La Policía estalla por la cesión a Cataluña: «Es ilegal y un riesgo para la seguridad nacional»
Afirman que la «cogestión» fronteriza choca con la Constitución y solo generará descoordinación y conflictos funcionales

Un mosso, en una imagen de archivo. | EP
El pacto entre PSOE y Junts para que el Gobierno delegue las competencias en materia de inmigración a Cataluña ha incendiado la Policía Nacional. La proposición de ley que han registrado en el Congreso socialistas e independentistas pretende incorporar a los Mossos d’Esquadra a las actividades policiales en las fronteras ubicadas en la comunidad autónoma, y además hacer copartícipe a la Generalitat de las funciones migratorias como la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); la devolución de aquellos que tengan prohibición de entrada al país, o la expedición del NIE. Una serie de cesiones que, critican fuentes policiales, suponen un «golpe mortal» a los cometidos que desarrolla la Policía, y, advierten, son «ilegales» porque colisionan con «el marco normativo nacional y debilitan la seguridad del Estado».
Ambas formaciones políticas, PSOE y Junts, han justificado la cesión sobre la base del artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir a las comunidades autónomas «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» que por su propia naturaleza «sean susceptibles de transferencia o delegación». Frente a esto, sin embargo, las fuentes policiales defienden que las competencias en inmigración pertenecen en exclusiva a la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como establece en el artículo 12 la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha defendido recientemente el ministro del Interior. Denuncian que la cesión no obedece a un plan para mejorar o reforzar la protección de las fronteras, sino a un pacto político para sustentar al Ejecutivo, por lo que no hay razón para modificar las citadas competencias.
En un comunicado conjunto, la mayoría de asociaciones profesionales y sindicatos policiales han rechazado la proposición de ley y han convocado una protesta el próximo 12 de marzo frente al Congreso de los Diputados para rechazar la modificación de competencias. «La legislación europea establece claramente que la gestión de la extranjería y la protección de las fronteras comunes es competencia de los cuerpos estatales de seguridad, garantizando un control uniforme en todos los países miembros. Cualquier medida que pueda alterar este equilibrio debe ser evaluada con rigor, considerando su impacto en la seguridad y el marco jurídico comunitario».
«Una estrategia de desmantelamiento»
Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, critica que el acuerdo entre PSOE y Junts supone «un nuevo ataque frontal al Estado de derecho, una vulneración flagrante de la Constitución y un paso más en el desmantelamiento de la presencia de la Policía Nacional en Cataluña». Esta organización policial insiste en que la inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, tal y como establece la Constitución y la ley de las fuerzas de seguridad. Aun así, denuncian, el «Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve en la proposición de ley una «nueva maniobra para erradicar a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña», dentro «de una estrategia de desmantelamiento que comenzó hace años y que ahora se acelera con esta transferencia». Recuerdan que una de las principales funciones de la Policía Nacional en la comunidad autónoma es la gestión de extranjería, de modo que «el traspaso es un ataque directo al trabajo de los policías y una rendición ante el separatismo».
Esta organización policial insiste en que la legislación europea es clara y todos los países miembros respetan el marco legal común, siendo competencias exclusivas en todos los cuerpos estatales todas aquellas relacionadas con la extranjería y la protección de las fronteras comunes. «Esta propuesta independentista al Gobierno es totalmente inadmisible, por su incongruencia jurídica, por el riesgo que supondría a la seguridad nacional y por la falta de encaje en el espacio común europeo».
Piden la dimisión del ministro
La Confederación Española de Policías (CEP) pone en el centro de las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien le piden la dimisión después de haber afirmado que la cesión de las competencias no era posible por pertenecer al Estado. «Será el primer primero de los 15 titulares de ese departamento que va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo por los sucesivos Gobiernos de nuestra democracia».
Por otro lado, esta organización policial argumenta que la incorporación de los Mossos a los cometidos que pretende la nueva ley —seguridad en puertos y aeropuertos, fronteras y la gestión de los CIE— no obedece a un análisis de necesidades operativas o de un pacto de Estado para la modificación del modelo de seguridad pública de nuestro país, sino más bien «a la aritmética parlamentaria» y al «chantaje competencial» que los independentistas catalanes reclaman en sus negociaciones con el Gobierno.
Descoordinación en la «cogestión fronteriza»
«La obsesión de estos últimos con expulsar a la Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña roza lo patológico y demuestra que la seguridad de los catalanes es lo de menos». Se trata de la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de criminalidad de toda España y la Generalitat, advierte este sindicato, «no ha logrado revertir esa grave situación con sus propios medios, más allá de arrancar al Estado sucesivos incrementos de agentes autonómicos», hasta 22.000, en una Junta de Seguridad en 2021; hasta 25.000, en la Junta de Seguridad de diciembre de 2024; y hasta 26.800, según el último acuerdo.
Para la Unión Federación de Policías (UFP), asignar la misma competencia a distintos cuerpos policiales y pretender la nueva norma con la «cogestión fronteriza de Mossos, Policía y Guardia Civil es un «despropósito operativo que solo generará descoordinación y conflictos funcionales». La Policía Nacional, explica esta organización, lleva años gestionando «eficazmente» el control migratorio en todo el territorio nacional, y ahora «se impone una estructura paralela en Cataluña que no hará sino multiplicar errores y problemas».
Además, advierten de que Barcelona es una de las principales puertas de entrada a España y Europa, lo que convierte su control fronterizo «en un asunto de interés nacional y comunitario». «Un extranjero que entra por Barcelona puede desplazarse libremente por todo el territorio, lo que hace absurdo que un policía autonómico tenga control sobre su situación en lugar de la Policía Nacional. La seguridad de todo el país no puede depender de una estrategia de fragmentación política», censuran desde la UFP.