Los mandos exigen a la directora de la Guardia Civil retener la unidad de élite en Canarias

La Guardia Civil se moviliza para retener al Grupo de Respuesta y Seguridad (GRS) en Canarias tras las sospechas por parte de distintas asociaciones profesionales de que la Dirección General podría disolver esta unidad de élite, especializada en el control de masas y, especialmente, de la inmigración irregular. Los mandos del instituto armado han remitido una carta a la directora del cuerpo, Mercedes González, para pedir que reconsidere la decisión, que, advierten, «no solo supondría la reducción de las capacidades del instituto armado en la comunidad autónoma, sino que podría comprometer los niveles de seguridad en las islas». «Apelamos a su liderazgo y compromiso por la defensa de la Guardia Civil para que se mantengan íntegras sus capacidades en las islas», señala la Unión de Oficiales.

En la carta, además, esta organización cree -y así se lo dice a Mercedes González- que la supuesta eliminación del grupo de respuesta número ocho, asentado en el archipiélago desde 2009, podría responder «a un plan para el progresivo desmantelamiento del Cuerpo», al igual que ha ocurrido con otras funciones que hasta ahora desempeñaba el instituto armado en otras comunidades autónomas. «Si ya es difícil aceptar que la presencia de la Guardia Civil en País Vasco y Cataluña vaya a ser residual al sustraerle cada vez más competencias, más difícil es entender que la propia Guardia Civil autodesmantele unidades con alta capacidad de respuesta como el GRS, máxime en un territorio ultra periférico donde la presencia de Fuerzas de Seguridad del Estado es esencial». 

Sin acuartelamiento

Según relatan diversas fuentes policiales, la Jefatura de Unidades de Especialidades y Reserva (JUER), de quien dependen operativamente los GRS de todo el país, habría elevado un informe al Estado Mayor de la Guardia Civil proponiendo la disolución del grupo de respuesta en Canarias, integrado por más de 100 agentes. La Dirección General, sin embargo, niega este extremo y asegura que no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de esta unidad de élite. Al parecer, señalan otras fuentes, el principal problema es la ubicación de esta unidad, habida cuenta de que nunca ha tenido un acuartelamiento. Hasta ahora, estaba alojada en una infraestructura aneja al aeropuerto del norte de Tenerife que Aena prestó a Interior temporalmente. 

Pero el contrato de cesión firmado con el gestor aeroportuario ha finalizado y ahora la Guardia Civil debe abandonar el espacio, donde se van a acometer una serie de obras, y buscar uno nuevo en el que establecerse. El Cabildo de Tenerife ha ofrecido distintos emplazamientos al instituto armado, pero, indican las mismas fuentes, sopesa disolver la unidad y destinar los guardias civiles a otras unidades de la Benemérita y de otros GRS de la península y volver al modelo previo, esto es, antes de la creación del grupo en las islas en 2009. «Entonces, venían guardias civiles de los otros siete grupos, un mes, comisionados a la provincia de Las Palmas y el siguiente a Tenerife». 

Una unidad clave en inmigración

En cualquier caso, advierten desde el instituto armado, Canarias no puede verse desprovista de esta unidad «sin una razón objetiva aparente», cuando el GRS «se encarga de dar respuesta y prestar servicio en grandes concentraciones, manifestaciones, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público; y actuar ante alertas NRBQ». Todos los guardias civiles poseen titulación y medios individuales y colectivos para hacer frente a incidentes, accidentes y actos delictivos con riesgo nuclear, radiológico, bacteriológico y químico. En el caso de los canarios, además, colaboraron en materia de Protección Civil en casos de grave riesgo, catástrofes o calamidad pública, como los grandes incendios del archipiélago o las erupciones en las islas de El Hierro y La Palma.

Estos grupos de respuesta también tienen un papel relevante en la neutralización de amenazas terroristas, así como otros servicios esenciales de seguridad especializados como la lucha contra organizaciones criminales. Fuentes de la Guardia Civil advierten de que «Canarias es sin duda una puerta de entrada de este tipo de delincuencia, más aún por la llegada masiva de inmigración a las costas». Y por este motivo esta unidad presta servicios de seguridad en infraestructuras críticas susceptibles de atentados como puertos, aeropuertos e instalaciones sensibles como centrales eléctricas y térmicas. 

100 familias afectadas

También tendrá un grave impacto, alertan, en el control de la inmigración, cuando el archipiélago se enfrenta a una presión cada vez mayor, pues se trata de la única unidad en Canarias especializada precisamente en el control de masas. Estos agentes siempre han estado presentes, por ejemplo, en las avalanchas de las vallas fronterizas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como en la llegada masiva de cayucos a la isla de El Hierro en los últimos años.  

Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil denuncian «la falta de consideración» hacia la seguridad de los ciudadanos canarios, y también advierten de la incertidumbre en la que se sumen las 100 familias de los guardias civiles, que presumiblemente tendrán que abandonar la comunidad autónoma, «en un momento en el que la falta de efectivos del instituto armado en Canarias es alarmante». «La disolución del GRS agravaría aún más esta problemática, debilitando la seguridad y el orden del archipiélago».