La Confederación del Júcar admite que una ley de Puig impidió las obras del barranco del Poyo
El Gobierno de Pedro Sánchez no ejecutó las obras pese a que Rajoy dejó el proyecto aprobado y cumpliendo la normativa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente valenciano Ximo Puig, en una imagen de archivo. | Europa Press
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconocido que la Ley de la Huerta, impulsada por el gobierno del expresidente valenciano Ximo Puig y sus socios de Compromís, impidió ejecutar las obras para prevenir inundaciones en el barranco del Poyo. Esta corriente de agua fue una de las más devastadoras durante la dana que golpeó a Valencia el pasado 29 de octubre de 2024. El dictamen de la CHJ llega casi cuatro meses después de la tragedia y en forma de un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El documento explica que, hace más de 15 años, la propia Confederación Hidrográfica del Júcar proyectó actuaciones para prevenir crecidas en la cuenca del barranco del Poyo y del barranco de la Saleta (que sufrieron crecidas en la dana). La CHJ admite que los trámites del proyecto se cumplieron en tiempo y forma durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En concreto, en diciembre de 2011, la Secretaría de Estado de Cambio Climático formuló una declaración de impacto ambiental favorable al Proyecto Informativo de «Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera».
También fue el Gobierno de Rajoy quien aprobó, por Real Decreto 18/2016, el primer Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Júcar. En él se tuvieron en cuenta, por ser actuaciones de carácter estructural, los análisis coste-beneficio, exigidos por la Directiva 2007/60, durante los años 2018 y 2019, resultando favorables. En otras palabras, Rajoy cumplió todos los requisitos que exigía la normativa aprobada por Zapatero.
Ribera se avino a la Ley de la Huerta de Ximo Puig
Sin embargo, con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez y al PSOE a La Moncloa, el proyecto quedó parado. Bajo su Gobierno no se iniciaron las obras ya proyectadas, ya incluidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) y ya analizadas desde el punto de vista coste-beneficio. En cambio, la CHJ, con la entonces ministra Teresa Ribera y con Miguel Polo a la cabeza, reconoce que no ejecuta las obras proyectadas hace más de 15 años y con todos los trámites hechos, sino que empieza la redacción de nuevos proyectos distintos de los anteriores.
Esta revisión se hizo con el doble objetivo de incluir «medidas de integración paisajística y correctoras de los impactos generados en función del análisis paisajístico», así como de adaptación a «la afección al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia, y valorando los reparos que se estaban poniendo desde el Consell de l´Horta». Esta última cuestión alude a la legislación aprobada por el Pacto del Botànic de Ximo Puig y Compromís. En esta situación, se llegó a la dana acontencida el pasado octubre.
