Guerra interna en Jucil: el líder busca apoyos en las provincias para esquivar las acusaciones
Veintiún secretarios regionales denunciaron el lunes una gestión «opaca» en la asociación mayoritaria de guardias civiles
Jucil, en una protesta policial frente a la Dirección de la Guardia Civil. | EP
La dirección de la asociación mayoritaria de guardias civiles, Jucil, intenta salvar los muebles tras las acusaciones de 21 secretarios provinciales de presuntas irregularidades en la gestión financiera de la organización. El comité ejecutivo nacional ha remitido un escrito a los delegados de las 47 regiones en las que tiene representación para recabar su apoyo y esquivar de este modo las denuncias que los citados asociados aunados en la plataforma Regeneremos Jucil hicieron públicas el pasado lunes. Entre ellas destacaban supuestos gastos del secretario general, Ernesto Vilariño, con la tarjeta de la asociación y la contratación de una agencia de comunicación y de bufete de abogados vinculados con partidos políticos.
Con la misiva -aunque más bien se trata de un formulario que los secretarios provinciales deben rellenar y firmar con sus datos solo si apoyan a la actual dirección- Jucil busca reafirmarse con una mayoría suficiente hasta el próximo mes de marzo, cuando se celebre una reunión con los representantes de todas las provincias en la cual se someterían a debate «las inquietudes mostradas por algunos compañeros» así como otros aspectos y propuestas siempre «dentro de los términos estatutarios», dice el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta petición ha avivado a las voces críticas contra el actual secretario general, al que acusan «de pedir con este documento pleitesía a todos los secretarios provinciales con el método de la extorsión».
«Es un conmigo o sin mí»
«Es un conmigo o sin mí. Es una posición inédita en una asociación que está vulnerando los elementos democráticos», critican las mismas fuentes. En la carta, la dirección de Jucil reclama a los secretarios provinciales «su total rechazo a la remisión a medios de comunicación e influencers del comunicado realizado» por la citada plataforma «en el que se denuncian, sin datos concretos, una serie de supuestas irregularidades, prescindiendo de los cauces internos establecidos, y a pocos meses de las elecciones al Consejo de la Guardia Civil, que parecen ser su verdadero objetivo».
También pide su «desvinculación expresa de la mencionada plataforma», a efectos de que «nadie pueda entender que» el secretario provincial que lo firma «se encuentre incluido entre quienes han realizado las denuncias». Así como su «apoyo a las actuaciones que se vienen realizando por el comité ejecutivo nacional durante las últimas semanas, tras las discrepancias de algunos compañeros que se iniciaron tras el cambio de agencia de comunicación en diciembre». Con ello se refieren a la decisión de contratar a la citada empresa de cara a los comicios sindicales, y a la de someterse a una auditoría para disipar cualquier duda de opacidad en las cuentas.
Gastos en una joyería, estancos…
El citado grupo de cargos regionales decidió hacer público el conflicto que mantiene contra la dirección de Jucil después de que, según explicaron a este periódico, el comité nacional se negase a aportar la distinta documentación que le habían exigido en una misiva el pasado 16 de diciembre para poder fiscalizar las finanzas de la asociación y del responsable durante los últimos cuatro años tras distintas sospechas de posibles irregularidades. En el escrito, estos agentes mostraban también su descontento por el cambio en la estrategia de comunicación, que había provocado la dimisión del secretario del área, y de la nueva hoja de ruta, alejada de la equiparación salarial.
En Jucil, sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico aseguraron que todas las acusaciones ya fueron «objeto de debate y explicación en una reunión informativa con los secretarios regionales en diciembre, siguiendo los cauces establecidos en los estatutos»; y que la polémica carta solo «busca desprestigiar la trayectoria de la asociación, cuyo fin único es proteger y defender los derechos de todo el cuerpo». Estas mismas fuentes aclararon, tal como indica ahora el comunicado remitido a los delegados, que el pasado viernes el comité ejecutivo decidió encargar una auditoria externa como muestra de transparencia.
Irán a los tribunales
En cualquier caso, la plataforma ha anunciado que presentará en los próximos días una demanda contra la asociación de guardias civiles «para que la Justicia depure las posibles responsabilidades que pudieran existir en la gestión y administración irregular de los fondos de la asociación». Distintas fuentes consultadas por este periódico apuntan a gastos que el secretario general, Ernesto Vilariño, habría efectuado con la tarjeta de la asociación profesional. «Hay pagos en una joyería, en estancos, en tiendas de souvenirs….».
También existirían «cargos por dietas en comisiones de servicio cuando estos gastos los cubre directamente la Guardia Civil, no la asociación; y el uso del vehículo de la asociación para el disfrute personal» de la dirección de Jucil. Una serie de irregularidades que, aseguran, incluirán en la demanda que interpondrán ante los tribunales. «Con la información que tenemos se confirma la justa rebelión y se constata que no cuentan con el apoyo de buena parte de los secretarios provinciales, aumentando cada día esa desconfianza entre los asociados y la estructura de otras secretarias provinciales», aseguran desde la plataforma.
