Interior busca tretas con la Abogacía para no tener que indemnizar a la empresa israelí

El Gobierno está en una encrucijada: se ha quedado sin 15 millones de cartuchos, calibre 9 mm. para la Guardia Civil y podría quedarse sin los 6,8 millones de euros que iba a pagar por ellos al fabricante israelí IMI Systems. Sin embargo, Moncloa y el Ministerio del Interior ultiman un plan para evitar pagar a la empresa por daños y perjuicios. El pasado jueves se produjo una reunión en Interior en la que se plantearon diversas soluciones y un ardid: retirarle la licencia general al contratista, alegando afectación del orden público y daño a los «intereses esenciales» del Estado. La Abogacía del Estado ya estudia fórmulas que lo permitan sin caer en un delito de prevaricación. Se espera que todo derive en un largo proceso en los tribunales.

Complejo escenario legal al que se enfrenta el Ministerio del Interior en relación con el contrato de suministro de balas anulado. El proveedor israelí no ha manifestado públicamente su intención de cobrar íntegro el importe de la adjudicación -los 6,8 millones sin IVA-, pero en el Gobierno asumen que así será. Ahora, Interior busca fórmulas para arreglar el desaguisado sin que sean las arcas públicas las que lo asuman, con el consiguiente desgaste político que lleva aparejado. El objetivo es no pagar ni un céntimo.

La búsqueda de soluciones comenzó el pasado jueves, según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE. Ese día se produjo una reunión en el Ministerio del Interior para analizar posibles salidas con el asesoramiento de la Abogacía del Estado. La que se maneja más abiertamente es la de no otorgar el permiso de importación de armamento que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria.

Se trataría de una propuesta arriesgada y radical, ya que será complejo -o imposible- demostrar que el licitador y su actividad con España puede perturbar el orden público o afectar a la seguridad del Estado. Más teniendo en cuenta que es una empresa que licita desde hace años con el Ministerio de Defensa y de Interior para el suministro no solo de armamento, sino también de material policial.

En cualquier caso, fuentes de Interior asumen que lo más probable es que el asunto termine judicializado en un contencioso-administrativo que puede alargarse durante años. Las mismas fuentes, involucradas en esta reflexión que se realiza en Interior estos días, aseguran que la posibilidad de enfrentarse a un proceso largo y costoso en los tribunales puede llevar al proveedor, Guardian Homeland, a buscar un acuerdo entre las partes y minimizando el pago por perjuicios.

Lo que sí preocupa en Interior es la posibilidad de que los cargos que firmen la anulación del contrato puedan incidir en un posible delito de prevaricación. Y ya no solo la anulación, sino el mecanismo que se elija para buscar minimizar la indemnización a la empresa israelí, en caso de que se opte por revocar su licencia de importación.

Más contratos pese al veto

«El compromiso del Gobierno de España de no comprar ni vender armamento desde el 7 de octubre de 2023 sigue vigente», afirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Un día antes, el Gobierno había comunicado la apertura del proceso para rescindir la compra de cartuchería destinada a la Guardia Civil a IMI Systems y la exclusión de compañías israelíes de otros procedimientos de contratación abiertos.

El Gobierno de Pedro Sánchez comunicó el 29 de octubre de 2024 la suspensión del contrato para adquirir munición de 9 milímetros adjudicado a la empresa israelí IMI Systems. Además, anunció que esta compañía quedaría fuera de futuras licitaciones. Sin embargo, pese a este compromiso, el Ejecutivo formalizó el acuerdo la semana pasada y se ha visto obligado a anularlo, enfrentándose ahora a una posible indemnización de 6,8 millones de euros debido a la presión de sus socios.

No obstante, la ruptura del compromiso no es reciente: ya en diciembre, apenas unos días después de su anuncio, el Gobierno adjudicó un contrato a Elbit, la empresa matriz de IMI Systems, para suministrar piezas de morteros al Ejército de Tierra. Esta adjudicación fue aprobada apenas 15 días después de declarar que no firmaría nuevos contratos de armamento con Israel.

El compromiso, sin embargo, duró poco. Un mes después, el 1 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa firmaba un contrato de «servicios de reparación y mantenimiento de sistemas de armas» destinado a la adquisición de piezas para el mortero Cardom. Un arma que fabrica Elbit, adjudicataria de este contrato, que a su vez es matriz de IMI Systems. La división especializada en munición a la que el Gobierno había vetado apenas unas semanas atrás. La autorización de gasto se produjo incluso antes, el 14 de noviembre. Apenas 15 días después de aquel tajante Consejo de Ministros.