Problemas para la Guardia Civil: sus pistolas solo sirven con las balas del contrato israelí

El Gobierno da marcha atrás en la compra, ya formalizada, de balas israelíes calibre 9×19 mm. para sus armas cortas. Las presiones de sus socios de Gobierno han provocado que Pedro Sánchez ordene la cancelación del contrato con el fabricante israelí, al que podría tener que pagarle íntegramente los 6,8 millones de euros consignados para 15 millones de balas. Pero los problemas que genera esta decisión van más allá de lo mero económico: afecta directamente a la seguridad ciudadana. En los test de laboratorio que realizó el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil sobre todas las marcas de munición que se presentaron al concurso, las balas israelíes fueron las únicas que pasaron la prueba. El resto se encasquillaban cuando eran puestas a prueba en las nuevas pistolas reglamentarias Ramon, también de fabricación israelí, tal y como consta en las actas técnicas de laboratorio a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Eso supone dejar sin munición de arma corta a cuerpos de élite de la Guardia Civil como los GRS o las Usecic, unidades en las que se repartieron las 7.000 pistolas israelíes –ya polémicas en el momento de su compra-.

Los test que la Guardia Civil realizó sobre todas las balas que se presentaron al polémico concurso ahora anulado tuvieron lugar en los laboratorios de la Oficina de Ingeniería y Control de Calidad del Servicio de Armamento, ubicados en Madrid. Se realizaron entre el 3 y el 9 de julio de 2024. Dos semanas después, de ese banco de pruebas salió un informe técnico, firmado por un comandante Ingeniero de Armamento con fecha de 24 de julio de 2024 y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que no dejaba lugar a dudas: las balas que ofertaba la ahora excluida Guardian Homeland, fabricadas la israelí IMI Systems, eran las únicas que habían pasado el test crítico de «sensibilidad de la cápsula». El resto falló. No eran válidas para ser disparadas con las pistolas reglamentarias Ramon, ya que podrían encasquillarse y dejar expuestos a los agentes en situaciones de peligro en las que requieran el uso de sus armas de fuego.

En esencia, el problema detectado tiene que ver con la sensibilidad de la munición a la hora de ser percutidas. Las pruebas consisten en golpear su percutor de la bala con una bola de metal desde diversas alturas para que se dispare. De esa forma, se mide la fuerza necesaria para percutir la bala y se puede prevenir un disparo fallido, que podría ser letal para un agente en una situación de enfrentamiento. En algunas pruebas se llegaron a disparar 50 cartuchos de algunas marcas y ninguno de ellos se activó. Fueron selladas con el calificativo ‘NO CONFORME’.

Las balas fabricadas por la italiana Fiocchi Munizioni, la catalana Omena Technologies y la checa Sellier & Bellot no pasaron este test. La munición no se activó en todas las rondas realizadas. La conclusión de los técnicos de laboratorio fue clara: no cumplen los pliegos técnicos y deben quedar excluidas. En cambio, las fabricadas por la israelí IMI Systems, las ahora vetadas por exigencia de Sumar y complacencia del PSOE, sí se mostraron plenamente operativas cuando se utilizan con las armas reglamentarias de la Guardia Civil. Se les dio el visto bueno, fueron las únicas.

Veto del Gobierno

De esa forma, la Guardia Civil decantó la adjudicación del contrato a IMI Systems, a través del suministrador a nivel nacional Guardian Homeland -también vinculada a Israel-. Se requerían unos 15 millones de balas de nueve milímetros por un importe -sin IVA- de 6,8 millones de euros. El contrato fue adjudicado en noviembre, pero su publicación en medios provocó que los socios de Gobierno reclamasen a Moncloa y a Interior su anulación al tratarse de una empresa israelí y en plena campaña militar de Israel en Gaza.

El Gobierno accedió a la petición de sus socios y vetó el contrato. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recalcó entonces «el compromiso intacto del Gobierno de España de no comprar ni vender armamento a Israel». El contrato quedó en el limbo, guardado en un cajón, hasta el pasado viernes, Viernes Santo, cuando Interior formalizó el contrato. Lo hizo tras valorar que el fabricante exigía el pago del 100% del importe del contrato adjudicado al entender que no había causa objetiva para el desestimiento por parte de la Administración. Y también por el problema que surgía si se echaba atrás la adquisición: ¿a quién comprar balas para las 7.000 pistolas Ramon israelíes de la Guardia Civil que sólo funcionan correctamente con esa munición israelí, como demostró el laboratorio?.

La Guardia Civil, sin balas

El lunes saltó a los medios la noticia de la formalización del contrato. La adelantó El Confidencial Digital y provocó una intensa polémica al entender los socios del Gobierno que se había roto la promesa realizada de vetar las balas israelíes. Izquierda Unida llegó incluso a amagar con dejar el Gobierno de coalición. Finalmente, este jueves Moncloa ha vuelto a cambiar de opinión y ha decidido anular el contrato, a pesar de las consecuencias económicas y operativas que tiene para la Guardia Civil.

Cabe recordar que los 15 millones de balas van destinados a todas las armas cortas que tiene en servicio la Guardia Civil, no solo para las de fabricación israelí. Sin embargo, optar por otra munición que no sea compatible con estas 7.000 armas supone dejarlas prácticamente inservibles. Las armas fueron repartidas entre cuerpos de élite de la Guardia Civil como las Unidades de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). Dos unidades que por sus misiones, que incluyen antiterrorismo o lucha contra el narcotráfico, más requieren de armas operativas.