Rebelión contra la cúpula de una asociación de guardias civiles: «Hay pagos en una joyería...»
Veintiún secretarios regionales de Jucil denuncian una gestión «opaca» en la asociación mayoritaria del cuerpo
Pancartas de Jucil, tras una manifestación por la equiparación. | EP
Convulsión en la asociación mayoritaria de guardias civiles, Jucil, tras las acusaciones de hasta 21 secretarios provinciales contra la dirección de la organización por presuntas irregularidades en gastos del secretario general, Ernesto Vilariño, así como en la contratación de un bufete de abogados y una agencia de comunicación, vinculados al PSOE y a Ciudadanos, respectivamente. En una carta abierta publicada este lunes, la plataforma Regeneremos Jucil ha denunciado «mala praxis» y una «gestión opaca» por parte del actual comité ejecutivo nacional, y ha pedido la dimisión de Vilariño tras negarse a aclarar las supuestas compras que habría cargado a la tarjeta de la asociación.
Este grupo de cargos regionales ha decidido hacer público el conflicto que mantiene contra la dirección de Jucil después de que, según explican a este periódico, el comité nacional se negase a aportar la distinta documentación que le habían exigido en una misiva el pasado 16 de diciembre para poder fiscalizar las finanzas de la asociación y del responsable durante los últimos cuatro años tras distintas sospechas de posibles irregularidades. En el escrito, estos agentes mostraban también su descontento por el cambio en la estrategia de comunicación, que había provocado la dimisión del secretario del área, y de la nueva hoja de ruta, alejada de la equiparación salarial.
En Jucil, sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que todas las acusaciones ya fueron «objeto de debate y explicación en una reunión informativa con los secretarios regionales en diciembre, siguiendo los cauces establecidos en los estatutos»; y que la polémica carta solo «busca desprestigiar la trayectoria de la asociación, cuyo fin único es proteger y defender los derechos de todo el cuerpo». Estas mismas fuentes aclaran que el pasado viernes el comité ejecutivo decidió encargar una auditoria externa como muestra de transparencia. «Es la mejor forma de demostrar que no hay nada irregular».
Pagos con la tarjeta de Jucil
En cualquier caso, la plataforma de guardias civiles ha anunciado que presentará en los próximos días una demanda contra la asociación de guardias civiles «para que la Justicia depure las posibles responsabilidades que pudieran existir en la gestión y administración irregular de los fondos de la asociación». Distintas fuentes consultadas por este periódico apuntan a gastos que el secretario general, Ernesto Vilariño, habría efectuado con la tarjeta de la asociación profesional. «Hay pagos en una joyería, en estancos, en tiendas de souvenirs….».
También existirían «cargos por dietas en comisiones de servicio cuando estos gastos los cubre directamente la Guardia Civil, no la asociación; y el uso del vehículo de la asociación para el disfrute personal» de la dirección de Jucil. Una serie de irregularidades que, aseguran, incluirán en la demanda que interpondrán ante los tribunales. «Con la información que tenemos se confirma la justa rebelión y se constata que no cuentan con el apoyo de buena parte de los secretarios provinciales, aumentando cada día esa desconfianza entre los asociados y la estructura de otras secretarias provinciales», advierten desde la plataforma.
Un exdiputado de Ciudadanos
Los secretarios provinciales también han revelado que la asociación habría ocultado el contrato y la actividad que habría desarrollado en Jucil el exdiputado de ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez, así como dos reuniones, una oficial y otra extraoficial que Vilariño habría mantenido con el primero y el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos. «Una falta de independencia y misión apolítica», que, además, advierten, tiene un segundo capítulo, con la contratación de una agencia que dirige el también exdiputado de la formación naranja Pablo Yáñez, ahora encargada de gestionar la comunicación interna de la asociación.
Jucil al parecer también ha contratado los servicios del bufete Sarabia con el objetivo de presentar una demanda en Bruselas de cara a la igualdad salarial. Sin embargo, la plataforma apunta que al tratarse de un despacho de abogados con vinculaciones con el PSOE, la contratación «vulnera el código ético de la asociación y pone en entredicho su sentido apolítico». Según exponen, el director del bufete es Diego Sarabia, exconcejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander.
En definitiva, una serie de decisiones que «perjudican claramente los objetivos de Jucil», señalan los díscolos. Critican con dureza también que la directiva despojase de las herramientas de trabajo al ex secretario nacional de comunicación, Agustín Leal, que dejo su puesto en la asociación después de que la citada agencia de comunicación propiciara una nueva estrategia y apartase al anterior responsable. «Todo son pruebas, un cambio de rumbo en la dirección de la asociación», apuntan. Jucil asegura que este intento de desprestigio viene por los cambios en la comunicación. Sobre las irregularidades, insisten, todo es falso.
