El Gobierno desconoce cuántas personas han sido identificadas en sus exhumaciones
Explica que los datos «no están disponibles en formato accesible» y que saberlo «exigiría una labor ingente de búsqueda»
Varios trabajadores de la excavación de fosas comunes de Víznar (Granada) en mayo de 2023. | Álex Cámara (Europa Press)
«No lo hemos olvidado. / No, no los hemos olvidado / porque sus muertes / forman parte de nuestra vida». La frase presidía la ceremonia en la que, en agosto de 2023, el Gobierno hizo entrega de los primeros y únicos republicanos identificados en el Valle de los Caídos. Una decena de vecinos de Pajares de Adaja (Ávila) que fueron asesinados durante la Guerra Civil y trasladados posteriormente a Cuelgamuros, donde continúan los trabajos. Pero el tiempo pasa y pesa como una condena para quienes ya no tienen tiempo. Miles de descendientes han perdido la esperanza de recuperar a sus seres queridos. A pesar de una apuesta decidida por encontrarlos, el Gobierno admite que desconoce el número de personas identificadas en las exhumaciones que ha financiado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó a finales del año pasado información sobre el número de víctimas identificadas en las exhumaciones financiadas por el Gobierno. La organización que preside Emilio Silva también demandó pormenorizar los datos de cada actuación. La petición se realizó después de que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, asegurara públicamente que, gracias al Plan Cuatrienal, se habían logrado exhumar 5.600 cuerpos de republicanos asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura.
Gracias a ese plan, una inyección de más de 15 millones a comunidades autónomas y ayuntamientos, se han llevado a cabo más de 600 actuaciones. El Ministerio de Justicia cifra en 2.567 las fosas comunes que existen en España, aunque la mayoría no han sido intervenidas. Se calcula que en ellas puede existir unos 115.000 desaparecidos. Otras fuentes, en cambio, hablan de 4.500 enterramientos y triplican el número de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
Los datos del Gobierno
La ARMH, que inició en 2000 la búsqueda científica de desaparecidos por la represión franquista sin ayudas públicas, se dirigió a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en octubre para saber cuántas personas han sido identificadas en las exhumaciones financiadas por el Gobierno. Lo hizo a través del Portal de Transparencia tras las declaraciones de Martínez. El órgano, adscrito al departamento que lidera Ángel Víctor Torres, facilitó un listado de las exhumaciones financiadas por el Gobierno, detallando el número de personas recuperadas.
«En lo que respecta al número de identificaciones, esa información no está disponible en formato accesible y exigiría realizar una labor ingente de búsqueda, clasificación y agrupación de datos, lo que supondría una acción de reelaboración», respondió la Secretaría de Estado, según el documento al que ha tenido THE OBJECTIVE. Inadmitía así la petición de información amparándose en el artículo 18.1c de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Desde la asociación explican que extraer información de una base de datos para conocer el sumatorio de una categoría es muy sencillo. «Esa respuesta significa que no están dando el seguimiento adecuado as las actuaciones que financia», denuncia Silva, presidente de la ARMH.
«El verdadero problema es que la Secretaría de Estado financia exhumaciones en las que en ocasiones no hay familiares para contrastar el ADN. Si el proceso comenzase por tener oficinas por todo el Estado donde sean los familiares los que reclaman la búsqueda de un desaparecido, primaría la identificación por encima del número de exhumados. Además, el Gobierno puede tirar de decenas de laboratorios genéticos pero, por una decisión política, no están al servicio de las familias», insiste Silva.
Una oficina para las víctimas
Martínez aseguró en RNE el pasado octubre, coincidiendo con la conmemoración del segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que, gracias al plan de exhumaciones financiado por el Gobierno, se habían logrado recuperar 5.600 cuerpos. La norma recoge el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la represión franquista. El secretario de Estado de Memoria Democrática hizo una valoración «muy positiva» de su desarrollo, aunque subrayó que el objetivo es alcanzar la cifra de 20.000 cadáveres recuperados en la siguiente fase.
Las declaraciones soliviantaron a la ARMH, que lleva a cabo sus exhumaciones con recursos propios. Está en contra, por tanto, de que España sea el único país del mundo que «utiliza subvenciones para erradicar desapariciones forzadas por violencia política». La organización señala en un comunicado que pone en marcha los procesos a partir de las peticiones familiares, como se hace en «los países que mejor han afrontado la búsqueda de desaparecidos».
«Vamos a enviar la respuesta (del Portal de Transparencia) al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para que exija al Gobierno español la creación de un organismo que atienda, escuche y cuide a las familias y que sea la petición de un familiar la que inicie el proceso de búsqueda, como es lógico», asegura Silva. Sabe bien de lo que habla, ya que es nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada genéticamente en España.