El Defensor alerta del déficit de personal en las prisiones vascas tras el traslado de los etarras

El caos con el personal de las prisiones vascas continúa dos años y medio después de que el Gobierno vasco asumiese la gestión penitenciaria. Un periodo de tiempo en el que ha aumentado la población reclusa —en buena parte, por el fin de la política de dispersión de los presos de ETA—, se han se han sucedido polémicas por tratos de favor a los reclusos de la banda terrorista en las cárceles y la nómina de trabajadores se ha visto reducida a mínimos históricos. Una serie de circunstancias que los sindicatos vienen denunciando desde que se ejecutó el traslado y que, ahora, también ha denunciado el Defensor del Pueblo en su último informe del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP).

En el dossier, el departamento dirigido por Ángel Gabilondo critica que «los problemas de personal» en las prisiones del País Vasco «se agravaron con la transferencia de las competencias penitenciarias» en octubre de 2021 y que, pese a que ha transcurrido tiempo, todavía «está pendiente de aprobación  una nueva relación de puestos de trabajo (RPT)» para todos los funcionarios del sistema penitenciario vasco. Una cuestión, prosigue, que «debería ser prioritaria teniendo en cuenta las repercusiones negativas que está teniendo el traslado de personas internas con vinculación en esta comunidad autónoma».  

En marzo de 2023, el Ministerio del Interior culminó la política de dispersión de los presos de la extinta ETA con el acercamiento de todos ellos a las cárceles del País Vasco y Navarra. Entonces, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), eran 184 los condenados por su vinculación con la banda terrorista quienes cumplían pena en alguna de las tres prisiones vascas. Hoy son 117. Todo se debe a que desde que asumió las competencias del Ejecutivo central, el Gobierno vasco ha concedido ya 67 terceros grados. Esto supone una media aproximada de uno cada 15 días, según publicó El Confidencial. 

Sin condiciones de trabajo

Entre tanto, los funcionarios se enfrentan ahora a un nuevo obstáculo: la definición de sus condiciones laborales y salarios. Una cuestión que han comenzado a negociar esta semana los sindicatos y el departamento de Justicia autonómico, del que depende Prisiones. «Se esperaba que la RPT estuviese lista después de las elecciones, pero no hay noticias. En cualquier caso, también estamos pendientes del concurso de traslados que saqué la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios para irnos la mayoría, no podemos seguir así después de dos años», censuran distintos funcionarios. 

Pese a que estos trabajadores dependen de la Comunidad Autónoma Vasca desde el 1 de octubre de 2021, el Departamento de Prisiones no ha establecido todavía las condiciones específicas y definitivas de trabajo del personal de los tres centros penitenciarios. De modo que los sindicatos pactaron con el Gobierno vasco prorrogar las que ya tenían, cuando aún estaban bajo la tutela de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este pacto, sin embargo, no se aplicó del mismo modo para todos los funcionarios, tal como desveló THE OBJECTIVE.  

Mientras mantuvieron esas condiciones para los funcionarios que trabajaban en las cárceles vascas antes de la firma de la transferencia, no hicieron lo mismo con los que llegaron más tarde, procedentes de centros penitenciarios dependientes del Estado en un concurso de traslados, ni con los interinos que se contrataron después para suplir el déficit de plantilla. Estos últimos tienen un salario menor que los funcionarios, y los anteriores, frente a los primeros, siguen sin cobrar la paga extra completa ni el complemento específico. «Tienen tres niveles de funcionarios haciendo el mismo trabajo pero con distinto sueldo», critican los afectados. 

«Nos piden devolver dinero»

La dirección de la Administración de Justicia vasca envió a los sindicatos una primera propuesta de las condiciones de trabajo para el personal funcionario a finales de diciembre. Un primer borrador que ha enfadado a las organizaciones porque, aunque todavía no plantea cifras, «da a entender que la retribución económica para los profesionales sería menor a la que ostentan», denuncian. Estas fuentes basan sus sospechas en el apartado en que Prisiones asegura que tras el ajuste de las retribuciones abonadas «no se exigirá devolución de cantidad alguna». 

«Dan a entender que tal vez les tendríamos que devolver dinero, cuando lo que pedimos es que nos paguen más, que nos igualen las condiciones que teníamos antes. Si no, nos iremos», advierten. Por ahora, el Gobierno vasco ha prorrogado el acuerdo con los sindicatos para extender sus condiciones laborales hasta diciembre de 2024. Todo, dice el área de Prisiones, mientras un grupo de trabajo, «que se reunirá con periodicidad, agiliza lo máximo la negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)». 

Concurso de traslados 

El escenario «es incierto», advierten distintos funcionarios a este periódico. Más aún cuando el Gobierno vasco tiene previsto abrir un nuevo centro penitenciario en Guipúzcoa en mayo del próximo año. «No hay funcionarios suficientes para las tres prisiones ahora, y pretenden abrir otro centro, mucho más grande, y completar el catálogo de puestos con interinos, que apenas tienen experiencia. Eso es prácticamente imposible, se necesita tiempo para probar la prisión y personal que sepa hacerlo y enseñe al resto, al final es como una pequeña ciudad», advierten. 

«Abrir una nueva prisión sin personal suficiente sería un verdadero caos», vaticinan. Ante esto, la mitad de la plantilla de las prisiones vascas se está planteando pedir un cambio de destino en el próximo concurso de traslados que ha convocado Instituciones Penitenciarias el año que viene. En total, se ofertan 1.800 plazas. «La convocatoria es antes de la apertura de la nueva prisión. Y aquí la mayoría está dispuesta a irse. Ya hemos superado los dos años de permanencia los que vinimos más tarde, y al final, el personal de las cárceles viene de otras comunidades autónomas a trabajar aquí: Asturias, Palencia, León…». 

«El Gobierno vasco está centrado en que se necesita personal, pero tendría que preocuparse también de retener el que tiene. Pedimos que se mantengan los turnos dobles porque, además ser más factible para la vida en la prisión, nos permiten conciliar familiarmente. Venimos de fuera y esto nos permite librar medio mes y trabajar el otro medio. Ellos plantean los turnos 4-4, para adaptarlos a la realidad que, ellos creen, hay en el País Vasco, pero las prisiones no funcionan así».