Los pisos para funcionarios de prisiones se vacían: el Gobierno vasco no renueva contratos

Las viviendas públicas reservadas para los funcionarios de las tres prisiones vascas se vacían. Desde que asumió la competencia penitenciaria en 2021, el Gobierno autonómico decidió no reasignar los pisos a otros trabajadores una vez se fuesen jubilando los titulares de los contratos. De este modo, han sido numerosos los funcionarios que en los últimos meses se han quedado sin vivienda. No solo estos arrendatarios, sino también otros compañeros a los que los primeros cedían el uso de la habitaciones de manera voluntaria, normalmente a aquellos que vienen desde otras comunidades autónomas, como Asturias, Cantabria y Castilla y León, a trabajar a las cárceles del País Vasco, y no pueden afrontar el pago de una vivienda.

En el caso del centro penitenciario de Basauri, en Álava, unos 40 funcionarios se han quedado sin habitación en los pabellones de viviendas, según denuncian fuentes penitenciarias. Estas mismas fuentes enmarcan esta política en el objetivo del Gobierno de que la mayoría de funcionarios sean vascos y no de otras regiones. «No nos quieren aquí, es la realidad, la exigencia del idioma va a ser cada vez mayor», denuncian. Esta maniobra, en cualquier caso, no se puede catalogar como una expulsión, pues la titularidad de las viviendas corresponde a la administración vasca y puede hacer uso del inmueble para lo que considere. 

Esta decisión supone un roto para muchos funcionarios, sobre todo teniendo en cuenta el encarecimiento de la vivienda en el País Vasco. «Los precios están por las nubes», se lamentan. En la prisión de Martutene, en San Sebastián, por ejemplo, solo tienen derecho a utilizar las citadas residencias los funcionarios que estaban en las cárceles antes de la transferencia de la gestión penitenciaria. El resto del personal, ya sea de carrera o interino, no puede acceder a ellas. «En el momento en que abran la cárcel nueva —se refiere a la de Zubieta, cuya inauguración aún es un misterio—, esto se cierra totalmente. El tema de las viviendas es muy delicado. Cada vez somos menos gente de fuera y se sabe que estos edificios tienen fecha de caducidad», advierten fuentes sindicales. 

Desbandada de las prisiones

Esta realidad es lo que ha motivado, entre otras razones, la reciente desbandada de funcionarios del sistema penitenciario vasco. En el último concurso de traslados del pasado mes de marzo, el primero desde la cesión de la competencia, un total de 97 trabajadores se marcharon a trabajar a otras cárceles de España; esto es, uno de cada tres funcionarios de carrera que integraban las prisiones. Una de las mayores brechas a las que se ha enfrentado la Consejería de Justicia, cuya solución hasta ahora se ha basado en la formación y contratación exprés de personal interino, sin apenas experiencia, y en doblar turnos. El Gobierno ha pagado ya dos millones de euros en horas extra.

La salida entonces de casi un centenar de funcionarios y las quejas ahora sobre la falta de viviendas se producen en un contexto de máxima tensión entre los trabajadores tras años en los que vienen criticado la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y un «caos generalizado» en la gestión de las cárceles. El sindicato ELA ha convocado una huelga hasta el próximo lunes por las condiciones económicas de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Gobierno vasco y el tensionamiento que existe en las prisiones, donde la población penitenciaria ha aumentado un 28% en los últimos cuatro años. 

Sanciones por hablar con la prensa

A este escenario, entre tanto, se suman ahora las sanciones que el departamento de prisiones impondrá a todos aquellos que revelen información sobre las cárceles a la prensa, tras meses en los que se han conocido las deficiencias del sistema penitenciario vasco y de privilegios a algunos presos. El responsable de la Inspección Penitenciaria, Benito Aguirre, ha remitido un escrito a toda la plantilla de las cárceles en el que advierte de que en los últimos meses diferentes medios de comunicación «han trasladado a la opinión pública información relativa a la situación penitenciaria de las personas privadas de libertad», lo que atenta contra «su derecho a la intimidad y la protección de sus datos personales». 

En la nota, Aguirre alerta de que se señala a «fuentes penitenciarias como mecanismo de acceso a la citada información», pero esta última, ya «sea de carácter personal, médico, jurídico, familiar o relacionada con su comportamiento y evolución en el centro— esta sujeta a un estricto deber de confidencialidad, de conformidad con la legislación vigente y los principios éticos que rigen nuestra función pública». De este modo, prosigue el alto cargo del área de prisiones, «preservar la confidencialidad de las personas sometidas a nuestra tutela es una obligación legal (…), con la previsión de trasladar responsabilidades disciplinarias a los posibles infractores». 

Fuentes sindicales consultadas por este periódico ven en el comunicado «un intento de intimidar y asustar» a los trabajadores, como cuando Aguirre, entonces director de Basauri, denunció ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria una presunta huelga encubierta de 70 trabajadores que estaban de baja en la prisión. Un asunto que quedó en nada al acreditar debidamente todos los trabajadores las causas de su ausencia por cuestiones médicas. La mayoría alegaron «ansiedad y estrés» por el clima laboral.