Lupe Sánchez: «La amnistía nos sitúa en la frontera entre democracia y dictadura»

«Los abogados, como los enterradores, seguimos siendo necesarios», dice Guadalupe Sánchez Baena, más conocida como Lupe Sánchez. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, abogada en ejercicio y gerente del bufete Novalex Spain, columnista de esta casa, siempre pendiente de la actualidad, desde el rigor y la crítica. Su nombre ha aparecido con algo más de frecuencia en estas últimas semanas, porque la fama de su representado: el rey Juan Carlos. Y será con ella, que recuerda no quiere que los abogados sean protagonistas, con quien repasamos algunas de las principales cuestiones de actualidad.

PREGUNTA.-  ¿Recuerda el momento en el que decidió ser abogada?

RESPUESTA.- Sí, perfectamente. Fue cuando le dije a mi padre que quería estudiar Periodismo y me dijo que «de eso nada». Tenía que estudiar algo con lo que pudiera ganarme la vida. Así que ahí nació mi vocación. Aunque realmente lo mío era la Historia, pero la Historia la descarté yo misma porque era consciente de las dificultades. Yo provengo de una familia de extracción humilde. Era consciente de las dificultades de salir adelante con una carrera de Historia.

Puedes tener suerte, dedicarte a la docencia, pero en principio tenía menos salidas. Así que yo siempre he sido muy pragmática. Creo que lo sigo siendo. Mi segunda opción era Periodismo, pero esa —y como digo— la descartó mi padre. Y tengo que decir que, una vez empecé… no sé si Derecho era mi tercera o cuarta opción, pero tengo que decir que, una vez empecé a estudiar Derecho y a comprender los entresijos, empezó a apasionarme y, al final, fue algo vocacional.

P.- ¿Cómo se siente una después de ganarle un caso por derecho al honor a Irene Montero? Creo que fue en colaboración.

R.- En colaboración con una compañera, con Ruth Arroyo, sí. Pues, hombre, da mucha satisfacción, como te da satisfacción ganar un asunto para cualquier otro cliente. En este caso, digamos que la especialidad, por decirlo de alguna manera, es que era la primera vez que se acudía a la vía civil en un caso de este tipo. Porque, por suerte, en España no era habitual que un miembro del Gobierno realizase declaraciones difamatorias dirigidas contra un particular.

En España, más o menos, los políticos se atacaban entre ellos y dejaban al margen de sus cuitas a los ciudadanos. Pero lamentablemente estamos viendo que, a raíz de este caso, es algo que se está generalizando, y ya ni siquiera los ciudadanos estamos a salvo de que, en cualquier momento, por una publicación en Twitter o por cualquier opinión que se vierta en un medio de comunicación, pues no estamos a salvo de ser señalados por alguien del Consejo de Ministros.

P.- ¿Tenía esperanza en este caso contra Irene Montero?

R.- Si yo considero que el asunto no es viable, pues no me hago cargo. En este caso concreto, me incorporé a la representación de Rafael Marcos —que es el nombre del padre que fue difamado por Irene Montero— porque consideraba que era un asunto que merecía la pena luchar. A mí me parece gravísimo que desde puestos ministeriales se estén prodigando calificativos infamantes contra ciudadanos particulares. Ya no porque los insulten, sino directamente porque mientan y los acusen de cometer delitos falsamente. Es que es algo gravísimo. No somos conscientes, creo, en España, de la relevancia que tiene el respeto de la presunción de inocencia por parte de los poderes públicos. No tenemos esa cultura, creo.

P.- ¿Cómo se vive siendo una «extremista de la presunción de la presunción de inocencia» en un país en el que la vicepresidenta primera del Gobierno cuestionó —por ser un poco suave— la presunción de inocencia? ¿Cómo se vive siendo así?

R.- Pues muy preocupada. A ver, que de mí tengan que decir —mis haters— que soy una «extremista de la presunción de inocencia», la verdad es que es algo que me congratula. Es decir, además de todos los insultos que recibimos diariamente, pues eso me lo tomo como un halago.

Me parece especialmente grave que se haga política a costa de vulnerar un derecho fundamental. Se hace, además, de manera reiterada. Hay que decir que el Tribunal Supremo se lo está poniendo fácil a los cargos públicos. Mucha gente lo desconoce, pero existe una directiva europea que obliga a todos los cargos públicos a no referirse como culpable a una persona que está siendo investigada, que es objeto de un proceso judicial. Ningún ministro puede calificar a alguien como delincuente mientras no haya una sentencia firme.

