Las personas 'trans' se disparan en España: al menos 21.000 han sido atendidas en cinco años

El «contagio social» es ya una realidad en España. Entre 2017 y 2021, en cinco años, un mínimo de 20.755 personas fueron atendidas por las unidades especializadas en el tratamiento de la identidad de género que existen en trece comunidades autónomas. Una cifra llamativa, si se tiene en cuenta que hace tan sólo un lustro se estimaba que habría un máximo de 10.000 trans en nuestro país, y que se extrae de un informe pionero que ha sido publicado recientemente por Confluencia Movimiento Feminista: Las leyes trans y el modelo afirmativo en España.

Los datos que anidan en el estudio revelan un aumento exponencial del número de personas trans en todas las regiones. En la Comunidad Valenciana, el número de personas atendidas ha crecido más del 10.000% entre 2016 y 2021. En Cataluña, el crecimiento es del 7.000% entre 2012 y 2021, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. También de un año a otro, en Madrid, las primeras visitas al Hospital Ramón y Cajal se duplicaron entre 2021 y 2022, llegando a más de 800 entre enero y julio.

El análisis también muestra de forma clara y general que este aumento tiene un perfil muy concreto: mujeres en edad de 14 a 25 años. Véase Cantabria, donde el 65% de las personas atendidas tienen menos de 21 años y la mayoría son féminas. En Murcia, si se considera el periodo transcurrido entre 2017 y 2022, el 60% de los menores de edad atendidos son niñas. Del total de personas trans atendidas, el 64% tiene menos de 19 años, con la máxima concentración en la adolescencia, entre los 15 y los 19 años.

Estudio sobre la realidad ‘trans’

El primer estudio a nivel estatal de la realidad trans arroja otras cifras que las feministas consideran «preocupantes». Un mínimo de 12.205 personas «sanas», entre 2018 y 2021, más mujeres que hombres, con edad de entre 16 y 25 años, habrían iniciado tratamientos con hormonas cruzadas; un mínimo de 1.000 mujeres, entre 2016 y 2021, habrían sido intervenidas quirúrgicamente para la doble amputación de mamas y extracción de sus genitales; y un mínimo de 1.000 menores, entre 2019 y 2021, habrían iniciado tratamientos para detener artificialmente su desarrollo puberal con fármacos no recomendados por la Agencia Española de Medicamentos, «de forma experimental, con efectos dañinos e irreversibles para su salud».

Hay que tener en cuenta que todas estas estimaciones son muy conservadoras, y que la realidad arrojaría cifras muy superiores. Y es que los datos han sido exigidos por parte de las feministas a las distintas comunidades, pero no todas han proporcionado la información requerida (es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Ceuta y Melilla). Además, estos se refieren únicamente al circuito sanitario público, sin contar con las personas tratadas en la sanidad privada.

Por lo expuesto, desde la Confluencia Movimiento Feminista consideran que está «probado el impacto que las leyes y protocolos educativos y sanitarios trans aprobados desde 2014 están teniendo en la salud de la población», así como el «avance de la ideología transgenerista». Y por eso exigen «la paralización de la tramitación de la ley trans estatal y la derogación de las leyes trans autonómicas, así como los protocolos sanitarios y educativos que se derivan de ellas, porque constituyen un atentado a los derechos de las mujeres y al libre y sano desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin estereotipos de género».

Una tendencia mundial

Se confirman a nivel nacional las tendencias identificadas por el informe De hombres adultos a niñas adolescentes publicado por Feministas de Cataluña el pasado mes de diciembre, que constató cómo el número de ciudadanos que había acudido con disforia de género al servicio público de la región había aumentado un 7.652%: de 19 personas en 2012 a 1.454 en 2021. Un dato que vendría a demostrar, según las feministas, la teoría del «contagio social».

Este contagio no es un fenómeno exclusivo de Cataluña, ni tampoco de España, sino que se estaría produciendo por todo Occidente, tal y como admitió recientemente Marci Bowers, ginecóloga experta en cirugía genital para personas trans y presidenta de la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero (WPATH, por sus siglas en inglés). En Reino Unido, el número de solicitudes de niñas y chicas adolescentes que se habían dirigido a la Clínica Tavistock-Portman a solicitar una «transición de sexo» se disparó un 4.400% en una década (de 2009-10 a 2019-20).

El alcance exacto de los tratamientos con bloqueadores de la pubertad, así como de la hormonación, se desconoce, aunque hay informes pioneros –destaca uno de Lesbians United en EEUU– que señalan consecuencias muy negativas en la fisionomía de los menores. Es por eso que países como Suecia, Finlandia o el propio Reino Unido están dando marcha atrás en sus leyes de «autodeterminación de género».

Ante este contagio social, que afecta especialmente a las mujeres jóvenes, la Confluencia Movimiento Feminista pide «priorizar las herramientas de abordaje psicológico por encima del farmacológico en el caso de los menores», «siguiendo la experiencia» de los países antes enumerados. Y lanza una pregunta al Gobierno de España (concretamente, a Irene Montero): «¿Cómo es posible que persista en su empeño de promulgar leyes que afectan a toda la población?».