Marlaska 'purga' a todos los guardias civiles de su área de prensa en pleno pulso a la UCO
Los agentes que formaban la ORIS de Interior recibieron un ‘whatsapp’ informándoles de la supresión de la oficina
Fernando Grande-Marlaska en un acto de la Guardia Civil. | Europa Press
No habrá más guardias civiles gestionando la comunicación de Interior. El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha decidido suprimir la ORIS –Oficina de Relaciones Informativas y Sociales– encuadrada dentro del organigrama de su departamento de prensa. Un área en la que trabajaban alrededor de ocho agentes de la Guardia Civil y que ha sido disuelta tras comunicárselo «por whatsapp» a los afectados. Entre ellos, algunos veteranos con décadas de servicio en este departamento. En clave interna, en la Guardia Civil se vincula esta decisión con el creciente malestar en el Gobierno sobre ciertas investigaciones por corrupción que conduce la Unidad Central Operativa (UCO). La misma a la que José Luis Ábalos y hasta Moncloa en los últimos días señalan por presuntas «filtraciones», que niegan tajantemente desde la unidad.
El pasado 29 de abril, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó una resolución en la que instaba a la «supresión de la ORIS – Ministerio del Interior», señalando que la decisión se tomaba «en consonancia con las necesidades de reorganización de la Oficina de Comunicación del Gabinete del ministro del Interior».
Esta resolución fue efectiva el lunes 5 de mayo, día en el que el Boletín Oficial de la Guardia Civil la publicó, tal y como ha podido comprobar THE OBJECTIVE. Los afectados apenas recibieron «explicaciones» más que un escueto mensaje de whatsApp enviado en pleno fin de semana del puente del Primero de Mayo, en el que sus superiores les trasladaban que la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales empotrada en el departamento de prensa de Interior se disolvía. En algunos casos, tal y como ha podido saber este diario, se daba carpetazo a carreras de varias décadas al servicio de esta oficina.
Esa «reestructuración» emprendida por el departamento de Grande-Marlaska supone que a partir de ahora tan sólo habrá agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la oficina de comunicación, jerárquicamente dependiente del ministro. THE OBJECTIVE ha contactado con fuentes oficiales de Interior para conocer los motivos de esta decisión y corroborar si hay una reestructuración en marcha en el departamento, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.
«Insólito»
«Es algo insólito, van consolidando el borrado de la Guardia Civil de cualquier estamento a base de resoluciones o cesión de competencias», critican fuentes del Cuerpo, muy molestas con esta decisión de Interior. Relacionan la decisión con el «pulso» que actualmente mantiene el Gobierno con ciertos estamentos de la Guardia Civil involucrados en las investigaciones sobre corrupción que salpican al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Del caso Ábalos al fichaje presuntamente irregular del hermano de Sánchez, pasando por las filtraciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso que cercan al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Mención aparte a la investigación sobre los negocios de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Estos cuatro casos están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es a quien los magistrados de cada causa han encargado la función de policía judicial.
La última polémica del Gobierno con la Guardia Civil es la velada acusación vertida por varios miembros del Consejo de Ministros y que apunta a la UCO como filtradora de los mensajes de WhatsApp intercambiados por Pedro Sánchez y José Luis Ábalos entre 2020 y 2023 que está publicando estos días El Mundo. Acusaciones que luego han sido suavizadas desde Ferraz a medida que se afianza la vía de una filtración interesada por el propio Ábalos.
El hecho de que los mensajes estuviesen en dos memorias USB incautadas durante la entrada y registro al domicilio de Koldo García, y, por tanto, estén en manos de la UCO -aunque no incorporados a la causa-, ha avivado estas acusaciones por parte del Ejecutivo. Sin embargo, los mensajes que tiene la UCO alcanzan hasta octubre de 2021, mientras que lo publicado muestra comunicaciones entre el presidente y su ex mano derecha en el año 2023.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha avanzado que se impulsarán acciones legales si un juzgado no abre una investigación en un «plazo razonable». «Es un material que nunca tenía que haber visto la luz», ha lamentado la vicepresidenta María Jesús Montero. Con esa insinuación ha apuntado directamente a la UCO, aunque la portavoz socialista, Ester Peña, asegura que no se señala a ninguna institución. La sensación más extendida en el PSOE es que detrás de las filtraciones se encuentra el propio Ábalos.