Bueno, pues en fechas recientes el Tribunal Supremo ha decidido que no es así. Es decir, siempre pueden hacer referencia a alguien como culpable y vulnerar su presunción de inocencia, siempre y cuando no se condicione el procedimiento. Y a mí no se me ocurre de qué manera una declaración de un ministro difamando a un particular no puede condicionar el procedimiento, es decir, no puede condicionar lo que resuelva, en el seno de ese procedimiento, el tribunal en cuestión. Me parece una resolución muy cuestionable, que espero que acabe rectificando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

P.- Antes de entrar en El purgatorio, siempre preguntamos a los invitados por su relación con la fe.

R.- Mucha gente se va a sorprender, pero soy atea.

P.- ¿Por qué cree que va a sorprender?

R.- Porque hay gente que cree que, para ser liberal o liberal-conservador, hace falta ser creyente. Y no lo es. O sea, respeto muchísimo el legado cultural cristiano. Creo que es necesario para entender Occidente, que es fundamental. Pero a mí, particularmente, me cuesta mucho racionalizar la fe porque soy antidogmática. Entonces, me gusta cuestionarlo todo y, en el momento en el que me imponen que tenga que creer en algo sin poder cuestionarlo, pues choca con mi manera de pensar.

Pero respeto muchísimo a los creyentes. Entiendo muchísimo esa necesidad de buscar respuestas y de trascender la vida material. Y nunca me verán insultar a ningún creyente. Soy de las que consideran que, mientras alguien no imponga su visión del mundo a los demás, hay que respetar la visión del mundo que tiene, siempre y cuando no conculque ningún derecho humano y, sobre todo, esté dentro de los márgenes del Código Penal. Es decir, que mientras no me lo impongan a mí, yo los voy a respetar. Pero, como te digo, a mí me cuesta muchísimo racionalizar la fe.

P.- El nombre de Lupe ha salido un poco más a la palestra nacional porque, entre sus clientes, hay dos nombres que están en la actualidad. Uno de ellos es el de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el otro es el del rey Juan Carlos. Ya me ha avisado, sé que no me va a decir nada, pero aun así, yo pregunto: ¿cómo le hace llegar él o el equipo del rey Juan Carlos que quiere que sea usted  —de entre todos los abogados de España— la persona que lo represente?

R.- No solo no te voy a contestar, sino que además voy a introducir una consideración: los abogados jamás somos los protagonistas de los asuntos. En todo caso, lo son nuestros clientes. Entonces, a mí me ha sorprendido muchísimo el foco que se ha puesto sobre mí a raíz de conocerse que asumía la representación de su Majestad en la demanda contra Revilla, porque realmente yo estoy haciendo mi trabajo como lo haría con cualquier otro cliente.

Además creo que no se corresponde con cómo se ha enfocado la noticia respecto al abogado que se ha hecho cargo del asunto, de la representación de Miguel Ángel Revilla. A pesar de que él sí que ha hecho declaraciones a los medios y ha concedido entrevistas. Pero, mira, todo el foco se ha puesto sobre mí. Así que eso es lo único que voy a decir sobre el tema, como reflexión.

P.- Es cierto que he leído perfiles sobre su persona en estos días. Algunos perfiles benévolos, otros no, otros donde se pone la carga de… no sé muy bien qué critica, hacia usted, sus libros, y con quien ha aparecido en las presentaciones de ellos…

R.- Y sobre mis clientes. Pero fíjate, esos perfiles han ignorado, por ejemplo, que yo represento a personas señaladas por Alvise Pérez. Que si, por ejemplo, a mí me contactara Íñigo Errejón para emprender acciones legales contra quienes han puesto sobre la palestra aspectos muy íntimos de su vida privada, asumiría la representación encantada. No preguntan, simplemente parten de un estereotipo.

Y también te digo que me llama mucho la atención que se hayan hecho esos especiales sobre mí, y sin embargo, creo que no se conoce prácticamente por nadie el perfil del compañero que ha asumido la representación de la parte contraria, de Miguel Ángel Revilla. A pesar de que es un compañero con una dilatada trayectoria profesional y que ha intervenido también en asuntos muy mediáticos, y sin embargo no se ha hablado de él. Le dejo esa reflexión ahí para que veamos hasta qué punto este país se ha polarizado y que, en función de… ya no solo se está señalando a los jueces que instruyen, a los jueces que sentencian… ahora ya también hemos ido a por los abogados.

