Detienen a la 'amante' de un guardia civil que intentó tumbar el caso de los narcos de Villacís

La Guardia Civil sigue avanzando en la investigación contra la supuesta organización criminal dedicada al narcotráfico que integraba Borja Villacís, el hermano de la exvicealcaldesa de Madrid que falleció en un tiroteo, y que instruye el Juzgado Central número cinco de la Audiencia Nacional desde 2018. En un nuevo giro del caso, agentes del Instituto Armado detuvieron el pasado jueves a tres personas, todas ellas vinculadas a integrantes de la trama criminal, que habrían intentado años atrás tumbar la causa judicial fabricando pruebas falsas e infiltrándose en el entorno personal de los investigadores, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes próximas al caso. Entre los arrestados destaca una mujer, Sara C., que intentó mantener una relación personal con un guardia civil para obtener información de las pesquisas.  

Ocurrió en 2022, apenas un año después de que la Guardia Civil desarticulase la red de tráfico de drogas, con la detención de 27 personas en la operación Águila Frozen, entre ellos, el cabecilla Juan Manuel B. M. y su hermana, Marina B. M. La investigada, tras conseguir su número de teléfono, comenzó a mensajearse con el brigada Bravo, entonces uno de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid. Al principio, fingió mandárselo a otra persona, a sabiendas de que era el funcionario. Y poco a poco, fueron tomando una relación de más confianza. Hasta el punto de citarse en un hotel para mantener relaciones sexuales y de que ella le grabase a él conversaciones supuestamente comprometedoras para la investigación. 

La filtración de uno de esos audios, en los que el agente confiesa que su grupo uso balizas de seguimiento contra el clan de narcos sin autorización legal y que hizo informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, derivó después en la imputación del brigada en la Audiencia Nacional por falsedad documental y, en definitiva, en una parálisis del caso por el escándalo que supuso. El funcionario y sus superiores siempre defendieron que estaban al tanto de la conexión de Sara C. con el clan de narcos y que ese fue el motivo por el que se decidió que el agente se infiltrara para obtener más información de la organización. Tres años después, los investigadores han logrado demostrar que era así y que la falsa amante fue contratada por la organización para obstruir el caso en la Audiencia Nacional.

Sin expedientes en la Guardia Civil

La Guardia Civil sostiene que el plan contra los agentes fue orquestado por miembros de la organización para tratar de inducir al error al instructor del caso, el juez Santiago Pedraz, y anular la causa judicial. Prueba de ello es que uno de los cabecillas del clan, Juan Manuel B. M., había mantenido contactos con Sara C. poco antes de que esta última comenzase a hablar con el brigada Bravo. Ahora, un juez investiga a la falsa amante por presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y organización criminal por haber participado en un presunto fraude procesal, fabricando pruebas falsas contra los guardias civiles al cargo del caso, señalan fuentes próximas a la investigación.

Cabe destacar que pese al terremoto que supuso la imputación del agente y las sospechas sobre el grupo de investigadores, la Dirección General de la Guardia Civil siempre ha estado al corriente de las circunstancias y es conocedora del montaje que puso en marcha la organización de narcos para perjudicar la imagen del cuerpo. Por este motivo, el departamento dirigido por Mercedes González no ha sancionado a ninguno de los guardias civiles señalados por los narcos y ha mantenido su confianza en el jefe de las pesquisas, el capital jefe Abel Martín, apuntan a este diario fuentes de la Benemérita.

La implicación de ‘Alcasec’

En cualquier caso, los narcos no solo contrataron a Sara C. Para infiltrarse en el equipo de los investigadores, también contaron con los servicios del conocido hacker Jose Luis Huertas, más conocido como Alcasec, según revela un informe de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y que ha sido incorporado a un juzgado de Plaza de Castilla. El dosier apunta que la organización contrató al ciberdelincuente «para acceder, a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), a información personal, patrimonial, laboral y familiar de los investigadores de la Guardia Civil «a fin de conocer sus vulnerabilidades y tratar de socavar el desarrollo del procedimiento judicial». 

El hacker fue detenido en 2023 por acceder ilegalmente al PNJ, la red que interconecta los juzgados y otras instituciones públicas como la Agencia Tributaria, y de la que Huertas extrajo datos personales y bancarios de más de medio millón de contribuyentes. Entre ellos, los guardias civiles que pertenecían al equipo que investigó a la red de tráfico de drogas, según la investigación. El juez ha imputado a Huertas, actualmente en prisión provisional por otra operación contra la compraventa de datos junto al ex número dos de Interior Francisco Martínez, delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de organización criminal, al igual que a Juan Manuel B. M., por contratarlo.

Desde el momento en que explotó la operación contra este grupo de narcos, según informe policial, la organización habría estado «recopilando información sobre estos funcionarios y su entorno familiar más directo, con vistas a posibles represalias y/o extorsiones sobre estos para hacer descarrilar las causas judiciales en las que estaban siendo investigados». Unos trabajos que la Comisaría General de Información (CGI) vincula con las pruebas falsas que los imputados en el proceso habrían presentado contra los investigadores en los últimos años.