Las feministas piden a Mónica García que investigue e informe sobre las terapias trans

Las principales asociaciones feministas de España se han unido para remitir una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, pidiéndole que investigue los efectos adversos de las llamadas «terapias de afirmación de género»: hormonaciones y cirugías destinadas a que las personas trans se acerquen a su identidad sentida. El Gobierno no está estudiando este fenómeno, a pesar de que cada vez afecta a más menores de edad y los estudios publicados en otros países (Inglaterra y Estados Unidos) desaconsejan los tratamientos de cambios de sexo en niños.

Ante la falta de información pública sobre las unidades de identidad de género, las feministas piden transparencia a la ministra. «No sabemos si están registrándose o cómo se están haciendo constar en el CMBD (conjunto mínimo básico de datos) las intervenciones quirúrgicas realizadas como parte del proceso de afirmación del género, como puedan ser las mastectomías realizadas por causa no oncológica, faloplastias, vaginoplastias, etc.», denuncian las remitentes de la misiva, que señalan que Sanidad tampoco ha publicado «ningún estudio de seguimiento de las hormonaciones a personas para el mal llamado cambio de sexo, algo imprescindible dado que es muy reciente la utilización de esta medicación para estos fines».

«Siendo intervenciones con importante impacto negativo en la salud todas ellas, resulta imprescindible saber qué evidencias científicas publicadas utiliza el Ministerio de Sanidad para administrar estos tratamientos, o si acaso se está aún en un uso experimental de los mismos», consideran las decenas de asociaciones feministas.   

Entre la información que solicitan están los protocolos «que aseguren que los pacientes reciban atención médica adecuada, respetuosa y basada en evidencia científica en todas las etapas del tratamiento». Asimismo, piden «conocer el rango de edades y el tipo de tratamientos que reciben las personas, porque interesa especialmente conocer el impacto de estos tratamientos en la salud de niños, niñas y jóvenes».

Por último, exigen «conocer el coste económico que se destina a financiar con fondos públicos dichos tratamientos relacionados con lo que se ha dado en llamar cambio de sexo». «Nos preocupa que sea el único ámbito sanitario en el que haya tal falta de información publicada por el Ministerio de Sanidad sobre datos, tanto clínicos, como económicos».

Entre las firmantes de la misiva se encuentran asociaciones feministas con gran representación como Mujeres por la Paz, Confluencia del Movimiento Feminista, Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Mujeres para la Salud, Amanda, Feministas de Cataluña, Feministas Sanitarias y Asociación Alanna, entre otras.

Informes contrarios

El debate sobre los tratamientos de cambio de sexo en menores ha virado en el último año con la publicación de dos estudios demoledores. El primero, el informe de la doctora Cass, que, tras analizar miles de casos, concluyó que el auge súbito y exponencial de los casos de disforia de género entre jóvenes no tiene origen biológico, sino eminentemente psicológico y social. El estudio, el mayor realizado hasta el momento sobre esta cuestión, prescribe acompañamiento psicológico a los menores durante el proceso antes de darles bloqueadores de la pubertad. 

En esta misma línea, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha publicado este mes un informe de más de 400 páginas que recomienda dar prioridad a las terapias exploratorias tendentes a identificar las causas del malestar, antes de optar por el «enfoque afirmativo» del sentimiento de pertenencia a otro sexo expresado por adolescentes cuya personalidad está en formación.

El estudio norteamericano reconoce «la creciente preocupación internacional acerca de la transición médica pediátrica», en relación con las medidas que cada vez más países –Reino Unido, Suecia, Finlandia, Noruega– están tomando para limitar o directamente prohibir los bloqueos de pubertad, la hormonización cruzada y las cirugías en menores de edad. En España, sin embargo, las autoridades sanitarias se están tapando los ojos ante lo que sucede a nivel internacional y nacional.