Es decir, en función de a quién representas, te expones a ser señalado públicamente y a que incluso se haga mofa y escarnio con un total desconocimiento de qué tipo de asuntos llevas en el despacho.

«Se habla de mí en los medios por representar al rey Juan Carlos, pero no se dice nada del abogado de Miguel Ángel Revilla»

P.- El gran escándalo de esta semana, aunque vayamos al lío casi por día, es que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador. Y, además, también ha procesado a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Estamos hablando de ver a un paso del banquillo al fiscal. Esto sí es histórico.

R.- Es histórico. Es la primera vez que sucede en la historia de la democracia española. Es histórico porque mucha gente ignora, cuando hablamos del tema, que sobre la Fiscalía —y en especial sobre el fiscal general del Estado— pesa una especial obligación de reserva, de confidencialidad, sobre los asuntos que trata.

Y es histórico también porque, si uno se lee el auto de transformación en procedimiento abreviado que ha dictado Hurtado —el magistrado instructor—, pues no solo se hace mención a que, por parte de la Fiscalía, se filtró una información especialmente sensible —concretamente un correo electrónico entre un abogado y un fiscal para estudiar una posible conformidad—. No solo se habla de eso, sino que, además, se habla de que existen indicios de que esto forma parte de algo más grande. Es decir, de una especie de estrategia en la que estaría involucrada también Presidencia del Gobierno.

Para que la gente me entienda, lo expreso de otra manera: Hurtado no se acaba de creer que la iniciativa de filtrar el contenido de ese correo a un medio de comunicación fuera única y exclusivamente del fiscal, sino que lo hizo en una especie de connivencia con Presidencia del Gobierno, de la que podría incluso haber recibido indicaciones. Y para ello se basa en la cronología.

P.- La frase literal es que «García Ortiz actuó a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Aquí ya no hablamos de Leires, no hablamos de militantes o exmilitantes; hablamos de Presidencia del Gobierno. Es un pico más en la montaña.

R.- Mira, precisamente uno de mis últimos artículos en THE OBJECTIVE se llama Fontaneros constitucionales, y una de las cosas que yo indico ahí es que, cuando hablamos de fontanería en el sentido metafórico, erramos pensando que esta se limita solo a las cloacas. Es decir, la fontanería, digamos, que se encuentra en todos los escalones institucionales.

Yo hablo de la «fontanería constitucional» para hablar de este borrador de ponencia de la amnistía. Pero también podemos hablar de fontanería fiscal. Y no solo a raíz de los indicios de delito que aprecia Hurtado en este auto, que —por cierto— he visto en un medio de comunicación, que está muy involucrado en esto de hacer pasar por periodismo el activismo, cuyo primer titular era: «Hurtado manda a juicio a García Ortiz… sin pruebas». Oiga, no, mire, es que en una instrucción, o para mandar a alguien a juicio, no hacen falta pruebas. Las pruebas se practican en el acto del juicio. Lo que hacen falta son indicios, y en el auto se relaciona qué indicios son.

Una cosa es comentar un auto, decir que no se está de acuerdo, y otra cosa es desinformar. Bueno, pues al margen de eso, podemos hablar de fontanería fiscal no solo por los indicios que aprecia Hurtado en este auto, sino porque ya se están filtrando algunos audios en los que la fontanera mayor del PSOE —Leire— habla de: «Me estoy refiriendo a los otros fontaneros». Y en el contexto de la conversación pareciera que se está refiriendo a la propia Fiscalía, es decir, a los contactos que ella tiene con la Fiscalía para conseguir según qué acuerdos.

P.- Se ha rescatado, justamente a raíz de lo que ha dictado el juez sobre García Ortiz, la pregunta que hizo Sánchez en diciembre de 2024: «¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal García Ortiz?». Y justamente era por unos informes de la UCO que le eran favorables, digamos, al relato en ese momento.

