Sánchez se niega a facilitar a Transparencia los destinos y el coste de sus viajes al extranjero

La opacidad sigue siendo una seña de identidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Las reclamaciones de los ciudadanos para conocer detalles de cómo se gasta el dinero público siguen sin respuesta. El Ejecutivo se ha negado a facilitar a través del Portal de Transparencia el coste y el destino de los viajes realizados por el presidente del Gobierno, una información que debería ser pública y que no requiere un trabajo adicional para los funcionarios.

El Ejecutivo todavía no ha aclarado los 63 viajes realizados a República Dominicana, el principal destino de los Falcon y los Airbus oficiales fuera de Europa y el país que la trama Ábalos-Aldama eligió para el lavado de dinero procedente de los contratos de mascarillas. Según un documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Gobierno se ha negado a responder a un ciudadano que reclamó la notificación de los gastos de representación de Sánchez como presidente de Gobierno entre los años 2018 y 2022. En la mayoría de las respuestas del Ejecutivo se alude a la necesidad de elaborar un informe para negar la información. Sin embargo, en este caso ni siquiera se ha facilitado respuesta.

Ante la opacidad del Ejecutivo, ha sido necesario que el Consejo de Transparencia traslade una reclamación al Ministerio de Presidencia. El organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública recrimina al Ejecutivo, que no debe eludir su respuesta «salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal», algo que no ha hecho.

Sin respuesta al gasto en viajes

«Esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública», señala Transparencia. El organismo que lucha contra la opacidad en la Administración, señala que lo solicitado tiene la condición de información pública y que el Ministerio reclamado no ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 LTAIBG, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15. Para dar respuesta, el Gobierno tiene diez días y el siguiente paso es la vía judicial.

El Gobierno ha vuelto a disparar la denegación de solicitudes de información pública. Los datos actualizados del Portal de Transparencia y analizados por THE OBJECTIVE indican que en el primer semestre se rechazaron hasta 214 peticiones, un 25,1% más que las 171 que se desestimaron entre enero y junio del año pasado. Con ello se confirma que la opacidad informativa del Ejecutivo va en aumento, coincidiendo con el terremoto político generado por el caso Koldo y el caso Begoña.

Opacidad informativa

Es el segundo dato más alto de denegaciones de solicitudes de información pública, solo por detrás de las 273 peticiones que se desestimaron en el primer semestre de 2022. La cifra supera además todos los registros anuales anteriores a 2018, antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y retoma una tendencia ascendente que se interrumpió en 2023. El dato incluye las solicitudes rechazadas y las resueltas de manera incompleta. Estas no facilitaron la información que se requería.

Entre enero y marzo, los ministerios ya denegaron hasta 96 solicitudes de información pública hechas por ciudadanos, por entonces la tercera más alta en una década y muy cerca de los registros históricos conseguidos consecutivamente los años 2021 y 2022 para un primer trimestre. En este caso, el crecimiento interanual fue de ‘solo’ el 9%, 16 puntos menos que el acumulado para todo el semestre.

Ley de Transparencia

En 2018 —con solo seis meses en la Moncloa— se llegó a 247 peticiones rechazadas, para quedarse en 228 en el año 2019 y 284 en 2020. En 2021 la cifra se disparó hasta las 419, en 2022 llegó a 433 y en 2023 a 352 peticiones que no encontraron respuesta.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en el 2013 para «reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública». Su puesta en marcha dio paso a la creación del Portal de Transparencia que recibe requerimientos de información y los traslada a las diferentes instituciones.