la intención de evitar que la causa «escale más arriba» y afecte de manera más directa a Presidencia, desde el Ejecutivo están intentando aguantar a García Ortiz para que no dimita. Las mismas fuentes señalan que, por el momento, han podido «contenerle». Añaden que un hecho que le ha ayudado a no haber renunciado ya al cargo es «pensar en clave de futuro». El fiscal general no puede renovar en el cargo, porque así lo marca el estatuto, por lo que si aguanta, en dos años -cuando cumpla su mandato- el «PSOE podrá pagarle los servicios prestados con un puesto en el Constitucional u otro órgano». Pese a ello, el Gobierno ya ha barajado dos nombres en el caso de que Álvaro García Ortiz decidiera dimitir. Las que han tomado relevancia en las últimas semanas como posibles sustitutas son Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, y Teresa Gisbert, que fue nombrada en marzo fiscal de Sala coordinadora del área de Menores de la Fiscalía General del Estado.

Oficialmente, en Moncloa evitan confirma o desmentir esta inclinación del fiscal general a dimitir y se limitan a constatar que existe una «defensa cerrada del presidente y de todo el Gobierno hacia García Ortiz». Pero las citadas fuentes gubernamentales sostienen que la estrategia consiste en sostener y apuntalar su figura para evitar que «el abatimiento de la primera pieza fuerce la  caída de la segunda». Por su parte, la Fiscalía General del Estado «niega rotundamente» que el fiscal general haya propuesto dimitir.

Publicidad
MyTO

Crea tu cuenta en The Objective

Mostrar contraseña
Mostrar contraseña

Recupera tu contraseña

Ingresa el correo electrónico con el que te registraste en The Objective

L M M J V S D