Choque por los menores inmigrantes en Canarias: «No cumplen ni el Gobierno ni el PP»
Fuentes del Ejecutivo canario denuncian el abandono de las administraciones. Dicen que «la situación es insostenible»
Emergencias recibe a distintos menores migrantes en el puerto de El Hierro (Canarias). | Europa Press
«Estamos solos en la acogida de menores extranjeros. Nadie está cumpliendo, ni el Gobierno ni las comunidades del PP», critican fuentes del Ejecutivo autonómico. Lo hacen después de una jornada, la de este martes, en la que la «sensación de abandono» por parte de todas las administraciones ha sido «total». Por un lado, el Tribunal Supremo ha insinuado que el Ministerio de Migraciones no planea hacerse cargo de los mil menores que han pedido asilo en Canarias, pese a que así lo exigió el Alto tribunal hace dos meses. Por otro, el Gobierno ha anunciado que llevará a Aragón ante el Constitucional por paralizar el reparto obligatorio de menores migrantes que fija la nueva ley cuando una región tiene su sistema sobresaturado, como es el caso de Canarias, que atiende a casi 6.000 jóvenes.
Pese a que así lo exige la nueva norma de extranjería, distintas comunidades gobernadas por el PP se han negado a facilitar sus datos de acogida de menores extranjeros al Gobierno. Consideran que el sistema de reubicación de menores es «ilegal» y poco equitativo al beneficiar a Cataluña y País Vasco. «Tenemos una ley en vigor que obliga a que el Estado responda y seguimos discutiendo sine die, mientras Canarias está peor de lo que estaba hace diez días y hace un año», critica el portavoz del Gobierno autonómico a este diario. Solo en los últimos 20 días han llegado hasta las islas 65 menores inmigrantes, según datos oficiales.
El Ejecutivo canario confiaba en que el Ministerio de Migraciones acogiese a los cerca de 1.200 menores que pidieron protección internacional. Así lo ordenó el pasado 25 de marzo el Supremo en un auto de medidas cautelares, habida cuenta del colapso en el sistema de acogida del archipiélago. No ha sido así. En una providencia, el Alto Tribunal cita al Gobierno a una vista el próximo 29 de mayo para que explique por qué dos meses después no se ha hecho cargo de esos menores. «La respuesta del Gobierno parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos» al requerimiento acordado, advierten los magistrados.
«¿Qué han hecho estos meses?»
«¿Qué hubiese pasado si nosotros nos hubiésemos negado también a hacernos cargo de todos los menores que llegaron? Declaramos la situación de emergencia, movimos recursos económicos para dar respuesta a la protección de los menores… ¿Qué ha hecho el Gobierno en estos meses? ¿Están esperando a que los menores cumplan la mayoría de edad?», critica Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario.
En su opinión, «hemos sido pacientes, hemos negociado con el Gobierno, con las comunidades autónomas, pero la situación es insostenible. Más aún cuando ni siquiera las medidas del Supremo se cumplen». El Alto tribunal indica que, en la vista, el Gobierno deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y en concreto, sobre cinco puntos.
En primer lugar, deberá ofrecer una relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. En el caso de menores evaluados, la relación detallada deberá incluir la indicación del recurso de acogida asignado, así como la de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida.
Si el sistema actual no tuviera recursos suficientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, se pedirá que detalle las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas y plazo para obtención de dichos recursos. También reclamará las unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones. Y, por último, el Gobierno deberá exponer los acuerdos concretos o protocolos con Canarias y el calendario detallado establecido para el reparto. El Ejecutivo dispone de cinco días para interponer un recurso de reposición.
La llamada de auxilio de Canarias
Canarias reclamó el auxilio del Gobierno a través del Supremo porque sus centros de acogida están saturados. Entre enero de 2023 y noviembre del año pasado, 546 menores migrantes habían solicitado asilo en las islas y otros 325 habían manifestado su intención de hacerlo. El Ejecutivo regional, del PP, asegura que no cabe otra solución que la derivación de los menores migrantes a otros centros de acogida en la península. En plena polémica, el Ministerio de Infancia avanzó la puesta en marcha de la ley de extranjería que obligará a derivar a 4.400 menores del archipiélago canario y de Ceuta al resto de comunidades autónomas.
El Gobierno dio por hecho el cumplimiento del auto del Supremo y fio la acogida de los menores que atiende a Canarias a un acuerdo con la región. De hecho, retiró a principios de abril el recurso que presentó contra las medidas cautelares que obligan al Estado a hacerse cargo en 10 días de más de mil jóvenes. El citado recurso desencadenó un lío interno en el seno del Ejecutivo, que hasta entonces había asegurado que cumpliría el mandato judicial. Ahora, sin embargo, tras la citación del Alto tribunal, todo ha quedado en el aire entre las dos administraciones.
Conocer la cifra de menores extranjeros no acompañados que acoge en sus sistemas cada región no resulta sencillo. El Ministerio de Infancia no dispone de un registro centralizado para consultar estos datos. Solo las comunidades autónomas manejan las cifras actualizadas. En algunos casos, los gobiernos regionales son recelosos de facilitar sus cifras; en otros, las dan incompletas, sin revelar cuál es su capacidad máxima. Esa opacidad ha hecho que el Consejo de Ministros haya acordado este martes llevar al Gobierno de Aragón al Constitucional. Le acusa de no proporcionar datos esenciales para la distribución de menores entre territorios.
THE OBJECTIVE consultó a las 17 comunidades autónomas el número exacto de menores que acogen en sus centros de acogida, habida cuenta de que esas cifras se desconocen oficialmente. Según expone el decreto ley aprobado por el Gobierno, esos datos serán claves para establecer las cuotas de reparto de adolescentes y de financiación. Todas respondieron, excepto la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, que no ofrece datos de 2025, sino de años previos. Según los datos, Baleares, País Vasco y Galicia son las regiones que más esfuerzo hacen. Cataluña es la que más jóvenes acoge, aunque no la que más atiende en función de la población.