Alguien del Gobierno le pidió al CNI que espiara a Ábalos

La participación del CNI en el caso Ábalos es un hecho que, según su íntimo Aldama, ha reconocido hasta el propio exministro. El presidente Sánchez habría recibido un informe elaborado por el servicio secreto, como siempre en estos casos, reflejando las dos caras de su vida, la pública y la privada. En la primera, parece que habrían anotado «pagos raros», su participación en negocios conflictivos. Y en la segunda, su vida íntima, habrían señalado los temas personales que poco a poco estamos conociendo y que este medio ha liderado. Esta información no habría tenido realce si simplemente hubieran sido mujeres con las que estaba, pero adquiría importancia por la supuesta corrupción en los negocios que parecía entrañar. Y digo parecía porque los informes de este tipo del servicio de inteligencia no tienen un objetivo judicial, sino informativo, no buscan pruebas que un juez pueda utilizar para condenar a una persona.

La clave es quién del Gobierno ordenó a La Casa que efectuara una investigación sobre las actividades de un ministro y hombre fuerte del PSOE. ¿Quién escuchó las sospechas sobre estas actividades y puso en marcha la investigación? ¿Fue iniciativa de ella, de una tercera persona o del propio presidente Sánchez?

El servicio secreto no puede llevar a cabo este tipo de actividades sin una orden previa del Gobierno, al que no le gusta aparecer como que incita a investigar a personas privadas y, mucho menos, a políticos. Pero este gobierno hace lo mismo que sus antecesores: utiliza a La Casa para garantizarse el buen comportamiento de las personas de su confianza y, en algunos casos, estar seguros de que alguien que van a nombrar para un cargo destacado, no tiene el techo de cristal por comportamientos dudosos llevados a cabo con anterioridad.

Vida pública, vida privada

Esa misma investigación integral sobre el ministro José Luis Ábalos empezó a realizarse de una forma oficial y organizada desde el final de la dictadura de Franco. En aquellos años, el CNI se llamaba Seced y decidieron crear un archivo, al que bautizaron como Jano, que terminó incluyendo miles de nombres de personas que por su carrera y proyección podrían llegar a destacar en sus labores en el futuro. De ese modo, cuando el jefe del Estado Francisco Franco o el presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco le pedían al director José Ignacio San Martín, o a su sucesor Juan Valverde, un informe sobre un candidato a cualquier puesto, ellos tenían archivados todos los datos importantes y solo tenían que actualizarlos. 

Según explicó el propio San Martín, se trataba de un fichero completísimo de personalidades del régimen y de la oposición, así como de líderes de opinión y representantes de los grupos de presión existentes, llámense bancos, iglesia o sindicatos. 

Según mi amigo ya fallecido Manuel Rey, ex directivo del servicio de inteligencia, en 1977, cuando nació el Cesid, era una base documental compuesta por unas 10.000 fichas tabuladas y mecanizadas. Fue a parar a la División de Contrainteligencia del Cesid y lo almacenaron en la sede clandestina que utilizaban en la calle Menéndez Pelayo de Madrid, enfrente de El Retiro. Durante al menos once años Jano fue utilizado cada vez que era necesario y se tiene constancia de su actualización por la unidad operativa, entonces llamada Agrupación Operativa de Misiones Especiales.

Jano siguió activo en la etapa de González

En 1988 el Cesid erigió su sede actual junto a la A-6 –autovía de Madrid a A Coruña–, y el archivo se trasladó allí. El director Emilio Alonso Manglano ordenó que nadie, excepto él y quien contara con su autorización, pudiera tener acceso al mismo. A pesar de ello, durante su mandato se siguieron elaborando y actualizando los dosieres sobre distintas personalidades de la vida pública. 

Desde la llegada de Felipe González al poder en 1982 y de Narcís Serra al Ministerio de Defensa, el Cesid realizó informes sobre todos los militares que podían ascender a generales. El objetivo era evitar que franquistas o extremistas llegaran a la cúpula de las Fuerzas Armadas. También se hicieron informes relativos a banqueros como Mario Conde o empresarios del sector de la comunicación como el Conde de Godó o el amigo del rey Juan Carlos, el príncipe Tchokotua. Cuando el Gobierno estaba interesado en algún tema, el servicio de inteligencia investigaba a los protagonistas y archivaba el resultado de su trabajo. Porque los espías lo guardan todo y no tiran nada. De ahí el consejo que le dio el director de la CIA a su colega español, Félix Sanz, al poco de tomar posesión: «No bajes al archivo».

Los dosieres sobre personalidades de la vida pública siguieron. En 1998 el ya expresidente Felipe González fue claro en un mitin: «Sabemos que preparan algo para el 2000, pero les va a salir mal y se les volverá en contra». Semanas después se supo lo que ocultaba su mensaje. González se había enterado de que el servicio, dirigido por Javier Calderón, había elaborado un informe titulado «Purificación» en el que recomendaba prescindir de políticos y empresarios de medios de comunicación con un papel destacado en la Transición. Ese informe contenía interioridades de la vida pública y privada de destacadas personas, a las que consideraba amortizadas. Para conseguir su objetivo pretendía poner en marcha acciones de descrédito y procedimientos judiciales para «invitarlas» a salir de la primera línea de la vida nacional.

«Saber todo sobre él»

Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero solicitaron informes al CNI, siempre que lo consideraron prioritario, sobre algunas de las personas que estaban pensando en nombrar para desempeñar altos cargos en la Administración. 

El que fue ministro de Defensa entre 2004 y 2006, José Bono, reconoció que antes de designar a Félix Sanz Roldán como jefe del Estado Mayor de la Defensa, «pedí información al CNI sobre él y me hicieron un informe que decía que no tenía ninguna mancha ni despertaba animadversión». Y lo explicó: «Cuando vas a nombrar a alguien que va a mandar sobre 130.000 personas que tienen el monopolio de las armas, debes saber todo sobre él». 

La ministra de Defensa, Carme Chacón, también encargó al CNI informes sobre los candidatos que ella barajaba para sustituir a la cúpula de las Fuerzas Armadas que había heredado. Uno de ellos, sobre el que elaboraron un dosier que resultó muy positivo, fue Julio Rodríguez, posteriormente designado jefe de la cúpula militar, que años después se convirtió en el responsable en temas de defensa de Podemos.

Esta práctica siguió siendo habitual tras la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa. Desde que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mandó en el servicio, pidieron, al menos algunas veces, informes sobre determinados candidatos a cubrir vacantes en la Administración.