Interior abandona la red ferroviaria en el campo: «Antes había una vigilancia constante»

El robo de cableado de cobre que dejó sin servicio durante horas la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla ha revelado el gran problema que padecen las zonas rurales en España para hacer frente a la criminalidad. El recorte de guardias civiles, encargados de velar por la seguridad de los pueblos y las extensiones agrarias, hace ahora imposible la labor de prevención que los agentes realizaban en la red ferroviaria hace una década. «La situación comenzó a agravarse hace unos ochos años. Antes, se hacían vigilancias de las vías para prevenir todo tipo de delitos: robos, sabotajes, atentados terroristas… Había un servicio constante; ahora es imposible por el déficit de personal», revela el secretario provincial de Jucil en Toledo, Pedro Rodríguez. 

Castilla-La Mancha y, en concreto, la provincia toledana, se han convertido en los últimos años en la gran plaza de las bandas especializadas en el robo de cobre. La comunidad autónoma fue, con 799 hechos conocidos, la que más casos registró en 2024, según los datos del Ministerio del Interior. Por este motivo, la sustracción de metal que se produjo en cinco puntos distintos de tramo ferroviario el domingo pasado entre los términos municipales de Los Yébenes y Manzaneque no ha sorprendido entre las fuerzas de seguridad. «Hay muchas bandas locales pero también otras que vienen desde el sur de Madrid por la cercanía. Al final es un robo relativamente sencillo, en campo abierto, y con gran beneficio, porque el precio que se paga es alto. En la ciudad es completamente distinto», explica Rodríguez, en conversación con THE OBJECTIVE. 

Las condiciones que entraña la provincia son óptimas para este tipo delictivo. Los ladrones se aprovechan de la escasa presencia de guardias civiles y los robos son cada vez más habituales, advierten fuentes de la Benemérita. No solo de cobre, sino de cualquier tipo. «En la Comandancia de Toledo se calcula que faltan entre 250 y 300 agentes para cubrir todos los servicios de seguridad ciudadana», explica este guardia civil. En cualquier caso, el verdadero problema es la dispersión de la población. Según cuenta el delgado de Jucil, hay ocasiones en las que hay una patrulla, esto es, dos agentes, para cubrir comarcas en las que viven 70.000 personas. 

Un problema extendido

El cierre de puestos de la Guardia Civil y la reducción del horario de apertura de otros muchos han ido configurando este escenario a causa de la despoblación, de la migración de las zonas rurales a las ciudades. Y es que lo que ocurre en esta región no es aislado, sino un problema extendido en prácticamente todo el país. Numerosas localidades acumulan robos, hurtos y otros delitos que son difíciles de atender a tiempo por la distancia que los agentes deben recorrer para acudir al lugar. Más aún cuando suele haber un par de agentes disponibles para hacer ese trabajo. Caspe (Zaragoza) es otro ejemplo. Este municipio aragonés de 10.000 habitantes ha padecido un incremento de criminalidad mientras descendía drásticamente su plantilla de agentes locales y de guardias civiles.

En febrero solo estaban en activo tres agentes locales, dos de ellos en prácticas. El 80% de la plantilla se encontraba de baja por ansiedad. Y muchos de ellos se planteaban estudiar ya otras oposiciones para trabajar en otro cuerpo municipal. En cuanto a la Guardia Civil, encargada de cubrir otros cuatro pueblos en la misma zona —es decir, miles de habitantes más—, tardaba de media unos 30 minutos en acudir tras un aviso. En cuestión de dos meses, Caspe concatenó 15 robos violentos, peleas, riñas y un aumento considerable de tentativas de allanamiento de morada. «Es algo totalmente lógico, a menos vigilancia, más delincuencia. No solo ocurre en Toledo, sino en la mayoría de provincias», advierten fuentes de la Guardia Civil.

La reorganización de los cuarteles de Interior

Las asociaciones del instituto armado han denunciado esta problemática ante el Ministerio del Interior en numerosas ocasiones, sin que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska haya atendido sus demandas. De hecho, recientemente, la Justicia ha tumbado el plan que la Dirección General de la Guardia Civil aprobó en diciembre de 2023 a través de una orden general para reorganizar el personal de los puestos rurales en el instituto armado, habida cuenta del déficit de agentes que existen en las zonas rurales, Entre las medidas más polémicas estaba la de que los jefes de los puestos y acuartelamientos desempeñasen, además sus funciones de gestión y organización, labores de seguridad ciudadana, es decir, patrullar y resolver incidencias en la calle. 

La asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil, Jucil, recurrió esta disposición. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado su demanda anulando la orden general, que ya se había impuesto en distintas compañías y puestos territoriales. Además de los cambios que suponía en la estructura operativa y organizativa, esta organización motivó su recurso en un error de procedimiento. 

Respecto al caos ferroviario del pasado domingo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orgaz (Toledo) ha abierto diligencias previas para investigar los hechos tras recibir el atestado de la Guardia Civil sobre la sustracción del cableado en cinco puntos de la línea ferroviaria que une Madrid y Sevilla. Los investigadores apuntan a un robo con fuerza, lo que alejaría las sospechas de un sabotaje, que todavía mantiene el Ministerio de Transportes. Según publicó este periódico, los investigadores descartan ya la tesis del boicot y apuntan un delito común perpetrado por bandas criminales «que operan habitualmente en la zona».