R.- Bueno, es que realmente yo no sé si Sánchez se había leído los informes de la UCO. O le daba completamente igual. Porque los informes de la UCO no decían que no se había encontrado información en el móvil de García Ortiz. Bueno, sí, decían eso, pero claro, contextualizado en un relato de hechos en el que se exponía que se había borrado toda la información del móvil de García Ortiz. ¿Cómo vas a encontrar información cuando se ha borrado?

De hecho, uno de los indicios que utiliza Hurtado para procesar a García Ortiz, es precisamente ese: que ha borrado toda la información y ha cambiado de teléfono móvil en el contexto de la investigación. No unos años antes, sino en el contexto de la investigación.

El relato gubernamental está totalmente desconectado de la realidad. Ya no se trata de justificar o defenderse ante lo que se dice, se publica o se conoce, sino directamente de inventar, es decir, de situarnos en una realidad paralela. A mí eso me parece especialmente grave. Porque nos sitúa en una especie de relativismo donde todo vale, donde, bueno, me da igual lo que salga.

«La amnistía de Sánchez nos sitúa en la frontera entre democracia y dictadura»

Había gente que decía —por ejemplo, ahora lo hablaremos con la amnistía—: «No, pero es que esto es muy peligroso, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, lo de decir que todo lo que no esté expresamente prohibido en la Constitución se puede legislar». Y yo decía: «Mira, es que creo que vivimos ya en un contexto, en un estado de cosas, en el que aunque la Constitución hubiera dicho expresamente ‘está prohibida la amnistía’, habrían encontrado la forma de constitucionalizar la amnistía».

Entonces, claro, esto nos sitúa en un relativismo que es muy peligroso, por lo que digo: porque al final los derechos —el respeto a los derechos fundamentales— se sostienen sobre una base objetiva, que consiste en que la libertad, la vida, la dignidad, la presunción de inocencia son inherentes al ser humano. En el momento en el que tú relativizas todo, y que todo depende de un contexto, de una situación… esa preeminencia de los derechos fundamentales y del respeto que deben procurar —y la salvaguarda que deben procurar— los cargos públicos, desaparece.

Y entonces estamos ya en una deriva en la que el presidente del Gobierno te pide que pidas perdón al fiscal general por algo que no dice el informe. Y luego nosotros sacamos hemeroteca tres meses después diciendo: «Mira, esto es falso». Pero ya les ha dado igual. Ellos ya han colocado el relato en el momento en que lo necesitaban.

P.- Del asunto de García Ortiz con el caso de González Amador, me interesa especialmente la pata mediática. ¿Qué papel juegan aquí determinados medios de comunicación, donde se les filtra, o dicen que se les filtra, información antes de que se la tenga el Fiscal? ¿Qué papel juegan esos medios?

R.- Te voy a hacer una breve cronología. Espero no equivocarme con las fechas. Se envía un correo por parte del abogado a la Fiscalía en febrero de 2024. Aparece filtrado una vez que llega el expediente tributario a la Fiscalía. Aparece filtrado el expediente tributario en un medio de comunicación, concretamente en ElDiario.es.

Por parte del fiscal general, se pide a la Fiscalía que le manden todo el expediente relacionado, a raíz de esa información en ElDiario.es. El fiscal general pide a la Fiscalía de Madrid que le envíen todo el expediente relacionado —ojo— con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, de un particular, por el mero hecho de ser la pareja. Eso lo pide el fiscal general. Y se le manda a su correo electrónico. Eso está documentado en mensajes.

Eso pasa a las nueve y pico de la noche, casi a las 22.00. Y esa misma noche, una hora y pico después, un periodista de la SER lee frases literales de ese correo electrónico —el que había mandado el abogado de González Amador a la Fiscalía para estudiar una conformidad—. Lee frases literales de ese correo en antena. Poco después, unos minutos después, aparecen frases de ese mismo correo transcritas en un medio de comunicación, en la Ser. Y a la mañana siguiente, desde Presidencia del Gobierno, se le pide a Juan Lobato que lea ese correo electrónico en la Asamblea.

Juan Lobato, como sabe un poquito de este tema, se niega a hacerlo por si fuera delito. Y le dicen: «No te preocupes, que va a aparecer publicado antes el contenido en un medio, para que tú lo puedas utilizar». Y aparece publicado en El Plural. Esta es la cronología que la gente tiene que entender. Porque hay mucho tertuliano por ahí diciendo que el auto es una burrada y que no hay indicios de delito. Y ahora todos son expertos en derecho penal, concretamente en el delito de revelación de secretos.

