Investigan a 'Alcasec' por robar datos de guardias civiles para los narcos de Borja Villacís

El currículum delictivo del hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec, sigue creciendo. Un juzgado de Madrid investiga al joven ciberdelincuente por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de organización criminal tras haber robado datos de guardias civiles y de su entorno para la red de narcotráfico en la que presuntamente estaba integrado Borja Villacís, el hermano de la exvicealcadesa de Madrid que falleció en un tiroteo, según apuntan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. Todo ello con el objetivo de entorpecer y deslegitimar la investigación que afecta al clan, que comenzó en 2018 en la Audiencia Nacional y cuya instrucción continua abierta siete años después.

El juez ha citado recientemente por estos hechos a Huertas, que se encuentra en prisión provisional, señalan las mismas fuentes. La Policía lo detuvo hace dos semanas junto al ex número dos de Interior Francisco Martínez por el robo masivo de datos a organismos públicos y empresas estratégicas a través de una «sofisticada red de inteligencia» con la que, según la investigación, buscaban extorsionar después a ciudadanos con cuentas y negocios en paraísos fiscales como Andorra o República Dominicana.

«Socavar el procedimiento judicial»

En un informe, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, cuyos agentes investigan al ciberdelincuente desde hace años, apunta ahora que la citada organización criminal —que fue desarticulada por el instituto armado con la detención de 27 personas en la operación Águila Frozen en 2021— habría utilizado los servicios de Jose Luis Huertas para acceder, a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), a información personal, patrimonial, laboral y familiar de los investigadores de la Guardia Civil «a fin de conocer sus vulnerabilidades y tratar de socavar el desarrollo del procedimiento judicial». 

Cabe destacar que el hacker fue detenido en 2023 por acceder ilegalmente al PNJ, la red que interconecta los juzgados y otras instituciones públicas como la Agencia Tributaria, y de la que Huertas extrajo datos personales y bancarios de más de medio millón de contribuyentes. Entre ellos, los guardias civiles que pertenecían al equipo que investigó a la red de tráfico de drogas de la que formaba parte, entre otros, Juan B.M. —investigado también en la causa del robo de datos— y miembros del grupo ultra Outlaw Madrid, todos ellos procesados por narcotráfico y blanqueo de capitales, además de otros delitos, en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

Escuchas y «balizas ilegales»

Así, según señala el informe policial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, desde el momento en que explotó la operación, en la que la Guardia Civil se incautó de 239 kilos de cocaína y bloqueó 40 inmuebles y 30 vehículos a la trama, la organización habría estado «recopilando información sobre estos funcionarios y su entorno familiar más directo, con vistas a posibles represalias y/o extorsiones sobre estos para hacer descarrilar las causas judiciales en las que estaban siendo investigados». 

Unos trabajos que la Comisaría General de Información (CGI) vincula con distintas pruebas que los imputados en el proceso habrían presentado contra los investigadores en los últimos años. Entre ellas, las grabaciones realizadas a agentes y mandos del equipo de delitos económicos de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid sobre supuestas malas praxis en el marco de la investigación; o la «utilización de balizas ilegales en el procedimiento para anular pruebas de la causa», apunta la Policía en el informe remitido al juzgado. 

Dilatar el proceso

Pese a que la investigación policial se sostiene sobre numerosas pruebas aportadas por la Guardia Civil así como de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, Drug Enforcement Agency (D.E.A., por sus siglas en inglés), el caso se ha visto envuelto en numerosas polémicas a lo largo de su recorrido judicial, entre las que también destaca la infiltración de un agente en el seno de la organización criminal y una supuesta historia de amor entre este último y una mujer vinculada al clan de narcotráfico. 

Algo «insólito» en el marco de una investigación policial y judicial, pero que, según señalan fuentes próximas al caso, ha servido para que las pesquisas se dilaten en el tiempo, el principal objetivo de los acusados. En este contexto, el informe de la CGI resulta clave, habida cuenta de que probaría que los integrantes del clan habrían utilizado la información obtenida por Alcasec del Punto Neutro Judicial para tratar de tumbar la causa con pruebas falsas, un extremo que los investigadores de la Guardia Civil tratan de demostrar desde hace años. 

El historial delictivo de ‘Alcasec’

Las últimas revelaciones de los especialistas en la lucha contra el cibercrimen han colocado a José Luis Huertas como «uno de los hackers más prolíficos y peligrosos del país», según apuntan fuentes policiales. Desde que era un adolescente, con 15 años, Huertas ha estado involucrado en actividades ilegales. Ha logrado penetrar en los sistemas de gigantes como HBO y Burger King, también en Mediaset y en la Comunidad de Madrid. En alguna ocasión, Huertas ha asegurado tener acceso a los datos del 90% de los ciudadanos españoles. 

Sea así o no, la Policía conoce a la perfección el grado de control y especialización que tiene este joven ciberdelincuente. De hecho, fuentes de inteligencia aseguran que el CNI ha tratado de captar a Huertas en varias ocasiones para reconducir su talento, sin ningún éxito.