Decenas de policías denuncian retrasos en el pago de los litigios ganados a Interior 

Las sentencias ganadas de miles de policías contra el Ministerio del Interior por errores sucesivos en las pruebas selectivas para acceder al Cuerpo han desbordado al departamento de la Policía Nacional encargado de ejecutar los expedientes y las indemnizaciones económicas que corresponden a los agentes. Decenas de funcionarios denuncian retrasos de meses y, en algunos casos, de años en estos pagos debido al gran volumen de fallos que se acumulan en las citadas oficinas. El caos es tal que la tramitación de los recursos ni siquiera sigue un orden temporal, según denuncian distintos afectados a este periódico. «Hay agentes que son de la promoción 37 que ya han recibido la indemnización, y yo, que soy de la 36, llevo ya siete meses de retraso», critica un policía. 

«La montaña de papales se va haciendo cada vez más alta y los funcionarios van tramitando los expedientes sin ningún tipo de orden», revela otro funcionario que ganó en los tribunales a la dirección general. La mayoría de estos litigios son por los errores en los exámenes de ortografía de las oposiciones de acceso a la escala básica de la Policía de 2020 y 2022. En el primero, por ejemplo, hubo mucha controversia porque el Cuerpo dio por incorrectas cuatro palabras de la prueba que hasta la propia Real Academia de la Lengua Española (RAE), según recurrieron después los afectados en un informe, daba por correctas. 

Posteriormente, los tribunales han ido estimando todos los recursos, dando la razón a los aspirantes y obligando a Interior a readmitirlos en las pruebas selectivas cuya convocatoria fuese más próxima. De este modo, si superaban los exámenes restantes, la Policía debía reconocer al recurrente como funcionario desde el momento en el que había sido suspendido irregularmente por el tribunal selectivo. ¿Qué significa esto? Que si el opositor debía haber aprobado en la promoción de 2020 y la Policía lo reconocía como apto, Interior debía indemnizarlo como si hubiese trabajado como policía durante ese tiempo. Estas con las compensaciones que están reclamando ahora cientos de agentes. Suponen unos 18.000 euros al año, si no han trabajado durante ese periodo. 

«Me han dicho que no hay presupuesto»

Pedro lleva siete meses detrás de la ejecución de su sentencia, según cuenta a THE OBJECTIVE. En la división encargada del trámite le trasladan que «su intención es agilizar los trámites lo máximo posible, pero a día de hoy no pueden darle una fecha estimada para su abono, ya que el volumen de sentencias sobre este asunto es muy elevado». A Rocío, otra agente, le acaban de iniciar la ejecución, cuando juró como policía en 2023. Aun así, ya le han advertido, no pueden darle datos exactos de cuando le pagarán:

«Le adelanto que las consultas sobre plazos de ejecución o cuantías a percibir realizadas en un corto plazo desde la recepción de este correo es muy posible que no puedan ser contestadas. Si bien tratamos de que sea lo más breve posible la complejidad del propio trámite, así como puntuales imprevistos ajenos a esta área, provocan que su gestión no pueda tener la inmediatez que desearíamos, por lo cual, hasta no haber transcurrido un plazo suficiente, no nos es posible concretar plazos ni fechas», reza uno de los mails del área de retribuciones de la Policía, al que ha tenido acceso este diario.

En otros casos, como el de Lucía, según denuncia en conversación con este diario, le han dicho que «están sin presupuesto desde finales de 2024 y «a la espera de poder ingresar las cuantías a partir del mes de marzo». «Yo ya tuve que insistir durante un año, desde febrero de 2023, solo para que me reconocieran el recurso en la División de Personal. Después te tramitan el pago, pero no me ha llegado nada, ni a mí ni a muchos compañeros». «Luchamos por algo que sabíamos que era injusto, ellos se negaron a darnos la razón, ahora se lamentan». 

Cinco millones en indemnizaciones a policías

En los últimos siete años, desde que Grande-Marlaska ocupa la carta de Interior, el Ministerio ha pagado ya más de cinco millones de euros en costas judiciales e indemnizaciones a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil tras perder litigios contra estos funcionarios, según advierten distintas fuentes de estos cuerpos. Un periodo en el que, señalan las mismas fuentes, los recursos contencioso administrativos contra la Administración se han duplicado. «Interior lo ha perdido todo con esta política de negar lo que corresponde a los agentes, y como ellos no pagan las costas, las paga la Administración…».

Destacan casos contra nombramientos por el sistema de libre designación, ceses de mandos, turnos, baremos para ascender… pero sobre todo demandas contra los procesos de selección de la Policía Nacional, que suponen la mayor parte de indemnizaciones a las que ha hecho frente —y debe hacer todavía— Interior. También son numerosas las indemnizaciones a agentes por lesiones durante el servicio, que debe cubrir Interior tras declararse insolvente el agresor, pero que niega sistemáticamente. Destaca la sentencia de un guardia civil al que Interior tuvo que pagar 9.000 euros. La Administración consideró que la reclamación del funcionario estaba fuera de plazo.