Teniendo esto en cuenta, hay que preguntarse cuál es el papel de los medios de comunicación. Porque, claro, el derecho a la información lleva aparejado el derecho a no revelar las fuentes de esa información. Y uno tiene la sensación —yo por lo menos— de que los partidos políticos, a través de ayudas económicas, están creando o utilizando a determinados medios de comunicación para que, utilizando el derecho de información y ese derecho a no revelar las fuentes como coartada, se cometan delitos.

O incluso, que ellos —los partidos— puedan comentar informaciones que se publican, para evitar demandas o querellas por difamación. Esto está sucediendo en España. Es decir, la información no pasa del fiscal general al Consejo de ministros para que el ministro hable de lo que dice ese correo, evidentemente. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan los medios ya no solo por el interés informativo que pueda tener, sino también para que esos derechos —esas prerrogativas que constitucionalmente amparan al periodista para que pueda ejercer dignamente y con garantías su trabajo— sirvan como coartada para la comisión de delitos.

Y eso es una reflexión que creo que van a tener que hacerse los tribunales, llegado el momento. Y también debe hacérsela el periodismo en general. Es decir: hasta qué punto se pueden tolerar informaciones cuando el periodista es consciente de que está siendo un instrumento, un vehículo para la comisión de un presunto delito.

P.- Hablemos sobre la amnistía. Este borrador de la ponencia de la Ley de Amnistía, redactado por Inmaculada Montalbán. Lo que se ha publicado en medios es que básicamente viene a avalar la Ley de Amnistía, salvo por algunos pequeños puntos. Lo que dice, básicamente, es que es compatible con la Constitución. Y es cierto que no entra a valorar la malversación, que afecta de lleno a la persona por la que está hecha la ley: Carles Puigdemont. Ya damos por hecho que será aprobada.

R.- Lo damos por hecho todo el mundo. Lo dábamos por hecho incluso antes de conocer el borrador de la ponencia. Sobre todo porque hay noticias publicadas de hace apenas unas semanas, unos meses, diciendo que el borrador de la ponencia iba a estar listo más o menos para estas fechas, y también anunciando cuándo se iba a reunir el pleno para votar la sentencia.

Es decir, no creo que sea una sorpresa para nadie. ¿Por qué han filtrado el borrador de la ponencia y no se han esperado a hacerla pública oficialmente? Pues seguramente porque han decidido que les compensaba que la marejada mediática y el escándalo fueran esta semana en concreto. Y que la aprobación definitiva —es decir, la sentencia que avale la amnistía— tenga lugar en verano, seguramente en julio, cuando estamos todos en la playita y, además, ya hemos hablado mucho del tema y nos aburrirá.

Pero bueno, el tema de la amnistía para mí es uno de los mayores escándalos. Por ejemplo, el tema del fiscal general es escandaloso, pero lo verdaderamente escandaloso ahí es que no dimita. Fíjate: en ese tema se habla de la presunción de inocencia. Oye, mira, hay que deslindar las responsabilidades políticas de las responsabilidades judiciales. El fiscal general del Estado no puede estar al frente de la Fiscalía porque precisamente va a condicionar. Es el superior jerárquico del fiscal que va a tener que intervenir en este procedimiento. Es decir, va a crear una situación no solo inédita, sino inasumible en este caso.

Pero aparte de ese tema —que ya es histórico— para mí el de la amnistía es especialmente grave. Primero, por lo que has dicho, que es algo sobre lo que yo he escrito muchísimo: realmente es una ley que tiene nombre y apellidos. Esta es una ley diseñada para Carles Puigdemont. Al Gobierno le importaban entre poco y nada las multas o los delitos por desórdenes públicos. Esta es una ley diseñada para amnistiar a Carles Puigdemont. Y tú sabes que en Populismo punitivo, precisamente, yo advertía —fíjate tú, en 2018 que empecé a escribirlo— que venía una época en la que se iba a resucitar el derecho penal de autor. Es cierto que lo enfocaba mucho en el tema del feminismo: es decir, de perseguir no los hechos concretos de la persona, sino a la persona.

