Interior mantiene activo el contrato de las balas israelíes a 24 horas del fin del plazo de ejecución

Sepultado bajo el manto de las últimas polémicas políticas, el negocio de las balas israelíes que estuvo a punto de provocar una voladura interna en Sumar sigue activo. El Gobierno apura los plazos del contrato con una empresa israelí para el suministro de 15 millones de cartuchos calibre 9mm para la Guardia Civil. El jueves finaliza el plazo de ejecución dado al contratista para que entregase el material, cuya llegada a España se ha bloqueado por parte del Ejecutivo. Al no entregarse, Interior puede asumir que se ha incumplido lo pactado e intentar no pagar ni siquiera una parte de los 6,8 millones de euros al adjudicatario, siguiendo una fórmula de la que ya informó THE OBJECTIVE.

Este jueves 15 de mayo expiran los 27 días de plazo de ejecución que el Ministerio del Interior dio al contratista de la munición israelí, Guardian Homeland Security, para iniciar las entregas del material adquirido. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario confirman que ni un solo cartucho de esta firma ha llegado hasta las instalaciones de la Guardia Civil «ni se espera que lo hagan».

El Gobierno no ha anulado oficialmente el contrato desde que se firmó el pasado 18 de abril. Para ello, debería haberlo notificado a través del Boletín Oficial del Estado, algo que no ha ocurrido. El Ejecutivo ha dejado correr el plazo que tenía la empresa adjudicataria para hacer efectiva la entrega de la munición. De esa forma, explican fuentes próximas a la gestión de este contrato, pueden esgrimir el incumplimiento de los plazos de suministro como causa del desistimiento por la parte estatal.

El retraso, explican las fuentes consultadas, se ha debido a las «trabas burocráticas» que impiden a la empresa cumplir los plazos. Una táctica que desgranó este diario y que en la Abogacía del Estado veían riesgos en este procedimiento, ya que podría incurrir en un delito de prevaricación por tomar decisiones a sabiendas de que no se ajustan a derecho, o de malversación por provocar un perjuicio a la Administración en caso de que, finalmente, deban afrontar indemnizaciones millonarias.

La búsqueda de soluciones comenzó apenas 24 horas después de que el Gobierno anunciase de nuevo que daba por anulado el contrato. Una nueva enmienda a Grande-Marlaska por parte de Pedro Sánchez. Al día siguiente de ese anuncio se produjo una reunión en el Ministerio del Interior para analizar posibles salidas con el asesoramiento de la Abogacía del Estado. La que se manejaba más abiertamente era la de no otorgar el permiso de importación de armamento que gestiona la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria.

En una de las partes afectadas, la Guardia Civil, el asunto se ve con otro prisma. En el instituto armado hay quien aún confía en que todo forma parte de una estrategia para dejar pasar el tiempo y calmar la polémica política. Asumen que las balas israelíes son las que necesitan las pistolas Ramon, también israelíes y suministradas por el mismo contratista, y que no hay opción B en el mercado ante este problema.

En el entorno de Guardia Homeland Security -la contratista- y en el de IMI Systems, la empresa fabricante de la munición, se ha extendido un manto de silencio desde que saltó la polémica. THE OBJECTIVE ha tratado infructuosamente de contactar con portavoces de estas firmas para conocer su versión de lo ocurrido y las «trabas burocráticas» que supuestamente les ha impedido ejecutar el contrato en los plazos firmados.

Las únicas balas posibles

Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá del impacto económico: comprometen de forma directa la seguridad ciudadana. En las pruebas de laboratorio realizadas por el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Guardia Civil, solo la munición de origen israelí superó los test. Las demás marcas presentadas al concurso mostraron fallos de funcionamiento, encasquillándose al ser utilizadas en las nuevas pistolas reglamentarias Ramon, también fabricadas en Israel, según recogen las actas técnicas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esto implica que unidades especiales como los GRS o las Usecic –que recibieron las 7.000 pistolas Ramon, ya polémicas desde su adquisición– podrían quedarse sin munición adecuada para sus armas cortas.

Las evaluaciones técnicas se realizaron entre los días 3 y 9 de julio de 2024 en los laboratorios de la Oficina de Ingeniería y Control de Calidad del Servicio de Armamento, situados en Madrid. El informe final, firmado el 24 de julio por un comandante ingeniero especialista en armamento, fue concluyente: solo las balas ofertadas por la firma israelí IMI Systems, a través de la empresa Guardian Homeland –ahora descalificada del proceso–, superaron la prueba crítica de sensibilidad de la cápsula. Las demás no pasaron el test, lo que las hace incompatibles con las pistolas Ramon. Su uso podría provocar fallos mecánicos y arriesgar la vida de los agentes si sus armas fallan en situaciones de peligro.