Interior niega a la UCO un refuerzo de agentes para agilizar la investigación del 'caso Koldo'

La Unidad Central Operativa (UCO), el área de investigadores de la Guardia Civil que conduce las pesquisas del caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez, el caso del fiscal general y el caso Koldo, solicitó la pasada semana a la Dirección General un refuerzo de personal para hacer frente a la ingente cantidad de material por analizar que tienen sobre la mesa. El objetivo, explican las fuentes consultadas, es consignar más agentes especializados en asuntos financieros para poder agilizar y acelerar las investigaciones pendientes y procesar el material que está por venir en el área de Delincuencia Económica que dirige el teniente coronel Antonio Balas. Cabe recordar que la UCO ha solicitado al Supremo un mandamiento judicial para analizar las 521 cuentas vinculadas a la red de presuntas mordidas que encabezaba Santos Cerdán. La respuesta de Interior ha sido denegar el refuerzo.

Son menos de un centenar de agentes los que en estos momentos se están dedicando a investigar las principales causas de corrupción que asfixian al Gobierno de Pedro Sánchez. Un grupo que se ha quedado muy corto para la ingente cantidad de información que manejan actualmente. Y el futuro será aún peor en cuanto a carga de trabajo se refiere, pues en las próximas semanas y meses se deberá hacer frente a un aluvión de nuevo material. Previsiblemente, habrá una investigación patrimonial sobre Santos Cerdán -una vez la encargue el Tribunal Supremo– y a ello se unirá la información de esas 521 cuentas vinculadas a la trama Koldo que refleja el último informe de la UCO.

Ante esa situación, explican fuentes internas de la Guardia Civil a THE OBJECTIVE, la UCO solicitó la pasada semana por conducto oficial un refuerzo de personal con experiencia en investigación de asuntos económicos para que se una de forma temporal a Delincuencia Económica, tanto personal de otras áreas de la UCO -que investiga fraudes económicos, falsificación de monedas, tráfico de patrimonio u obras de arte- como agentes de otras unidades de la Guardia Civil que puedan ser comisionados para Delincuencia Económica. Según estas fuentes, se pedían «en torno a una veintena de agentes».

Negativa de Interior

Esta última petición se realizó en el marco de los últimos registros practicados en domicilios -entre ellos, el del exministro José Luis Ábalos- y constructoras, de las que los agentes se llevaron cuantiosa información en formato digital e impreso. Otras fuentes de la Guardia Civil explican que una solicitud de refuerzo semejante ya se cursó hace cinco meses, en febrero, coincidiendo con el inicio de las pesquisas que derivaron en este último informe de la UCO. Ninguna de esas peticiones fue aceptada por la Dirección General de la Guardia Civil ni por el Ministerio del Interior.

Según las fuentes consultadas, la justificación ofrecida para denegar el refuerzo es que la UCO «ya tuvo un refuerzo en 2024-. Recuerdan en la unidad que tuvieron incluso que echar mano de Europol en 2024 cuando el caso Mascarillas -una de las vías de investigación del caso Koldo– y el caso Hidrocarburos eclosionaron prácticamente a la vez. Fuentes abiertas de la UCO, sin embargo, niegan que se haya producido una petición de refuerzo de este tipo.

Más de 500 cuentas bancarias

Según se extrae del último informe de la UCO, los investigadores han solicitado un mandamiento judicial para solicitar datos de 521 cuentas bancarias a 35 entidades. La información que reclama el magistrado tiene que ver con los titulares y movimientos, entre otros, de dichas libretas desde el 1 de enero de 2014. Justo el año en que, al parecer, se empezó a orquestar la trama que presuntamente lideraba Cerdán. Precisamente en dicho año es cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, accedió a la secretaría general del PSOE en una votación en la que pudo haber un pucherazo.

La orden judicial sobre toda esta cantidad de cuentas bancarias, incluidas en un amplio listado, tiene como finalidad continuar con el «esclarecimiento de los hechos expuestos en la investigación de la UCO», en la que se apunta a una red de mordidas con adjudicaciones públicas de las que podrían haberse beneficiado Cerdán, Ábalos y Koldo y que implican a importantes constructoras, entre ellas, Acciona. Muchas de las libretas están ya cerradas o canceladas.

En concreto, el requerimiento reclama los archivos sobre las cuentas, además de teléfonos de contacto, domicilios fiscales, tarjetas de crédito vinculadas, así como el estado en el que se encuentran en la actualidad. La información a la treintena de bancos debe ser remitida «directamente» al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, con el objetivo de que continúe con la investigación. Un material que, de nuevo, provocará una importante carga de trabajo entre los investigadores.