En este caso estamos, digamos, reviviendo el derecho penal de autor otra vez: creando una ley penal ad hoc, ya no para castigar a una persona, sino para evitar que tenga que responder por sus delitos ante la justicia. Y me parece especialmente grave. Dicen que es el mayor acto de corrupción… A mí me parece especialmente grave no solo desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista de la decencia democrática, de la moral democrática.

Porque al final, lo que está avalando el Constitucional es permitir que se subvierta el principio de legalidad. Es decir, está permitiendo al legislador —en nombre de la soberanía popular— situarse por encima de los contrapesos. Concretamente, por encima del poder judicial, de la separación de poderes. Porque la amnistía permite al legislador —que al final es el Gobierno— decidir quién es juzgado por sus delitos y quién. No a quién juzgar y luego perdonarle la pena, que eso es el indulto.

No. La amnistía evita directamente que alguien pueda ser juzgado por sus delitos. Y, además, se hace simplemente a cambio de una investidura. Es decir, a cambio de siete votos para una investidura. A mí me parece no solo una indecencia constitucional, sino una indecencia democrática y moral que… pues eso… nos sitúa en la frontera, siempre se dice que somos una democracia degradada. creo que nos sitúa en la frontera entre democracia y dictadura.

P.- Diré algo que igual escandaliza. A mí no me importa si es constitucional, eso es secundario. Lo verdaderamente censurable ya no es que encaje o no en la Constitución, o que lo hagan encajar. Lo censurable es el canje: impunidad por votos. Y esto te cabrea especialmente porque después ves a Puigdemont pasearse por Cataluña como una persona libre, sin juicio ni nada. Y mientras tanto, el resto de los ciudadanos, te pasas un día sin pagar una cuota a Hacienda o sin pagar una multa, y a ti no te perdonan nada. No te perdonan nada porque el Gobierno no depende de ti para sacar adelante una ley.

R.- Aunque pidas perdón, no te lo van a conceder.

«Me llaman extremista de la presunción de inocencia, es un halago»

P.- Eso es lo que me parece escandaloso. Y partiendo de esa base, después que sea constitucional o no, creo que son debates jurídicos muy interesantes, muy ricos, por supuesto. Pero creo que el mal está en el origen. Impunidad por votos

R.- Totalmente de acuerdo. Es que, además, parte de una premisa falsa. Porque te dicen: «Bueno, se ha hecho en pos de la convivencia y la pacificación de Cataluña». Oye, de verdad, ¿ha habido un antes y un después en Cataluña? ¿Habéis notado algo?

El 22 de julio de 2023, la amnistía era inconstitucional. El 23 de julio pasó a ser constitucional. Para el Gobierno, quiero decir. Y ahora que se tramita y se aprueba, ¿se hace para pacificar Cataluña? ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué ha cambiado en Cataluña desde el 23 de julio o desde que se aprobó la Ley de Amnistía hasta ahora? ¿Dónde está esa pacificación? ¿Dónde se nota o se ve?

Porque yo lo único que veo es que tenemos noticias de Santos Cerdán reuniéndose con un prófugo de la justicia en el extranjero. Solo veo noticias de un supuesto “relator especial” supliendo el debate que debería tener lugar en las Cortes Generales. Y lo hace con un prófugo en el extranjero. Yo no sé qué ha mejorado eso la convivencia en Cataluña. Me gustaría que reflexionáramos sobre eso en general, al margen de cuestiones jurídicas, porque este es un relato falsario. Totalmente falsario.

No ha cambiado nada desde el 22 de julio de 2023, cuando era inconstitucional, hasta ahora. Absolutamente nada. De hecho, yo creo que ha ido a peor. Porque ahora lo que se ha permitido es que esos mismos independentistas que cometieron los delitos por los que se les estaba enjuiciando, ahora estén condicionando el curso de la política española. La convivencia en Cataluña no la han mejorado. Pero la convivencia en el resto de España la han empeorado sustancialmente.

P.- Ahí se construye un relato que mucha gente compra: la situación en Cataluña se ha normalizado o se ha tranquilizado por los indultos y después por la amnistía. No compro eso, la situación se normalizó en el momento en el que hubo una sentencia y una condena para quienes se saltaron la ley.

R.- Estoy de acuerdo. Mira, cuando se utiliza como argumento que el cumplimiento de la ley es un problema para la convivencia… Si ese es el argumento, si lo que están diciendo es que cumplir la ley y las sentencias es un obstáculo para la convivencia, entonces ¿qué me están diciendo? ¿Que la normalidad en Cataluña pasa por subvertir la democracia y el orden constitucional?

