Marlaska niega la cesión migratoria: «El control de fronteras sigue siendo de la Policía»

Casi una semana después de que se conociese el pacto entre PSOE y Junts para la cesión de inmigración a Cataluña, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha roto su silencio sobre el asunto negando, directamente, que vaya a haber una cesión que vaya a afectar a las competencias que atribuidas exclusivamente su departamento. «La Policía y la Guardia Civil seguirán realizando las mismas funciones que tienen hasta ahora. No hay gestión en el control de fronteras ni tampoco de los flujos migratorios irregulares», ha señalado Marlaska, en declaraciones a los medios tras presidir el acto de homenaje con motivo de la conmemoración, mañana 11 de marzo, del Día Europeo de las víctimas del terrorismo.

Tras pedir una «lectura sosegada» del acuerdo migratorio, el ministro del Interior ha querido dejar claro en su primer pronunciamiento público sobre este pacto que no existe «ninguna cesión en el control de fronteras» y que éste se enmarca en «ampliar las capacidades de autogobierno» de Cataluña para «ser más eficaces en la prestación del servicio público». «Siempre con cooperación y coordinación y nunca con confusión de competencias», ha reiterado el ministro que ha sido tajante: «La Policía Nacional será quién acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes. Los Mossos d’Esquadra actuarán en fronteras en el marco de las competencias que finalmente reseñe esa proposición».

Respecto al control de los flujos migratorios irregulares, el ministro ha explicado que tampoco existe ninguna cesión y que la proposición de ley de PSOE y Junts «no modifica nada sobre la situación actual», porque la sanción que conlleva esta irregularidad es la expulsión, una competencia de la Administración General del Estado». «La Policía Nacional seguirá acordando quién entra y quién no a territorio español», ha señalado. Otra cosa, ha añadido Marlaska, son las devoluciones que no exigen un expediente, por ejemplo, de quienes tienen prohibido entrar en territorio nacional o a quienes se les sustituye la pena de prisión por una expulsión del país.

Respecto al control de los flujos migratorios irregulares, el ministro ha explicado que tampoco existe ninguna cesión y que la proposición de ley de PSOE y Junts «no modifica nada sobre la situación actual», porque la sanción que conlleva esta irregularidad es la expulsión, una competencia de la Administración General del Estado». «La Policía Nacional seguirá acordando quién entra y quién no a territorio español», ha señalado. Otra cosa, ha añadido Marlaska, son las devoluciones que no exigen un expediente, por ejemplo, de quienes tienen prohibido entrar en territorio nacional o a quienes se les sustituye la pena de prisión por una expulsión del país.

Reunión del PP

Se trata de la primer pronunciamiento público que hace el titular de Interior después del enfado que ha suscitado entre todas las asociaciones y sindicatos policiales el pacto para ceder las competencias en materia de extranjería y fronteras a la Generalitat. Hace un año, Marlaska negó el acuerdo que ahora exhibe el partido independentista. «Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado, por lo tanto, corresponde a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. No puede haber ningún traslado de competencia en esa materia tan importante como es el control de las fronteras, vuelvo a decir, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Ese es un tema, además, de cobertura constitucional», señaló. 

Lo cierto es que el acuerdo sí plantea una transferencia de funciones. Pretende incorporar a los Mossos d’Esquadra a las actividades policiales en las fronteras ubicadas en la comunidad autónoma, y además hacer copartícipe a la Generalitat de las funciones migratorias como la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); la devolución de aquellos que tengan prohibición de entrada al país, o la expedición del NIE. Una serie de labores hasta ahora en manos de la Policía Nacional.

Este lunes las organizaciones policiales se han reunido con el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para trasladarle su preocupación por la cesión y buscar futuras vías para frenar la proposición de ley. Los policías y guardias civiles critican que no puede haber diferentes políticas migratorias dentro de un mismo territorio y que la propuesta que se pretende implantar en Cataluña no solo es un «disparate jurídico«, sino que responde a «un interés político que generará desigualdades y conflictos en la gestión migratoria dentro del país». Los sindicatos han advertido que recurrirán a la vía judicial para impedir la delegación. Por parte del PP, han trasladado a los agentes, se baraja interponer un futuro recurso anticonstitucional si sale adelante la ley.