Se agrava la guerra en la mayor asociación de la Guardia Civil con un cruce de querellas
La dirección de Jucil se ha querellado contra los díscolos que han denunciando irregularidades en la contabilidad

Jucil, en una protesta policial frente a la Dirección de la Guardia Civil. | EP
El conflicto interno en la asociación mayoritaria de guardias civiles sube de intensidad. La cúpula de Justicia Guardia Civil (Jucil) ha decidido responder con contundencia a las acusaciones sobre presuntas irregularidades en su gestión financiera y ha interpuesto cinco querellas por injurias y calumnias contra los excargos de la asociación que han denunciado precisamente esos hechos. La organización ha anunciado esta acción jurídica cinco después de que los cinco díscolos interpusiesen otra querella en un juzgado de León contra el secretario general, Ernesto Vilariño, por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.
Esta batalla se remonta a hace dos meses, cuando un grupo de secretarios provinciales decidió hacer público un escrito en el que denunciaba, además de las citadas irregularidades contables relacionadas con la tarjeta de la asociación, la contratación de un bufete de abogados y una agencia de comunicación, vinculados al PSOE y a Ciudadanos, respectivamente, por parte de la dirección de la organización. Una serie de cuestiones que el comité nacional, según los díscolos, aunados bajo la plataforma Regeneremos Jucil, se negó a justificar pese a varios requerimientos. A esto se sumaba además el descontento por el cambio en la estrategia de comunicación y una nueva hoja de ruta alejada de la equiparación salarial.
Una de las querellas que ha interpuesto la dirección es precisamente contra su exsecretario de comunicación, Agustín Leal, que dimitió el año pasado tras desavenencias con la cúpula y ahora apoya la batalla judicial contra esta última. Las otras cuatro van dirigidas contra dos secretarios provinciales y otros dos miembros de la organización. A juicio de Jucil, estas personas «han orquestado una campaña pública de desprestigio» contra la organización de guardias civiles. Por otro lado, aseguran «que no existe causa alguna abierta contra ellos», habida cuenta de que el juzgado de León «solo se ha limitado a realizar diligencias previas».
«Campaña de agitación» contra Jucil
Jucil asegura que tanto el «comité ejecutivo nacional como su secretario general, Ernesto Vilariño, cuentan con el respaldo de la red de secretarios provinciales, quienes han firmado un documento en contra de la actuación de Agustín Leal y las otras personas implicadas en la campaña de agitación contra la actual dirección, de la que el propio Leal formó parte hasta su dimisión el pasado mes de diciembre». En este sentido, además, recuerdan que pese a que las primeras denuncias partían de una plataforma integrada por 21 secretarios, «ahora solo quedan cinco».
La dirección también recuerda que, como parte del proceso que se inició a principios de año, los cinco díscolos han sido expedientados y apartados de sus funciones «conforme a los estatutos por actos de deslealtad que forman parte de una causa disciplinaria actualmente en curso». De hecho, ninguno de ello pudo asistir a la asamblea extraordinaria celebrada en Madrid en marzo en la que se trató este asunto. La asociación pone el foco especialmente en el exsecretario de comunicación, Agustín Leal, el cual ya «ha sido objetivo de varios expedientes disciplinarios por parte de la Dirección de la Guardia Civil, algunos de los cuales sigue su curso en la actualidad».
«Pagos en una joyería»
El citado grupo de cargos regionales decidió iniciar el conflicto que mantiene contra la dirección de Jucil después de que, según explicaron a este periódico, el comité nacional se negase a aportar la distinta documentación que le habían exigido en una misiva el pasado 16 de diciembre para poder fiscalizar las finanzas de la asociación y del responsable durante los últimos cuatro años tras distintas sospechas de posibles irregularidades. A juicio de la asociación, sin embargo, las citadas acusaciones ya fueron «objeto de debate y explicación en una reunión informativa con los secretarios regionales a finales de año, siguiendo los cauces establecidos en los estatutos».
La denuncia recoge «numerosas anomalías en la gestión económica». Entre ellas, el uso de la tarjeta corporativa de Jucil para cubrir gastos personales, incluyendo «alojamiento en hoteles, restaurantes y compras en comercios no relacionados con la actividad de la asociación». En concreto, «pagos en joyerías», según advierten. También la supuesta «manipulación de los registros contables para justificar gastos personales como reuniones de trabajo»; la «duplicación de gastos en repostajes y comidas sin justificación en la actividad de la organización» y la «omisión de ciertos gastos en los informes contables oficiales, impidiendo su correcta fiscalización».