Un fundador de la UCO y exmando con el PSOE: «Lo de Leire Díez es insólito»

El general Pedro Garrido Roca, ahora en situación de retiro, fue jefe de la Guardia Civil en Cataluña entre 2018 y 2022 y uno de los agentes que puso los primeros cimientos de la Unidad Central Operativa (UCO). Su estrecho vínculo con esta división de élite y los ataques que ha venido sufriendo por parte del entorno del PSOE, en concreto de la militante —ahora de baja temporal— Leire Díez y del abogado Javier Pérez Dolset, llevaron a este mando a publicar una carta en la que mostraba su apoyo a los responsables «vilipendiados» de la UCO y a toda la unidad frente a los intentos de desprestigio por parte de «fontaneros» y «mafiosos». Una misiva que ha tenido una gran difusión e impacto entre los guardias civiles. 

«Ha sido una sorpresa todo este aluvión de agradecimiento», cuenta el general Garrido en una entrevista con THE OBJECTIVE. Un éxito inesperado o tal vez no tanto, teniendo cuenta el malestar que existe en la Guardia Civil con el Gobierno por la falta de respaldo frente a las presiones que están padeciendo los investigadores de la UCO. Este miércoles, precisamente, las siete asociaciones profesionales con representación en el Cuerpo emitieron un comunicado «haciéndose eco de la indignación que existe en el instituto armado por el silencio de Interior y de la directora general, Mercedes González». «En este caso, no es neutral; transmite una falta de liderazgo y de compromiso con la Guardia Civil», censuraban. 

Ataques «insólitos» a la UCO

El que fuera máximo responsable del instituto armado en Cataluña explica que decidió publicar la misiva como un ejercicio de «desahogo» por «el dolor que sentía como guardia civil» ante lo que considera un intento de desprestigio no solo contra investigadores o investigaciones concretas, sino a toda una institución. «Ves una serie de hechos que como guardia civil que soy, aunque en situación de retirado, te duelen después de 43 años en Cuerpo y siendo hijo además de la Benemérita. Te duelen porque los ves injustos y absolutamente inapropiados».

En la carta, publicada en LinkedIn, el general señala que los ataques no se centran, como ya ha ocurrido en otros casos, en «exponer una posible deficiencia o irregularidad formal ocurrida durante las actuaciones» para anular o torpedear un proceso judicial. Lo que ocurre ahora, describe, es que «terceros, ajenos a la causa, están buscando desprestigiar a los investigadores mediante la averiguación y, en su caso, exposición pública de posibles irregularidades, de cualquier tipo, que estos hubieran podido cometer en el transcurso de su vida profesional para entorpecer, paralizar o anular las investigaciones en las que hubiesen participado».

Delito contra la administración de Justicia

Un «modus operandi —se refiere al de la fontanera del PSOE Leire Díaz para obtener información contra el teniente coronel Antonio Balas— insólito», según este mando retirado. «Que haya ataques contra la UCO no es nuevo, ya hemos vivido esto, pero dentro del ámbito de los encausados, de personas directamente relacionadas con el caso. Lo que diferencia la situación de ahora es que las actuaciones van en contra de la unidad, y por razones que no tienen nada que ver con la propia causa, irregularidades en el ámbito personal y profesional…». Una serie de actuaciones que, a juicio de este general, van en contra del marco legal.

«Llevan a cabo investigaciones prospectivas totalmente injustificadas con la única finalidad de atentar contra la integridad o libertad de peritos o testigos por su actuación en un procedimiento judicial, cosa que tiene muchos visos de ser constitutivo de un delito contra la Administración de Justicia», detalla. Presiones de las que este general, según cuenta, no ha sido testigo a lo largo de su carrera, ni siquiera durante su época al mando de la Guardia Civil catalana, durante el posprocés. «Puedes recibir presiones de gente a la que investigas o que es denunciada, que trata de cambiar nuestras pesquisas, pero no de nadie ajeno».

Más apoyo de los responsables

Al igual que precisaba en el escrito, este mando cree «deseable» un apoyo más explícito por parte de los mandos de la UCO y del Ministerio del Interior a los agentes que están al frente de las investigaciones que cercan al Gobierno, como el caso Koldo o el caso Begoña Gómez. «Estoy convencido de que, en el ámbito interno, han recibido el respaldo de sus mandos, pero es deseable también un respaldo más público por parte los responsables políticos. Hay que entender que tienen sus propios tiempos y objetivos, pero evidentemente sería deseable transmitir al conjunto de la Guardia Civil que nada ha cambiado y que seguimos con el deber de cumplir la ley, sin hacer distinciones de ningún tipo». 

Garrido Roca advierte de que la falta de apoyo puede desembocar en una falta de ánimo en los agentes y en el instituto armado. «Se autoperciben como luchadores solitarios porque quienes tenían que expresarles su apoyo lo han hecho tácitamente en lugar de hacerlo de manera expresa, especialmente cuando los más directos responsables políticos, por causas que solo a ellos corresponde explicar, no son capaces o no quieren hacerlo».

«No nos crearon para eludir la mirada del lado en que se está incumpliendo la ley, sino para denunciar esos incumplimientos ante las autoridades competentes, sin distinción de ningún tipo respecto de sus supuestos autores y beneficiarios. Podemos sentirnos orgullosos de que ese sea el sentir y la conducta general entre los guardias civiles, que desempeñan sin reparar en sus costes personales, porque su guía es un código ético que reúne y respeta los valores más enraizados en la sociedad, sin más contenido ideológico que el servicio a los ciudadanos y a España, representada en su Rey», concluye el general Garrido.