Dos detenidos en Madrid vinculados al caso del exjefe de la UDEF que tenía 20 millones en casa
La Audiencia investiga un entramado criminal vinculado al narcotráfico y al mayor alijo de cocaína intervenido en España
Óscar Sánchez Gil, exjefe de la UDEF detenido.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a otras dos personas en el marco de la investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, que afecta al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, Óscar S.G., según ha informado Europa Press citando fuentes de la investigación.
Las detenciones se han practicado una semana después de la entrega voluntaria y posterior arresto de una pareja en El Campello (Alicante), vinculada a una empresa de frutas utilizada para gestionar la importación de 13 toneladas de cocaína incautadas el pasado noviembre en el puerto de Algeciras (Cádiz). Se trata del mayor alijo de esta droga interceptado en España y el segundo en volumen en toda Europa, según fuentes policiales.
La investigación, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, se centra en un entramado de sociedades que, presuntamente, facilitaban la introducción de grandes cantidades de estupefacientes en el territorio nacional. Entre los principales investigados se encuentra Óscar S.G., exresponsable de la UDEF en Madrid y exjefe del departamento de Antiblanqueo de la Policía Nacional en la capital.
20 millones ocultos entre las paredes de su casa
El inspector fue arrestado junto a su esposa —también agente de la Policía Nacional— después de que los investigadores localizaran 20 millones de euros ocultos entre las paredes de su vivienda, además de cerca de un millón de euros en metálico en su despacho en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según revelaron las pesquisas.
De acuerdo con el informe policial, Óscar S.G. habría colaborado activamente con la organización criminal dedicada al narcotráfico, proporcionando información sensible. A cambio de sobornos, introducía datos en los sistemas informáticos policiales para averiguar si los contenedores y empresas relacionados con la red eran objeto de investigaciones por parte de otras fuerzas de seguridad, lo que le permitía alertar a los cabecillas y garantizar el éxito de sus operaciones.
La causa, que sigue bajo secreto de sumario, apunta a un entramado de corrupción policial con ramificaciones en varias provincias españolas y conexiones internacionales.
