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España

Inquietud en Policía y Guardia Civil porque Huawei almacena sus escuchas telefónicas

El contrato se renueva anualmente desde que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder

Inquietud en Policía y Guardia Civil porque Huawei almacena sus escuchas telefónicas

Fernando Grande-Marlaska. | Efe

Preocupación en las filas de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el sistema informático en el que se almacena el respaldo de las escuchas telefónicas que realizan en el marco de investigaciones judiciales. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la plataforma de almacenamiento del sistema de interceptación de telecomunicaciones (Sitel), utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), opera actualmente con servidores de cifrado de datos fabricados por multinacional china Huawei. Una compañía que los servicios de inteligencia occidentales vinculan al espionaje estatal chino, lo que ha encendido las alertas en los cuerpos policiales por el tratamiento de datos considerados de «muy alta sensibilidad».

«Se trata de información extremadamente delicada, directamente relacionada con la seguridad nacional», subrayan fuentes policiales consultadas por este medio. El vínculo con Huawei se mantiene desde aproximadamente el año 2005, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno. Desde entonces, se renueva de forma periódica, con la tecnológica china como proveedora de infraestructura para el almacenamiento de estas comunicaciones intervenidas. Los primeros convenios fueron con Huawei Symantec Technologies Co. Ltd., con sede en Chengdu, China. Huawei poseía el 51% y Symantec el 49% de la empresa. Pero, en 2012, Huawei adquirió la participación del 49% que tenía Symantec por aproximadamente 530 millones de dólares, convirtiéndose en el único propietario de la empresa conjunta. Fue en ese año, explican las fuentes consultadas, cuando el Gobierno -entonces del PP- decidió encargar la gestión de este almacenamiento cifrado a otras compañías. Pero con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, Huawei retornó a esta plataforma.

El sistema Sitel permite a las unidades de investigación, previa autorización judicial, interceptar llamadas y mensajes de personas bajo sospecha, conocer en tiempo real la identidad de los interlocutores y monitorizar la ubicación de los dispositivos intervenidos. Estas herramientas han sido fundamentales en investigaciones de alto impacto en la seguridad nacional, como las grandes operaciones contra el narcotráfico o las pesquisas que llevaron a la detención de implicados en los atentados del 11-M. Pero también se utiliza para investigaciones de corrupción política como el caso Koldo.

Grabaciones sensibles

En el caso de la Policía, las escuchas telefónicas, una vez efectuadas y registradas, quedan almacenadas en los Centros de Proceso de Datos (CPD) del Cuerpo Nacional de Policía. Están ubicados en dependencias de El Escorial, en el complejo policial de Canillas (sede de la Comisaría General de Información) y en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior. Todos ellos están equipados con infraestructura tecnológica de Huawei. Allí permanecen a disposición de la autoridad judicial y bajo estrictas condiciones de custodia durante años.

Es ahí donde entran en funcionamiento las máquinas de Huawei. Estos centros de procesos de datos operan con unas cabinas de almacenamiento -una especie de granjas de discos duros con miles de gigas de capacidad-, que utilizan cifrado de datos y pueden compartir gran cantidad de información entre centros a cientos de kilómetros de distancia en apenas segundos. La plataforma de almacenamiento y respaldo que se utiliza actualmente, según ha podido confirmar documentalmente THE OBJECTIVE, es el OceanStor 6800 V5, fabricado por Huawei.

Documentación de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre SITEL.

La documentación sobre el sistema Sitel está protegida como confidencial incluso en los concursos de adjudicación pública. Una forma de proteger una infraestructura tan crítica, no dejando datos técnicos al acceso de grupos criminales. Sin embargo, algunas adquisiciones para mejorar las capacidades del sistema de almacenamiento sí pasaron ese filtro de seguridad, como por ejemplo el expediente 10000380072701, firmado por el Ministerio del Interior en mayo del pasado 2024 para ampliar la capacidad de almacenamiento de estos servidores de respaldo.

Pese a que no se publican los pliegos, THE OBJECTIVE ha tenido acceso al documento de invitación que se envía a las empresas y UTE que tienen solvencia técnica y experiencia previa demostrada para acceder a contratos de este nivel de singularidad. En ese documento se especifica que Sitel trabaja efectivamente con ese sistema Huawei OceanStor 6800 V5.

Fuentes policiales precisan que las grabaciones se almacenan en estos sistemas de forma íntegra, tal y como fueron interceptadas, y su conservación depende del curso del procedimiento penal. Cuando estas intervenciones se admiten como prueba en un juicio y este concluye con una sentencia firme condenatoria, pasan a formar parte del expediente judicial. En ese caso, quedan sometidas a los plazos de conservación que marca la Ley de Archivos Judiciales, que oscilan habitualmente entre cinco y diez años, según la gravedad del delito y el tipo de proceso.

Por el contrario, si la causa se archiva o el juez considera que la intervención no tiene valor probatorio, la normativa exige su destrucción inmediata, siempre mediante resolución judicial expresa. Esta medida busca proteger derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones y la intimidad de los ciudadanos.

Huawei y el blindaje tecnológico de Interior

El uso de tecnología de Huawei en un ámbito tan crítico como el de las telecomunicaciones policiales se produce a través de un contrato adjudicado por el Ministerio del Interior a Telefónica y otras compañías tecnológicas para reforzar las comunicaciones del Estado. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska adjudicó, sin publicidad y por procedimiento negociado, un contrato valorado en más de 173 millones de euros para la gestión integral de las comunicaciones fijas, móviles y el acceso a redes públicas y privadas nacionales e internacionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El contrato se divide en tres grandes lotes: el primero, y más cuantioso, fue adjudicado a Telefónica por 134,5 millones de euros para el despliegue de servicios sobre la red de datos; el segundo, de 12,4 millones, quedó en manos de Capgemini España, que coordina una Oficina Técnica de soporte; y el tercero, valorado en 26,3 millones, fue concedido a una UTE entre TSOL y TRC, que se encargará del mantenimiento y blindaje tecnológico de los sistemas policiales.

Aunque Telefónica es la encargada de realizar los pinchazos telefónicos, Huawei sigue siendo un actor estratégico en la parte técnica más sensible: el almacenamiento de datos de esas escuchas judiciales. Una presencia que no pasa desapercibida en el actual clima geopolítico, con crecientes tensiones entre los gobiernos occidentales y China en el terreno de la ciberseguridad. Y especialmente con las sospechas de que Huawei pueda dejar puertas abiertas en sus máquinas para que sean explotadas por los servicios de inteligencia chinos.

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