¿Esa es la convivencia que queremos? Para que veas lo retorcido y lo falaz del argumento al que recurre el propio Tribunal Constitucional para justificar la constitucionalidad de la amnistía. Y además, en el tema de la constitucionalidad, estoy totalmente de acuerdo contigo: centrarlo en si es constitucional o no… ya cansa un poco. Porque estamos en una dinámica en la que todo parece relativo, nada es blanco o negro. Y la Constitución se ha convertido en un pañuelo en el que caben los mocos de quien se quiera sonar en él.

El Gobierno la utiliza como un trapo para borrar los delitos de sus socios. Y aquí no pasa nada. Pero eso sí que ha generado un caldo de cultivo peligroso, una desconfianza, sobre todo entre la gente joven. Porque dicen: «¿Me estáis pidiendo que salga a la calle a manifestarme porque van a declarar constitucional la amnistía? ¿Y eso por qué me tiene que preocupar?»

Si la Constitución sirve para que el Gobierno amnistíe a sus socios y estos no respondan de sus delitos ante los tribunales, ¿por qué me tiene que interesar a mí esa Constitución? Ese es el caldo de cultivo que están generando. Y no lo están viendo venir. Yo que intento participar en conferencias, en ponencias para explicar cuestiones jurídicas, lo detecto. Y es muy preocupante.

Y tengo la sensación de que, si lo saben, les da igual. Pero eso nos va a generar un problema. Porque la pregunta es muy pertinente: ¿por qué queréis que yo defienda un sistema que convalida que un señor no solo no respete la ley ni las sentencias, sino que además pueda evitar que sus socios se sienten delante de un tribunal para responder por sus crímenes? ¿Por qué me tiene que interesar a mí ese sistema?

P.- Claro, cuando hablan de la Constitución, especialmente en el Partido Popular, lo que vienen a decir es que Sánchez se ha cargado la Constitución o se está cargando la Constitución. Y la reflexión que me sale es esa: «Si Sánchez, con la mayoría más exigua de la historia democrática, gobernando con acuerdos in extremis, es capaz de cargarse la Constitución, igual no está tan bien planteada».

R.- Es una reflexión, y además es una reflexión muy válida. Luego siempre intento explicar que, lamentablemente —lamentablemente, pero también necesariamente—, una Constitución no puede prever tener cláusulas de cierre para salvaguardarse de todo aquello que se le pueda pasar por la cabeza a un político para subvertirla. Es decir, está la Constitución y luego las leyes orgánicas que la desarrollan, pero no todo puede ser materia constitucional. Tendría varios volúmenes la Constitución. Y una Constitución realmente es, más que nada, una especie de declaración de principios y de garantías y de derechos, más que un texto que prohíba.

Por eso, me llama muchísimo la atención el argumento que ha utilizado el Tribunal Constitucional en este borrador de ponencia, que dice: «Bueno, es que el legislador puede legislar sobre todo aquello que no esté expresamente prohibido en la Constitución». Es que, Carlos, una Constitución no es una ley de los Diez Mandamientos que diga: «Prohibido matar». Pues si te pones a leer la Constitución, prohibiciones implícitas o explícitas hay muy poquitas. Lo que pasa es que hay cosas que se infieren. Si se reconoce el derecho a la vida, evidentemente vamos a necesitar una ley orgánica que desarrolle eso —que en este caso es el Código Penal— que prohíba matar. Si se reconoce el derecho de propiedad, vamos a necesitar una ley orgánica —el Código Penal— que prohíba robar.

Pero si precisamente hay una prohibición que sí contiene explícitamente la Constitución, es la de los indultos generales. E indultar, ya sabemos qué es: cuando un señor ha recorrido todo el camino judicial y ha sido condenado, el Gobierno puede, excepcionalmente, decir: «Bueno, pues te han condenado, pero no vas a cumplir la pena por razones de utilidad pública, etc.».

La amnistía es que ni siquiera vas a pasar por el juicio. Tú no te sientas delante del juez a declarar, para que me entiendan. Entonces, se prohíben los indultos generales. Se prohíbe, entonces, algo que es mucho menos grave que la amnistía. Y hay un principio general del Derecho que es: «Quien no puede lo más, tampoco puede lo menos», o a la inversa: «Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más». Es decir, si no puedes hacer indultos generales, como vas a amnistiar, pues bueno, se lo han saltado a la torera.

