La abogada que intentó cambiar la versión de Pano fue inhabilitada por una «infracción grave»
La Junta de Gobierno del ICAM acordó suspenderla del ejercicio de la abogacía por el plazo de dieciséis días en 2023
La reunión del despacho IDBO con Meritxell Batet y el grupo parlamentario socialista.
La letrada Leticia de la Hoz, que ofreció un pacto a Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre los pagos a Ferraz, fue inhabilitada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tras cometer, según consta en el expediente disciplinario, una infracción grave contra las normas deontológicas de su función como abogada. Por ello, la Junta de Gobierno del órgano profesional acordó suspenderla del ejercicio de la abogacía por el plazo de dieciséis días en 2023, según consta en los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Esta letrada trabó relaciones con el PSOE en mayo de 2018, en una reunión con el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados que fue el germen para la constitución de la fundación Infancia Robada. Un colectivo, presidido por el padre de una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, Juan Cuatrecasas, cuya defensa en la causa ejerció Leticia de la Hoz, y cuya relación con el PSOE derivó en su fichaje de Cuatrecasas como número dos por La Rioja en las elecciones de noviembre de 2019.
En 2020, De la Hoz comenzó a llevar la defensa de Pablo (nombre ficticio) en un caso de abuso sexuales cometidos por religiosos. Sin embargo, la letrada dejó la defensa de su cliente sin ni siquiera informarle ni transmitirle, tal y como ha quedado acreditado en el expediente disciplinario, «la evolución del asunto encomendado». Una infracción grave recogida en el artículo 125.C del Estatuto General de la Abogacía Español. Además, la presunta víctima también denunció que había proporcionado información confidencial y sensible, que él mismo le había transmitido, a un tercero que no está relacionado con el procedimiento.
‘Dejación de funciones’
El cliente intentó contactar con la letrada a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre noviembre de 2021 y enero de 2022. Pero esta desapareció por completo y en febrero revocó, de manera oficial, el encargo de su defensa. Tras analizar las pruebas aportadas, el órgano disciplinario considera que ha quedado acreditado que la letrada ha incumplido sus obligaciones como profesional. Sin embargo, en cuanto a «la imputación referida a la vulneración de su deber de guardar secreto profesional, a la vista de las alegaciones formuladas, no puede considerarse suficientemente acreditado que emitiera documentos privados de su cliente a un tercero ajeno al asunto encomendado».
El informe concluye que «a pesar de que obra en las actuaciones la copia de un correo electrónico que un tercero remitió al denunciante en fecha 24 de febrero de 2022, alertándole de que tenía en su poder correos electrónicos que pertenecían al ámbito de la intimidad de este e informándole de que los mismos habían sido remitidos a su letrado por la que fuera su antigua abogada, Sra. de la Hoz Calvo; no es posible considerar este documento como prueba de cargo suficiente capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que asiste a la letrada, ya que no se ha llegado a aportar a este expediente prueba alguna que permita acreditar en qué fecha, supuestamente, recibió esa documentación privada». Por ello, archiva la causa en relación con la vulneración del deber de guardar secreto profesional y sanciona a la letrada en relación con la falta de información a su cliente.
Contrato con el Gobierno
Tal y como ha adelantado este periódico, el Gobierno firmó un contrato con la firma de la abogada Leticia de la Hoz. A cambio, se le ofreció la gestión del servicio web de cumplimiento normativo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), como se detalla en la página web oficial del organismo. Según las fuentes consultadas, este acuerdo, formalizado en febrero de 2024 tras la aparición del caso Koldo, es el primer contrato que la consultora financiera consigue con la Administración General del Estado, a pesar de las conexiones previamente reveladas entre el IDBO y altos funcionarios del Gobierno socialista.
Este servicio, adjudicado a IDBO, está relacionado con el Sistema Interno de Información del SEPE, que se encarga de recibir y gestionar las denuncias sobre posibles irregularidades dentro del organismo público. A través de un ‘canal ético’, el contrato tiene un valor de 33.446 euros anuales, con posibilidad de renovación por tres años. En la web oficial del SEPE se aclara que los datos recolectados serán gestionados por la empresa IDBO Consultants S.L.U., con CIF B87229506 y sede en la calle Serrano, 32. Allí fue donde Leticia de la Hoz y su socio Ángel Prieto se reunieron con Carmen Pano el 21 de febrero, cuatro días antes de su declaración ante el Tribunal Supremo. En esa cita, le ofrecieron un trato «en nombre del PSOE» con el fin de desvincular al partido de los hechos y evitar mencionar a Santos Cerdán.
