La 'ley trans' prevé tratamientos a menores no aconsejados por la Agencia del Medicamento

La ley trans que impulsa la ministra de Igualdad, Irene Montero, será aprobada este mismo mes después de que la Mesa del Congreso acordara el pasado jueves su tramitación por el procedimiento de urgencia. Una parte del feminismo ha criticado la norma porque recoge una «autodeterminación de género» que, en su opinión, revertirá las conquistas de las mujeres. Junto a ellas, los expertos advierten de los peligros en la salud de los menores, que podrán ser sometidos a tratamientos que figuran de manera explícita como «no recomendados» para ellos en la ficha de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

La aprobación de la norma, que salió el pasado mes de junio del Consejo de Ministros, derivará en el uso de fármacos que se usan para suprimir la pubertad: los agonistas de la GnRH (hormona liberadora de la gonadotropina). Y eso que sus análogos -la triptorelina y la leuprorelina– están altamente desaconsejados por la AEMPS. La segunda, porque «no se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos» y, por tanto, «no está recomendado en niños o adolescentes hasta que se disponga de datos de eficacia y seguridad». El uso prolongado en población pediátrica es experimental y se desconocen las consecuencias exactas.

Pero la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres presentó el pasado mes de agosto un informe pionero en este sentido. La plataforma que aglutina a centenares de colectivos feministas se hizo eco de un estudio publicado por Lesbians United, una organización lésbica con sede en Estados Unidos, que demostraba que los medicamentos que bloquean el desarrollo de la pubertad, y que son necesarios para la transición, tienen consecuencias muy negativas en la fisionomía de los menores.

Entre los problemas detectados destacan los ligados «al esqueleto, el sistema cardiovascular, la tiroides, el cerebro, los genitales, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, tracto urinario, músculos, ojos y sistema inmunológico». Por si fuera poco, los agonistas de la GnRH «pueden ser perjudiciales para la salud mental y aumentar el riesgo de suicidio».

Los bloqueadores para el desarrollo de la pubertad se han recetado a los adolescentes con disforia de género -enfermedad que ahora se quiere despatologizar- desde 1998, pero también a delincuentes a los que se les ha castrado químicamente. Hasta junio de 2022, la FDA (la agencia de medicamentos de Estados Unidos) ha recibido más de 60.400 informes adversos sobre el uso de los agonistas de la GnRH comunes, incluidas casi 8.000 muertes. Unos datos alarmantes.

La polémica ‘ley trans’

La ley trans ha suscitado una enorme polémica desde su concepción. En un principio, supuso un cisma en el Gobierno de coalición, por cuanto el PSOE era contrario a las tesis del feminismo queer que abandera Unidas Podemos. La ex vicepresidenta Carmen Calvo fue quien más luchó contra la norma, pero el veto del colectivo trans a los socialistas en el Día del Orgullo del pasado 2021, así como la marcha de Calvo del Ejecutivo, consumaron el viraje de los de Pedro Sánchez en esta materia.

Ahora, cuando se apruebe, España recogerá la «autodeterminación de género» y permitirá el cambio de sexo legal sin necesidad de informe médico o psicológico, así como la hormonación y/o cirugía genital de menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. Ya no será necesario aguardar -como exige la actual legislación- dos años para acreditar que existe «disforia de género» de cara a iniciar el proceso de transición, que incluye intervención quirúrgica.

La ley, además, prevé que todo el proceso sanitario sea gratuito, ya que incluye una ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para cubrir las «necesidades» de las personas trans. Las prestaciones incluyen la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, la terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico. 

Todas estas medidas dirigidas a los menores han sido duramente criticadas por los expertos (médicos, psicólogos y sexólogos), pero también por los colectivos feministas tradicionales. Aglutinados en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, entienden que una norma así «expone a los niños a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos, pues para ellos es suficiente expresar me siento/soy».

Contra Europa

Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión del concepto de «autodeterminación de género», que provoca el rechazo de las feministas tradicionales (que consideran que borra la categoría jurídica de mujer, basada en el sexo biológico) y de los expertos (por tratarse de un criterio ideológico y acientífico). La legislación vigente permite cambiar de nombre y sexo en el DNI siempre y cuando exista un informe médico o psicológico. Ese requisito se eliminará con la ley trans, que da por suficiente «la libre declaración de la persona sentida» para cambiar el sexo registral a partir de los 16 años.

Es decir, los menores de 16 y 17 años podrán cambiar de sexo sin necesidad de prueba psicológica ni médica. Por su parte, entre los 12 y los 15 años, quien desee hacer el cambio registral deberá hacerlo a través de sus representantes legales, los padres, pero si éstos no están de acuerdo, se nombrará a «un defensor judicial». Los trámites, en todo caso, estarán exentos de «costes o tasas».

Esta norma convertirá a España uno de los países de la Unión Europea con una legislación más radical -o avanzada, según sus impulsoras- sobre las personas trans. Y llegaría, además, en un momento en el que Finlandia, Suecia y Reino Unido, los países que inspiraron la norma de Irene Montero, están rectificando en sus regulaciones. ¿En qué cuestiones? Llamativamente, en la implantación de las terapias hormonales en menores de edad.

Pero esto no frena al Gobierno de España, que ha activado su tramitación por la vía de la urgencia. Las feministas clásicas aglutinadas en Contra el Borrado de las Mujeres han pedido que se retire el texto para abrir un debate que permita a la sociedad conocer las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a escucharlas y ha anunciado que derogará la norma tan pronto como llegue a Moncloa.