Es una sentencia que es evidentemente una sentencia política. Como he dicho yo, es una mano de obra, es una chapuza de fontaneros jurídicos que lo único que pretende es adaptar la Constitución a las necesidades concretas de gobernabilidad de este Ejecutivo, del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Nunca he visto un ataque tan salvaje contra la separación de poderes»

P.- Ahora que se han cumplido siete años de la llegada al poder de Pedro Sánchez, sabemos que todos los gobiernos han tenido sus más y sus menos con la justicia, pero ¿cree que con este gobierno sí ha pasado algo excepcional? ¿Si hay un ataque más o menos claro contra la justicia?

R.- Nunca he visto un ataque tan salvaje contra la separación de poderes, tanto a nivel discursivo como a nivel legislativo. Es decir, no solo tenemos a todo el Consejo de ministros acusando de prevaricación a los jueces que investigan la corrupción del gobierno o del entorno familiar del presidente, sino que, además, están sobre la mesa una serie de iniciativas cuya finalidad es precisamente profundizar en ese socavamiento de la separación de poderes.

Mira, se me ocurre en primer lugar la iniciativa de encomendar exclusivamente la instrucción de los delitos a la Fiscalía. ¿Por qué? Es que dicen: «Bueno, es que en Europa es bastante normal que instruyan los fiscales». Bueno, sí, primero que España no es otros países de Europa. Para empezar, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y luego, en España, antes de acometer esa reforma, ya no solo habría que garantizar, digamos, desligar el nombramiento del fiscal general del Estado por parte del Gobierno, sino que es que, además, habría que garantizar la autonomía funcional de los fiscales que investigan la corrupción respecto de su superior jerárquico, que es el fiscal general.

Porque si al fiscal general lo nombra el Gobierno, y ese Gobierno manda sobre los fiscales que tienen que investigar la corrupción, al final, ¿quién va a decidir qué casos de corrupción se investigan y qué casos de corrupción no se investigan? Es un señor al que nombra el propio Gobierno, con lo cual la motivación para investigar los casos de corrupción de ese Ejecutivo en concreto no va a ser muy alta.

Otra iniciativa es la de prácticamente desnaturalizar la intervención de la acusación popular precisamente en la fase de instrucción. No solo van a restringir muchísimo quiénes pueden ejercer la acusación popular, sino que, además, la expulsan de la instrucción de los delitos. Solo puede intervenir en la fase de juicio y para cuestiones muy concretas. Precisamente para profundizar en que solo sea la Fiscalía la que instruya los delitos.

Luego tenemos la Ley de Eficiencia Procesal y este último intento de Bolaños de convertir en jueces de carrera a quienes no han aprobado la oposición, e incluso abrir una especie de examen mucho más sencillo, una especie de caso práctico, para personas que, sin haber aprobado la oposición, tengan la licenciatura —o el grado— en Derecho y cinco años de experiencia, dice, de ejercicio profesional. Pero no te dicen que a lo mejor puede ser, no sé, ¿trabajando en un banco? Pues abren incluso esa puerta y consolidan, o hacen que pasen a integrar parte de la carrera judicial personas que estaban ahí con carácter temporal —vamos a decir interinos, sustitutos— y que no han aprobado la oposición.

Es decir, si lo ves, tienes que verlo todo como un conjunto, y cuando ves el conjunto te das cuenta de que tienes, por un lado, los discursos y, por otro lado, la legislación. Yo creo que no, no había pasado nunca jamás en la democracia un ataque tan salvaje. Lo más salvaje que recuerdo al respecto —que para mí ya era bastante grave— fue la reforma del año 1985, cuando el PSOE, ya sabes, reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales jueces no los nombraran sus compañeros, sus pares, sino que los nombraran también las Cortes, las cámaras.

Ese ha sido el ataque más salvaje a la división de poderes, vergonzosamente validado por un Tribunal Constitucional que estaba integrado por personas de mucho más renombre que ahora, que ya advirtió que esos nombramientos no podían responder al reparto de escaños en el Congreso, algo que sí que ha venido pasando desde entonces. Pero más gorda que esa ya no la recuerdo. Y ahora estamos en una dinámica que es una tras otra.

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