Interior desahucia a un hijo de la Guardia Civil pese a su alto grado de discapacidad
Vicente vivía en un piso del Cuerpo desde hace 57 años. «Tengo un 65% de minusvalía, me han quitado la vida», lamenta

Vicente F. fue desahuciado el pasado martes. | ER
Vicente apenas puede vocalizar. Pide perdón constantemente. No le salen las palabras, explica una y otra vez. Está en shock. Hace dos días que se quedó sin la casa en la que llevaba viviendo desde los cuatro años. Ahora tiene 61. El pasado martes, una docena de guardias civiles tocaron el timbre para desahuciarlo de su vivienda, ubicada en uno de los pabellones que la Guardia Civil tiene junto a la Dirección General, en el barrio madrileño de Guzmán El Bueno. Él, como hijo del Cuerpo y al tener una discapacidad del 65%, tiene derecho a vivir allí, según el acuerdo al que llegaron los vecinos y la Administración en su día. Pero se ha quedado igualmente en la calle. «Mi exmujer me ha dejado quedarme unos días en su sofá, pero no sé qué va a ser de mí. Me han quitado la vida», cuenta en una entrevista con THE OBJECTIVE.
Él no es el único al que han echado de las viviendas de esa calle, la de Sotomayor. Durante y tras la pandemia, el Ministerio del Interior ha expulsado de estos edificios a decenas de familias del instituto armado que, en silencio, se han visto obligadas a dejar la que ha sido su casa durante décadas. Solo unos pocos han plantado batalla para poder quedarse. Entre ellos está Vicente, aunque por ahora le ha servido de poco. Su historia es especialmente dura. Padece epilepsia, una enfermedad que le ha provocado otras distintas con el tiempo y ha debilitado su salud gravemente. Con un trabajo que apenas le daba para el sueldo mínimo, pensaba que al menos no tendría problema con su piso. En 2018, sin embargo, le llegó el oficio de desalojo de Interior.
Su padre vivía con él, pero sus hermanos decidieron ingresarlo en una residencia, explica a este diario. Poco después, la Dirección General de la Guardia Civil le informó de que se ejecutaría su expulsión de la vivienda. Vicente contrató a un abogado para recurrir el desahucio. Y después de ese a otros dos –tras no lograr pararlo– hasta que hace unos días varias patrullas de agentes se presentaron en la puerta de su casa para cambiar la cerradura. Su letrado, Francisco Ariza, había presentado una cautelarísima ante el juzgado para evitarlo in extremis, pero no sirvió de nada. «¿Va a venir alguien más?, les pregunté. Me quedé asombrado cuando vinieron tantos guardias. Lo peor es ver como los hijos de quienes fueron compañeros de tu padre son los que vienen a echarte, tus propios vecinos», se lamenta Vicente.
Le dio un ataque de epilepsia
Lo más dramático es que no fueron los agentes quienes sacaron a este madrileño de su vivienda. Lo hicieron los facultativos del Summa 112 después de que Vicente sufriese un ataque epiléptico. Vicente cuenta que «sentía que la cabeza le explotaba». «Vino el capitán, me estaban gritando mientras yo recogía las pocas cosas que me dejaron en una maleta y de pronto me caí al suelo y sentí que me daba el ataque, tuve que tomarme la pastilla. En la ambulancia, los sanitarios se quedaron impactados porque me quedé sin tensión», relata. Todavía tiene muchas lagunas sobre ese día, pero también recuerda cómo el capitán «le dijo que bastante tiempo le habían dejado estar en la casa y que tendría que estar agradecido».
«¿Agradecido? Les dije que su seña de identidad, como guardias civiles, era el honor y me estaban dejando en la calle con una discapacidad y sin ninguna alternativa donde vivir. ¿Queréis que os enseñe la medalla de honor de la Guardia Civil que tenía mi padre? Se lo repetía y me miraban enfadados», rememora. Vicente, al igual que otras familias, que han sido o están a punto de ser desahuciadas de la calle Sotomayor, no entienden qué fin persigue el Cuerpo con los desalojos. Al parecer todas las viviendas, antaño ocupadas, ahora están vacías. «Los guardias me dijeron que necesitaban espacio, pero en mi portal, el número 7, hay muchos pisos sin habitar», apunta este afectado.
Interés especulativo
Los vecinos sospechan que detrás hay un interés especulativo, es decir, vender todos los edificios. Ellos piden poder alquilarlos, como ha ocurrido con otros inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa. En cualquier caso, la lucha de estos vecinos por estos bloques de vivienda se remonta a la década de los noventa. En un principio, solo podían estar habitados por las familias mientras hubiese uno de sus miembros en activo dentro del Cuerpo, según dictaba el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. Así que cuando llegaba el momento, debían abandonar los pisos, sin tener, en la mayoría de casos, un lugar donde vivir.
En 1995 ese requisito se modificó. Los vecinos salieron a las calles a reclamar sus derechos sobre esas viviendas e incluso llegaron a encadenarse en diferentes portales para impedir que la Benemérita desalojara de su casa a una viuda. Así y tras otras protestas, consiguieron que la Guardia Civil fijase que los agentes retirados, las viudas y los hijos que tuviesen algún tipo de discapacidad –en concreto, más de un 65%– pudiesen vivir en dichos pabellones hasta su muerte. Un acuerdo que en los últimos años la Dirección General de la Guardia Civil ha pasado por alto, como en el caso de Vicente.
«Son propietarios solo para los desahucios»
«El Gobierno obliga por ley a los propietarios de los pisos a paralizar los desahucios en personas vulnerables, mientras la Guardia Civil sigue echándonos a nosotros. Además, solo son propietarios para eso. La comunidad de vecinos es la que lleva años ocupándose de la limpieza, la luz y el arreglo de todas las averías del edificio. Es triste comprobar la dureza y la falta de humanidad que está teniendo el Cuerpo con su gente», denuncia otra vecina, a la que también han dado orden de expulsarla de su vivienda.
Vicente lucha ahora por recuperar su vivienda con la ayuda de su abogado, Francisco Ariza, que trata de acreditar la vulnerabilidad de este hijo de la Guardia Civil. También ha interpuesto un recurso en el que esgrime que no se ha garantizado el derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva. «No le han dado ninguna garantía. Lo han echado a sabiendas de que no tiene apenas ingresos ni un lugar donde vivir», explica el letrado a THE OBJECTIVE. «Estaba al borde de un precipicio sin ver el fondo ni la forma de sujetarme teniendo a gente que me empujaba. Lo han hecho y he caído. Otros tendrán dónde ir, tendrán salidas… pero yo estoy cansado y solo», resume, desconsolado, este madrileño.