Mandos de la Guardia Civil recurren la cesión de las competencias ecológicas a los Mossos
La Unión de Oficiales denuncia que el acuerdo es una «transferencia encubierta» que «atenta contra las leyes en vigor»

Marlaska e Illa en la Junta de Seguridad, en diciembre de 2024. | EP
Los mandos de la Guardia Civil llevan a los tribunales la cesión de sus competencias a la Policía de la Generalitat de Cataluña. La Unión de Oficiales ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el acuerdo de la Junta de Seguridad del pasado mes de diciembre por el cual los Mossos d’Esquadra han asumido prácticamente en exclusiva la competencia en materia de medio ambiente en detrimento del instituto armado. Una «transferencia encubierta» de funciones de Interior al Govern, critican fuentes de la Benemérita, que pasó inadvertida en plena polémica por la posible cesión también al cuerpo autonómico de las funciones de seguridad en puertos y aeropuertos.
Sobre esto último, precisamente, la consejera de Interior, Núria Parlon, ha despejado cualquier tipo de duda y ha asegurado que los mossos asumirán las citadas competencias a partir del próximo mes de septiembre y que también «compartirán» el control de fronteras con la Policía Nacional, a quien le corresponde en exclusiva esa tarea. Cabe destacar que esta decisión no ha sido confirmada ni desmentida por el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En cualquier caso, para que sea efectiva debería acordarse en una futura junta de seguridad entre ambas instituciones.
Las investigaciones, lideradas por los Mossos
Lo que sí sellaron ambos ejecutivos en la última cumbre fue una serie de cambios en relación con la investigación de ilícitos administrativos y penales en materia de medio ambiente en Cataluña, que suponen un claro perjuicio para el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya de por sí mermada en la comunidad autónoma, según expone el recurso de la asociación profesional de la Unión de Oficiales.
En el documento, al que tuvo acceso este periódico, Interior y la Generalitat «acordaron precisar que corresponde al cuerpo de Mossos d’Esquadra la investigación policial de delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña». Y que «el cuerpo de Agentes Rurales actuará en apoyo de la Policía de la Generalitat en aquellos supuestos en que sea necesaria su intervención en razón de las funciones que le competen». Esto implica que las pesquisas relacionadas con estos delitos serán siempre lideradas por Mossos, cuando hasta ahora esta competencia era compartida con la Guardia Civil.
Un «atajo de dudosa legalidad»
La Unión de Oficiales, sin embargo, centra su recurso en la treta que, a su juicio, han utilizado ambos los gobiernos central y autonómico para materializar los cambios en las competencias. Aseguran que se trata de una «cesión encubierta» habida cuenta de que esta «asignación en exclusiva» contraviene la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad e incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado. Por lo que, apuntan en el recurso, «se requiere una ley orgánica para modificar esta previsión y no un simple acuerdo».
«En los 20 años en los que se viene ejerciendo la competencia de forma compartida, se ha llevado a cabo con una perfecta coordinación entre ambos cuerpos en esa materia, por lo que excluir a la Guardia Civil no solo no mejora la lucha contra la protección del medio ambiente, sino que debilita su protección», denunció en un comunicado la asociación de los mandos de la Benemérita.
Una decisión de los jueces
Esta organización explica que si el departamento de Grande-Marlaska y el de Interior de la Generalitat quieren establecer un nuevo marco regulatorio de las atribuciones legales en materia de medio ambiente en Cataluña, el procedimiento correcto no es el de un acuerdo en la Junta de Seguridad, sino el de una transferencia de competencias como ha hecho el Gobierno con la aprobación de una ley orgánica por el Congreso para materializar el traspaso de Tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. «El acuerdo al que han llegado Interior y la Generalitat atenta contra leyes en vigor, es un atajo de dudosa legalidad», censuran.
El pacto establece que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tiene la obligación de informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente para que el cuerpo autonómico asuma la titularidad de la investigación o, como mínimo, forme parte de los equipos de investigación que coordinen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los ilícitos administrativos y penales en la parte que afectase al territorio de Cataluña.
Ante este nuevo escenario, las fuentes consultadas advierten de que el acuerdo «olvida» que muchas de las investigaciones referidas sobre delitos de medio ambiente son dirigidas por jueces o fiscales, los cuales determinan qué cuerpo se hace cargo de las pesquisas. De este modo, prosiguen, el convenio firmado por ambos ejecutivos genera «incertidumbre, inseguridad jurídica y una contradicción: ¿qué se debe cumplir? ¿El acuerdo o las leyes orgánicas que regulan la materia?».