La crisis de la vivienda pasa de las ciudades a los pueblos por las segundas residencias

La torre en el pueblo o el apartamento en la playa es algo que cada vez menos españoles pueden permitirse. Aunque todavía quedan cerca de tres millones de segundas residencias en nuestro país, numerosas familias que viven en ciudades han decidido convertir en su domicilio habitual estos inmuebles ubicados en zonas turísticas ante el prohibitivo precio del ladrillo en las grandes urbes.

Es difícil cuantificar esta tendencia, porque en la mayoría de los casos no se formaliza en ningún trámite oficial el cambio de uso de la vivienda, pero algunos municipios de veraneo han visto incrementado de forma muy significativa su censo. Desde la Costa Brava a la del Sol, son muchos los pueblos que han registrado aumentos poblacionales que difícilmente pueden ser explicados únicamente por su crecimiento económico o la construcción de obra nueva, que en la mayoría de casos se ha dado, pero a un ritmo inferior.

Hay dos procesos paralelos que pueden haber contribuido a este desplazamiento del piso urbano al apartamento vacacional. En primer lugar, las familias que envejecen y, al llegar a la jubilación, prefieren retirarse en un lugar más tranquilo. Pero cada vez se da más un segundo caso: los hijos crecen y, al intentar independizarse, se topan con los exorbitados precios de la vivienda en las grandes metrópolis, por lo que se instalan de forma permanente en la segunda residencia familiar.

Las crecientes tensiones en el mercado inmobiliario urbano han llevado en muchos casos a tirar de la bolsa de segundas residencias que hay en España, una de las mayores de Europa: son el 14% de los inmuebles en propiedad, porcentaje que duplica el de Italia o Grecia y que solo supera Malta. La Costa Blanca es la de mayor concentración de esta tipología de vivienda: Alicante lidera el parque nacional con 326.705 propiedades, seguida de Valencia, Málaga y otras provincias costeras como Gerona.

«El Rincón de la Victoria, al este de Málaga, ha sido tradicionalmente de segundas residencias, pero con el boom inmobiliario antes de 2008, se convirtió en una ciudad dormitorio, aunque seguía manteniendo una bolsa de vivienda de veraneo», explica Mario Garnica, director de Engel & Völkers en Málaga. «Hemos notado que los hijos que están en situación de independizarse no les da y se instalan en la segunda residencia de sus padres», añade el consultor inmobiliario, que describe una situación que «hace que salgan menos viviendas disponibles y encarece la oferta al ser escasa y la demanda, importante».

Otro de los lugares en los que esta tendencia se da de manera más acelerada es Cataluña. Pocas ciudades han sufrido un encarecimiento tan rápido de la vivienda como Barcelona, que desde 2019 ha perdido 12.500 alumnos escolarizados, no solo por la caída de la natalidad, sino también por las familias que huyen de los elevados precios de la vivienda. Desde 1998 se ha disparado la población permanente en algunos pueblos que antes solo se llenaban en verano.

Eso ha ocurrido de forma clara en la Costa Brava. Lloret de Mar, con un aumento poblacional del 138%; en Playa de Aro, donde ha ascendido un 124%, o en Castelló d’Empúries (130%). Esto no solo ha ocurrido en el litoral gerundense, sino también al sur de la capital catalana, y no tanto en la primera corona metropolitana sino en la periferia más alejada, en poblaciones con servicio de trenes de Cercanías o bien comunicadas en coche para ir a trabajar a la ciudad. Hay ejemplos en la comarca del Garraf, con el censo de Sitges creciendo un 84%; o en el Bajo Penedés: El Vendrell (Comarruga) ha duplicado su población y Calafell la ha triplicado, mientras que en Cunit se ha disparado un 226%.

«En Tarragona o Calafell es una pasada, casi no vivía nadie hace 20 años y ahora encuentras a mucha gente mayor a punto de jubilarse», subraya Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario, que alerta de que esto «traslada la presión del problema de la vivienda de la ciudad a la playa» al reducir la oferta de segunda mano en el mercado en estas localidades. La socia del despacho AF Legis recuerda que «antiguamente, los apartamentos eran más básicos», mientras que actualmente «es igual que un piso de Barcelona, incluso a veces mejor porque son más amplios, y eso anima a la gente a vivir en estas localidades».

La abogada destaca que el parque residencial de reciente construcción en pueblos como Calafell, Cunit y Cubelles es de calidades altas, equiparables a los que se están levantando en Badalona, en la periferia norte de la capital catalana. Goenaga también apunta al teletrabajo como factor que ha contribuido al éxodo hacia las segundas residencias, del mismo modo que lo han sido «los alquileres por 5.000 u 8.000 euros» mensuales, que ya son una realidad en la Ciudad Condal. De hecho, considera que algunos de los que se han trasladado vivían como inquilinos en la ciudad y contaban con una pequeña propiedad para veranear, que se ha convertido en la de uso habitual cuando se han disparado los arrendamientos.

«Con la accesibilidad de la zona metropolitana habrá más gente que tomará esta decisión», augura Roger Medina, investigador económico del Instituto Ostrom. Opina que este cambio «no es malo per se», ya que «si hay tensiones en Madrid y Barcelona, puede tener sentido». Pone como ejemplo que el tren llega en 15 minutos de Sant Feliu de Llobregat a la capital catalana, algo que podría ocurrir en más municipios, y concluye que «una buena política de vivienda es una buena política de transportes e interconexiones», ya que permite distribuir la demanda.

Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de las patronales inmobiliarias Fadei y Amadei, señala que esta tendencia se produce «sobre todo en zonas turísticas y rurales», donde algunas familias «tienen casas vacías y sus hijos no tienen alternativa, ante los precios tan elevados en las grandes ciudades». Ve un impacto positivo porque sirve para «descongestionar las ciudades» y «revitalizar» los pueblos, pero alerta de que llenar según qué municipios puede ser un problema al no contar con suficientes servicios: «Hay poblaciones a las que va un médico una vez por semana», recuerda Gómez Huecas, que reclama «construir más vivienda» pública y «facilitar que la construcción sea más ágil» para aliviar el acceso a los inmuebles y que «la gente no tenga la necesidad de tener que hacer este uso de su segunda residencia para utilizarla como vivienda habitual».